Argentina comenzó su plan nuclear en 1950 con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA. En 1974 se convirtió en el primer país de América latina en poner en marcha una central nuclear, Atucha I, con una capacidad de generación eléctrica de alrededor de 350 megavatios (MW). 19 años después, en 1983, se puso en funcionamiento la segunda central, Embalse Río Tercero, de 650 MW. Dos años antes se había iniciado la construcción de la todavía inconclusa Atucha II, con capacidad de generar unos 700 MW, cuya ingeniería fue completada en la misma década casi en su totalidad.

Atucha II se detuvo, entre otras razones, por la consideración de la administración de Raúl Alfonsín de que la Argentina era “un país gasífero”, concepto que también primó en los ’90. Aunque la reanudación de Atucha II se incluyó como parte del paquete de reactivación nuclear anunciado por el Gobierno a fines de agosto pasado, la obra ya formaba parte del Plan Energético Nacional 2004-2008. Su finalización está prevista para 2009-2010, período que coincidirá con el comienzo de la construcción de una cuarta central y con los trabajos para extender la vida útil de la planta de Embalse. Al proceso se agregará la vuelta a la producción de uranio enriquecido en la planta de Pilcaniyeu, una pequeña localidad rionegrina cercana a Bariloche, y de agua pesada, en la planta de Arroyito, en la estepa neuquina, a unos 50 kilómetros al sureste de la capital provincial.

Visto en retrospectiva, la generación nucleoeléctrica no produjo los problemas ambientales de quienes se oponían a su desarrollo, un lobby que, como suele suceder siempre que se involucra tecnología de vanguardia, es motorizado por organizaciones con sede en los propios países centrales con los que se compite. El caso de Atucha I, por ejemplo, es paradigmático. Luego de 32 años de uso, el total de los residuos radiactivos producidos se encuentra almacenado dentro de la misma central y no se descarta que futuros desarrollos tecnológicos permitan su reutilización, pues todavía retienen el 96 por ciento de su energía original.

En tanto, la decisión de congelar la expansión nuclear se tradujo en la progresiva disminución de su aporte porcentual al parque eléctrico. De acuerdo a datos de Cammesa, procesados por el Area de Recursos Energéticos y Planificación de la Universidad de El Salvador, tras alcanzar un pico del 17 por ciento del total en 1991, el aporte nucleoeléctrico cayó de manera constante hasta el 4,2 en 2005. El resto se distribuyó en 54,6 puntos porcentuales para la termoeléctrica y 41,2 para la hidroeléctrica. Se destaca que la generación de las dos centrales nucleares ha sido relativamente constante.

A diferencia de lo que sucede con el horizonte de reservas de hidrocarburos, que según coinciden distintas fuentes locales solo alcanzarían, al nivel de extracción de 2005, para menos de una década, las reservas comprobadas de uranio, con un 20 por ciento del territorio explorado, bastarían para cubrir la demanda de cuatro centrales nucleares por al menos 60 años. El cálculo presupone la utilización del paquete tecnológico uranio natural y agua pesada. Pero si en cambio se utiliza uranio ligeramente enriquecido y con reprocesamiento, las reservas ya conocidas podrían alcanzar para varias centurias.

Actualmente la Argentina importa uranio de Brasil a unos 86 dólares por kilo. La reactivación de los yacimientos mendocinos de Sierra Pintada, cerrados a fines de los ’90, en el marco de la caída del precio internacional del mineral, permitiría producirlo localmente a un costo de alrededor de la mitad del importado. La reactivación está detenida por el enfrentamiento de Mendoza, una de las principales provincias uraníferas junto a Chubut, con la CNEA por diferencias sobre el impacto ambiental de la explotación.