Un saldo muy valioso del conflicto respecto a las retenciones fue la solidificación de un consenso mayoritario con relación a la centralidad de una profunda redistribución progresiva del ingreso. Este loable objetivo quedó instalado como condición necesaria a cumplir por la política económica. Uno de los aspectos requeridos para avanzar en dicha dirección es garantizar que la evolución de los precios no perjudique ese fin. Pero sería inaceptable y contradictorio con la meta clave cualquier política de estabilización que haga retroceder los ingresos populares. En el pasado las políticas de contención de la inflación se apoyaron, la mayoría de las veces, en medidas de corte regresivo y recesivo, como la apreciación cambiaria o las restricciones al consumo de los sectores de menores ingresos.

La política económica debe apuntar a consolidar los altos ritmos de crecimiento, la solvencia macro con superávits gemelos, la continuidad en la reducción del desempleo y la mejora en los ingresos de la población de menores recursos. Ello requiere del sostenimiento de un tipo de cambio competitivo y estable y del régimen de tasas múltiples o diferenciales; coadyuvando a la expansión de la sustitución de importaciones y al estímulo de las exportaciones en el marco de una estructura económica cada vez más diversificada. Este paradigma impone que el núcleo de la opción antiinflacionaria sea la política de ingresos con acuerdos de precios y salarios y mejora ordenada de estos últimos.

Promover la equidad no es sólo redistribuir el ingreso, sino también la riqueza y, además, favorecer el mayor consumo relativo de los sectores populares respecto al de las clases altas y acomodadas. La planificación estratégica del Estado para la diversificación de la oferta conllevaría un determinado perfil de demanda, debiéndose acentuar la de bienes de consumo masivo. Asimismo reformas tributarias para gravar el consumo suntuario alimentarían dos objetivos: estimular el ahorro y la inversión de los estratos de altos ingresos y aliviar la imposición tributaria sobre los bienes consumidos por los sectores populares.

* Director del Cefid-AR.