En la mayoría de los países, los gobiernos suelen intervenir en el mercado de alquileres para garantizar el acceso a la vivienda. Cash detalla a continuación lo que sucede en España, Venezuela, Alemania y Suecia para dar cuenta de distintas opciones de intervención:

España

En 1950, la mitad de las viviendas de España estaba en alquiler, pero esa porción fue descendiendo lentamente hasta llegar a un 11 por ciento en 2001, debido a la falta de promoción de alquileres por parte del Estado. En la actualidad, el alto precio de las propiedades deja fuera del mercado a muchos de los nuevos entrantes y los alquileres tienen precios altísimos por la escasa oferta. Por lo tanto, en abril de este año el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creó una Sociedad Pública de Alquileres para generar un mercado que posibilite el acceso a la vivienda. La SPA le garantiza al propietario que a partir de la firma del primer contrato, y mientras la vivienda permanezca en el registro, percibirá una renta independientemente de que la vivienda esté o no ocupada. Por otra parte, los potenciales inquilinos podrán beneficiarse de una mayor oferta de viviendas destinadas a alquiler, con garantías de calidad y habitabilidad. El gobierno español justificó su intervención argumentando que el mercado de alquileres favorecerá la movilidad geográfica de los trabajadores, disminuirá el endeudamiento de las familias y, en consecuencia, el riesgo de una posible suba de los tipos de interés; y diversificará los riesgos financieros pues “la compra de una vivienda imposibilita invertir riqueza en otros recursos más rentables y más líquidos”.

Venezuela

El 19 de mayo de 2003 el gobierno de Venezuela decidió congelar por seis meses los alquileres de las propiedades argumentando que “es deber del Estado garantizar el bienestar y salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios habida cuenta de la declaratoria como servicio de primera necesidad de los alquileres de vivienda”. Los precios se fijaron sobre la base de los cánones de arrendamiento de noviembre de 2002 y desde entonces el congelamiento se ha ido prorrogando cada seis meses. Los inmuebles afectados son los que se construyeron antes de 1987, mientras que para el resto rigen las reglas del libre mercado. La medida favoreció claramente a los sectores que venían alquilando, pero desde entonces la oferta para los nuevos interesados se restringió. La Cámara Inmobiliaria Metropolitana afirmó que el porcentaje de alquileres sobre el total de transacciones cayó de 40 a 30 por ciento desde que rige el congelamiento.

Alemania

El mercado de alquileres inmobiliarios alemán está regulado por el Estado,y otorga a los inquilinos un amplio margen de protección. Las viviendas destinadas al alquiler representan más del 40 por ciento del total. En cada pueblo existe una lista llamada Mietspiegel, que muestra los precios de alquiler en cada área. En esa lista se puede comprobar si un precio es apropiado para una zona determinada o si el precio es ilegal. En este último caso el interesado puede gestionar su reducción a través de una asociación de inquilinos.

Suecia

Las municipalidades son propietarias de un conjunto de viviendas públicas que alquilan a un precio que es negociado una vez por año con los representantes de los inquilinos. Los resultados de esos acuerdos sirven como precio testigo para los alquileres privados. La Unión Sueca de Inquilinos afirma que es una “justa negociación con conciencia social”, mientras que la Federación de Propietarios Suecos señala que es “control de precios” y “competencia desleal” porque el Estado sueco apoya financieramente a las municipalidades que tienen un gran número de departamentos vacíos, algo común en partes rurales del país. El dinero es usado para calefacción y mantenimiento general.