Los medios de comunicación públicos son, desde su misma génesis, un tema de debate en todo el mundo. Por lo general, las funciones, los objetivos y el origen de la financiación que los medios estatales deben tener son materia de discusiones interminables por especialistas, académicos, dirigentes políticos y gobernantes, a la vez que por los ciudadanos. ¿Cuál debería ser el objetivo primordial de un sistema de medios públicos? ¿Deberían plasmar en sus contenidos las temáticas y lenguajes que los privados-comerciales desechan cotidianamente? ¿O, por el contrario, tienen que conformar una programación con un fuerte perfil cultural-educativo, transmitiendo valores ciudadanos y democráticos? ¿O, acaso, deben apuntar a competir con los privados por una porción de la audiencia, con formatos y búsquedas que replican los contenidos mainstream? Estas son sólo algunas de las preguntas que giran alrededor de los medios públicos.

Desde hace algunos años los gobernantes de los países de América latina han desarrollado en paralelo –aunque con sus matices– sistemas de medios públicos que intentan equilibrar el mapa de comunicación nacional, dándoles un fuerte impulso para fortalecer su presencia en la sociedad, ya que históricamente estuvieron relegados o subordinados a la estética de los medios privados. Incipientes, en plena etapa de despliegue y a la espera de consolidarse, los renovados sistemas de medios públicos reeditaron un debate que parecía perdido en las sociedades latinoamericanas. Algo tan positivo como conflictivo. Las nuevas leyes de medios, aprobadas o en calidad de proyectos según cada país, alimentaron la discusión, no exenta de intereses –políticos, económicos y culturales– que contaminan un intercambio de opiniones que hay que dar abiertamente. Con ese espíritu de pensarlos y analizar su actualidad, Página/12 convocó a distintos especialistas sobre medios públicos para que sienten su posición respecto de lo que ocurre en América latina, pero sobre todo en la Argentina.

El rating de los medios públicos

Una de las discusiones primarias que surgen sobre los medios públicos se refiere a su finalidad. Hay quienes creen que su principal objetivo debe estar atado a brindar un servicio cultural-educador, en una suerte de formador electrónico de identidad y civismo. Otros, en cambio, señalan que es necesario que los medios estatales apunten a competir por la audiencia, como una manera de hacerlos más rentables y hacer que su mensaje llegue a la mayor cantidad de la población de un país. ¿Es posible, en el contexto latinoamericano, otorgarles un perfil cultural-educativo a sus programaciones y que, a su vez, compitan por la torta de audiencia y publicitaria? La discusión es infinita y al respecto chocan distintas posiciones. Se abre el primer round.

“El principal objetivo es constituir una emisora plural y respetuosa de la diversidad cultural, social y política que tienen las sociedades en América latina”, afirma Martín Becerra, especialista en política de comunicación e investigador UNQ-Conicet. “Ello conduce, a mi juicio, a que una emisora para ser pública no esté sujeta ni a los dictados del mercado con su correlato de generar una programación exitosa en términos de rating exclusivamente ni a la lógica gubernamental que subordina todo contenido informativo al previo cálculo de que debe beneficiar al partido gobernante, ya que en ambos casos se menoscaba la capacidad de la audiencia de elaborar su propia síntesis”, subraya el autor de Cajas mágicas, el reciente y gran trabajo sobre medios públicos en América latina que escribió junto a Luis Arroyo, Angel García Castillejo y Oscar Santamaría (ver aparte).

En la misma línea, el profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, Luis Albornoz, cree que un operador público debe estar al servicio de los ciudadanos, pero con independencia económica y política. “A través de una o varias señales, debe ofrecer un abanico amplio de contenidos que satisfagan las necesidades e incentiven las inquietudes de los distintos sectores que conforman la sociedad. Esto implica una atención por las necesidades de (in)formación y entretenimiento tanto de grandes audiencias como de minorías. La Convención de la Unesco sobre la diversidad cultural (2005), a la cual adhirió la mayor parte de los países de la región, explica que para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo son necesarios el acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas partes del mundo, y el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión”, analiza el autor de La nueva televisión del Mercosur (La Crujía), entre otros libros.

