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Por Claudio Lozano
Economista CTA




Como es costumbre, la Corte Suprema produjo un acto tardío de estricta justicia fundado en el objetivo de preservar su futuro más que en garantizar el cumplimiento de la ley. Se trata del fallo que define la necesidad de que el Ejecutivo recomponga el 13 por ciento que Domingo Cavallo descontara a trabajadores estatales y jubilados. La citada definición ha puesto en escena una discusión respecto de la existencia de recursos para afrontar el objetivo planteado por la Justicia.
Los números disponibles permiten arrojar luz sobre lo que está en debate. El total de fondos necesarios para volver a pagar el 13 por ciento es de 93 millones correspondientes a jubilaciones y pensiones mensuales, y 40 millones mensuales en lo referente a los salarios del Poder Ejecutivo Nacional. Se trata, en suma, de 133 millones mensuales (1735 millones al año). Por otra parte, el seguimiento de las cuentas del Sector Público Nacional permite constatar y proyectar que, como consecuencia del efecto positivo (aunque injusto) que la inflación y las retenciones han producido sobre la ecuación fiscal, se observa un superávit primario creciente trimestre a trimestre.
Así las cosas, las proyecciones en base a los números oficiales indican que aun pagando el correspondiente 13 por ciento a partir de setiembre, el superávit fiscal primario (antes del pago de la deuda) sería de 3170 millones de pesos. Más aún, las propias proyecciones que maneja el Ministerio de Economía señalan que pagando el 13 por ciento durante todo el 2003, el superávit primario llegaría a los 4000 millones. Es decir, los recursos existen y lo único que está en debate son las prioridades en materia de política económica. Centralmente, la cuestión radica en la definición del Gobierno de incluir como pagos totales de deuda en el curso del presente año un monto de 7330 millones.
Por otra parte, cabe consignar que los montos de superávit mencionados se obtienen en el marco de una profunda recesión, manteniendo un sistema previsional que frente a la presencia de las AFJP evidencia un carácter oneroso y excluyente, y un régimen tributario que sigue exhibiendo sus tradicionales características de injusticia. Una política fiscal de reactivación de la demanda (que, entre otras cosas, podría nutrirse de la reposición del 13 por ciento) permitiría expandir recursos. Es decir, hoy existen los recursos para pagar salarios y jubilaciones. El límite aparece al decidir colocar esos recursos como base para el pago de deuda, así como persistir en las estrategias recesivas fondomonetaristas y en la injusticia brutal del régimen impositivo argentino.