Hugo Yasky, secretario general de Ctera y de la CTA

“Es un derecho social”

“En los noventa se impulsaron políticas inspiradas en el Banco Mundial, para reducir presupuestos y así destinar más dinero a pagar deuda. Así, en 1992 se firmó una carta de intención que preveía los traspasos de los servicios educativos a las provincias. Este compromiso derivó en la Ley de Transferencia Educativa, que se vendió como una forma de acercar la escuela a cada provincia. Pero consistía en dejar la educación en manos de las provincias sin que la Nación pusiera un solo peso en concepto de resarcimiento. A partir de ese momento, el sistema educativo empieza a caerse a pedazos y entramos en una situación de conflictividad permanente y en un plano inclinado que se hace visible con la carpa blanca frente al Congreso en 1997. Esa carpa interpela la política de un Ministerio de Educación sin docentes y sin escuelas, que vino a imponer la lógica neoliberal de naturalización de la desigualdad. Transcurrieron doce años de desguace y destrucción de la escuela pública hasta que en 2005 se empieza a revertir ese proceso de fragmentación, a partir de la sanción de leyes que apuntan a recuperar la lógica de nacionalización en términos de proyecto educativo y en relación con el financiamiento de la escuela pública. La Ley de Financiamiento Educativo vuelve a colocar al Estado Nacional como corresponsable del financiamiento de la educación y ratifica la educación como un derecho social.”

Rogelio Frigerio (nieto), titular de la consultora Economía & Regiones

“Fue un error estratégico”

“A fines de 2007, el piso salarial docente se incrementaría un 50 por ciento con respecto a dos años atrás. La contrapartida de esta política de recomposición salarial es el fuerte deterioro en los balances fiscales de la mayoría de las jurisdicciones, dada la alta participación del gasto educativo en el total de las erogaciones provinciales. Durante el 2006, el 87 por ciento del gasto salarial docente (11.952 millones de pesos) correspondió al financiamiento provincial mientras que solo el 13 por ciento restante estuvo en cabeza del Gobierno Nacional. De esta manera, se pone de manifiesto un grave problema estructural de nuestro federalismo, dado que el gobierno nacional ha establecido unilateralmente un incremento significativo en los haberes docentes del cual, de mantenerse el esquema vigente, financiaría menos del 15 por ciento. Plantear un sueldo mínimo uniforme para todas las jurisdicciones refleja desconocimiento de la heterogeneidad del país federal, donde se observan disparidades significativas entre los precios y la composición de las diferentes canastas de consumo, así como realidades fiscales muy distintas. Por último, centralizar el problema de la educación únicamente en torno al tema del salario docente, por más legítimo que sea el reclamo, constituye un grave error estratégico. La dignificación de la carrera docente es condición necesaria pero no suficiente para mejorar la calidad educativa.”

Daniel Filmus, ministro de Educación

“Jerarquizar la educación”

“Hay una cuestión que es fundamental, que es la compensación salarial con la que se asiste a las provincias más pobres. En la década del ‘90 no hubo movimientos salariales. Cuando comienza la crisis y llegan las negociaciones casi todos los arreglos fueron para mejorar el salario de bolsillo, con el acuerdo de los gremios, por una cuestión de necesidad. Esto fue generando una distorsión, entre las provincias. Hay provincias de 140 pesos por zona desfavorable. Ahí subir 1 peso en el básico repercute mucho más que en la ciudad de Buenos Aires. Hay que solucionarlo, pero es complejo. Es cierto que la distorsión sigue pero hay que resolverlo provincia por provincia. Todavía hay una estructura de los estatutos muy diferentes en cada distrito. La Ley de Educación Nacional plantea la necesidad de discutir una carrera que tenga parámetros comunes en todo el territorio. El Gobierno tiene la vocación de terminar con esas desigualdades. Además, queremos, por ejemplo, premiar no sólo la antigüedad, sino también la capacitación. Esta política jerarquiza la educación y al docente. Un docente merece volver a jerarquizarse. A los que les parece cara la educación que prueben con la ignorancia. Y no sólo se dedica dinero al salario: hicimos 700 escuelas, compramos 100.000 computadoras y 16 millones de libros, entre otras inversiones.”