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¿El sistema de riesgos de trabajo es un subproducto de la privatización de la seguridad social, es posible pensar (como plantean algunos especialistas y legisladores) la posibilidad de tener un sistema estatal para la prevención de accidentes laborales?

–Si el Estado pudiera en algún momento garantizar prestaciones médicas para nueve millones de trabajadores que se accidentan a razón de 600 mil por año con igual o mejor calidad que la que dan las ART, yo creo que el sistema sería estatizable. Pagar un seguro lo paga cualquiera, la tarea de pagar las jubilaciones que tiene la Anses es mucho más difícil que pagar un seguro de riesgos del trabajo. Hoy a los 300 inspectores que tienen las provincias y 150 inspectores de la superintendencia se suman la capacidad de fiscalización de 1600 preventores que aportan las ART, si el Estado puede organizar el sistema de esa magnitud, insisto, sería estatizable. Se está reconstruyendo un Estado que fue destruido. En este momento optamos por figuras intermedias, donde otro tipo de organizaciones sin fines de lucro, como las mutuas, puedan competir en el mercado con gastos administrativos menores y especialización por actividad.

¿Pero las mutuas todavía no despegaron?

–Todavía no lo hicieron y no lo van a hacer hasta que terminemos de definir bien la regulación del régimen de alícuotas del sistema. Estamos trabajando aceleradamente con la Superintendencia de Seguros. Un sistema nacido de la desregulación neoliberal de los noventa fija un régimen de alícuotas muy laxo, donde cada ART cobra con mucho nivel de discrecionalidad y una gran amplitud de bandas que las aseguradoras usan para sacarse de encima los clientes que no quieren. Si un sistema que trabaja en la seguridad social no se da cuenta de que el eje de este modelo es promover la producción y el empleo y comienza imponer un sobrecosto que genera el efecto contrario, tiene poco futuro porque la política va a responder