El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, desembarcó en el Mercado Central a fines del año pasado con una metodología similar a la aplicada en Liniers para intentar contener el precio de la hacienda. Distribuyó un listado de precios “sugeridos” e intentó hacerlo cumplir intimidando a los puesteros. Según su visión, este mercado concentrador era una de las claves para ponerle freno a la inflación. Sin embargo, la realidad se reveló más compleja y la suba de precios siguió adelante. Fue entonces cuando decidió negociar con los principales operadores del predio para que todas las semanas realizaran alguna oferta, la cual se publicita en los medios de comunicación y en las naves del propio Mercado. Sus detractores sostienen que esas promociones no operan como precio testigo porque representan menos del uno por ciento de los ingresos semanales y por lo general están compuestas por material de descarte. Pero a Moreno le sirven para mostrar resultados.

Los encargados de negociar con los operadores son Guillermo Cosentino, Hernán Brahim, Sergio “El Bicho” Bello y José Luis Blanco. Un grupo todoterreno incondicional al secretario. Brahim, por ejemplo, estuvo en la Secretaría de Comunicaciones pulseando con las telefónicas, se peleó con los ganaderos para mantener a raya la cotización del kilo de novillo, fue “veedor” en Metrogas cuando el Gobierno “intervino” la compañía y también se pasea por el Indec. Ninguno de los cuatro ocupa un cargo formal, pero todos se instalaron en las oficinas del directorio, donde los jueves a la mañana se reúnen con Moreno. Ellos dirigen el mercado, aunque en los papeles figura una conducción colegiada integrada por Fabián Dragone, presidente en representación del Estado nacional, y José Luis Gutiérrez, vicepresidente nombrado por el gobierno de la ciudad. A la provincia de Buenos Aires también le corresponde designar un director, pero el gobernador Felipe Solá dejó el puesto vacante luego de que Ricardo Angelucci fuera golpeado por una patota y terminara renunciando en oposición a la gestión de Moreno.

Los puesteros que aceptan poner en oferta algunos productos para contrarrestar los aumentos que denuncian las asociaciones de consumidores y los medios de comunicación no están teniendo mayores problemas en la actualidad, pero a quienes resisten la injerencia oficial se los amenaza constantemente con enviarles la DGI, inspecciones sanitarias y laborales. De esta forma, se utilizan regulaciones que deberían ser cotidianas como instrumento de sanción para disciplinar a los díscolos. El resultado es el desvío de producción hacia otros mercados.

La estrategia oficial no se limita a “negociar” ofertas sino también a ejercer un férreo control sobre las estadísticas. El Departamento de Información y Estrategias de Gestión del Mercado Central dejó de publicar el informe diario de precios mayoristas donde se detallaba la totalidad de productos ingresados, sus variedades, la procedencia, el tamaño, y una banda de precios por bulto y por kilo. Ahora sólo se realiza un breve informe de circulación restringida donde figura un precio promedio por producto con una clasificación mínima.

Por ejemplo, en el listado de hortalizas correspondiente al 31 de julio del año pasado se ofrecían tomates con todas las especificaciones mencionadas arriba, llegando a sumar 28 opciones diferentes. Un año después sólo se distingue entre tomate perita y redondo, seleccionados y comunes, se informa un precio por bulto y por kilo para cada uno, pero no se aclara qué tamaño tiene el producto, cuál es el origen ni cuántos kilos incluye el bulto. Los detalles que se omiten son importantes para el comprador, porque no es lo mismo una bolsa de 20 kilos con tomates redondos grandes provenientes de Corrientes que otra de 18 kilos con tomates redondos pequeños recién llegados de Jujuy. Además, los precios ya no se publican en la página web del mercado ni se les permite a las radios del interior transmitir diariamente desde el predio, como lo hacían antes. “Una de las condiciones necesarias para generar transparencia es el acceso a la información, pero ahora las arbitrariedades se multiplican porque no hay precios de referencia precisos”, señaló a Cash la ingeniera agrónoma María Elena Lu-ddeck, ex presidenta de la Cámara de Operadores del Mercado Central. Tal como sucedió en otros sectores de la economía, Moreno prometió que sería implacable con quienes desobedecieran la política oficial de control de precios. Pero, en la práctica, se limitó a simular un control que no va más allá de los papeles.