El punto de lanza fue la Ley 26.117 de Promoción del Microcrédito para la Economía Social sancionada en 2006, tras la cual se creó la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), que depende del Ministerio de Desarrollo Social. El 29 de mayo pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner otorgó en persona el microcrédito número 250.000, adjudicado por una de las 1647 organizaciones civiles y públicas que actualmente actúan como intermediarios entre el Estado y los tomadores. Antes de la sanción de la ley no había más de sesenta entidades, muchas de ellas del sector privado, que ofrecían microcréditos a tasas de hasta 30 por ciento anual.

Sin embargo, no es sólo en los números donde se pueden advertir los cambios. También en cuanto a la concepción de esta herramienta, que dentro de la esfera pública pasó de ser un instrumento fundamentalmente financiero a otro basado en un método de apoyo a los emprendimientos productivos. Según señaló a Cash Alberto Gandulfo, coordinador general de la Conami, desde su organismo se rompió con el paradigma de Yunus, bajo el cual los microcréditos no podían ser desarrollados y gestionados por el Estado, sino sólo por ONG y la banca privada. De acuerdo con este funcionario, Yunus partía de una visión económica conservadora y del hecho de que en Bangladesh prácticamente no hay Estado. Pero la experiencia de ese país demostró el límite que tuvieron los microcréditos para reducir significativamente la pobreza.

Por eso, si bien desde la Conami valoran el trabajo realizado por Yunus y por muchas instituciones de microcrédito en la Argentina, remarcan que, junto a la fuerte intervención del Estado, los microcréditos cambiaron su concepción, ya que en la actualidad las organizaciones que los ofrecen con fondos recibidos por parte de Desarrollo Social ya no son financieras, sino organizaciones de base y comunitarias, como iglesias, parroquias, clubes, asociaciones vecinales, bibliotecas, fábricas recuperadas o intendencias, entre otras, bajo un modelo de “gestión asociada” con una cobertura no focalizada sino nacional. Estas organizaciones reciben un subsidio no reintegrable para canalizar microcréditos a una tasa que no puede superar el 6 por ciento anual, junto a una subvención para gastos operativos, capacitación profesional y equipamiento. Además, los préstamos sólo pueden ser utilizados con fines laborales y de organización productiva solidaria, y en muchos casos reciben algún tipo de acompañamiento técnico para su aplicación. Según la Conami, la inversión efectuada hasta el momento fue de más de 500 millones de pesos, y el índice de recupero por parte de las organizaciones intermediarias fue del 92 por ciento. Los microcréditos gestionados a partir de la Conami sólo tienen fines productivos y se excluye expresamente a las sociedades anónimas, que tienen su foco puesto en la tasa de interés antes que en determinar el destino operativo de los microcréditos