El primer quiebre en el debate lo da Omar Rincón, el especialista colombiano, autor de Televisión pública: del consumidor al ciudadano (La Crujía). En su manera de pensar los medios públicos, se arriesga a dejar de lado las concepciones tradicionales de la academia. “En el siglo XX soñábamos con una TV estatal que debía ser cultural, educativa y analítica de información. Siempre se quiso que no fuera de gobiernos sino de ciudadanía. Llegados al siglo XXI y viendo las experiencias de todo el mundo, creo que debe ser de entretenimiento y olvidarse de lo educativo y cultural; de gobierno, para que no sigamos jugando a esos eufemismos de que es pública pero se hace para el gobierno, así la evaluaríamos contra el proyecto político del gobierno y dejaríamos de jugar a la autonomía inexistente; y televisiva más que contenidista, ilustrada y moralista”, dispara el colombiano, en una posición transgresora.

En una síntesis entre ambas posturas, Valerio Fuenzalida, profesor e investigador del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, cree que es más fácil señalar los objetivos –que en su opinión se ajustan a cada época– que no deben perseguir los operadores públicos: “No debe estar al servicio del gobierno de turno, ni de intereses privados ni corporativos. Debe estar al servicio de la audiencia-ciudadana, lo cual hay que definir en cada época, pues es un servicio cambiante en la evolución histórica y tecnológica. En este momento y con la actual tecnología digital abierta, me parece que la TV pública debe operar varios canales segmentados para servir mejor a la audiencia: un canal con 24 horas de información, canal infantil, canales regionales, canal cultural, y otros según cada país”.

Entre los que mantienen una visión tradicionalista del rol de los medios estatales y quienes optan por pensarlos de acuerdo con la realidad latinoamericana del siglo XXI, la puja por la audiencia también se cuela. Desde España, Albornoz está convencido de que las variables a través de las que se debe evaluar un sistema de medios público deben correrse de los índices de audiencia. “Reducir la actuación de un operador que presta un servicio público a la tiranía del rating es un error. Es preciso pensar en otros indicadores de eficiencia que vinculen la oferta de programación con satisfacción, innovación, diversidad cultural o educación”, afirma. En contraposición, Rincón señala que “el rating debe existir porque nadie hace televisión para que no lo vean, pero también para dar trabajo a la gente del sector, experimentar modos de narrar, intentar otros modos de programar y narrar, crear pantalla para la gente, meter estéticas populares en lo público, potenciar la industria de creación audiovisual.”

Si bien tanto Fuenzalida como Becerra acuerda en que el rating no puede ser un fin en sí mismo para un medio estatal, ambos especialistas consideran que la audiencia debe ser un objetivo para pensar sus programaciones. “Un canal público sin público es una contradicción. Pueden existir canales de nicho, pero deben llegar a ese público de nicho: un canal cultural puede tener bajo rating, pero es necesario para expresar las creaciones culturales”, analiza Fuenzalida. Becerra, en tanto, agrega que para que “la televisión sea pública debe tener público, es decir que debe disputar la preferencia de las audiencias con programas que interpelen desde un espacio que no sea la apelación al consumo su interés”.

América latina unida por la misma voz

La creación o fortalecimiento de redes nacionales de medios públicos es un denominador común en América latina en la última década, en la que algunos gobiernos decidieron tomar un papel activo y propositivo en materia de política comunicacional, con el objetivo de modificar las relaciones de fuerzas con los privados. La Argentina, Venezuela, Brasil y Paraguay dieron importantes pasos al respecto. Ecuador, Uruguay y recientemente México se sumaron a la tendencia, con proyectos de leyes que, entre otras cosas, apuntan a desarrollar los sistemas de medios no gubernamentales. Esta avanzada estatal es tan celebrada por los especialistas consultados como necesariamente discutida, especialmente en torno de la difusa frontera entre lo gubernamental y lo público que se da en la práctica.

“Hay una moda de medios públicos, pero hay mucha propaganda y poca televisión, mucha ilustración y poco popular, mucho deseo y poco dinero, mucha ideología y poco entretenimiento. Obvio, es mejor que haya donde no había nada”, analiza Rincón, como punto de partida. “Desde el pasado siglo –se suma Albornoz–, América latina ha desarrollado un modelo de TV a la estadounidense: operadores privados brindando un servicio con fines comerciales y, por supuesto, con fuerte poder político. Las bases para el desarrollo de medios públicos son una novedad histórica. Este cambio, alentado por gobiernos y diversos colectivos sociales, se da en un marco complicado: alto grado de concentración de la propiedad del conjunto de las industrias culturales y dura confrontación política, donde los grupos empresariales se resisten a perder poder.”

El mayor inconveniente de la incipiente refundación de los medios públicos es, a juicio de los consultados, lograr consolidar autonomía y pluralidad. “Hasta ahora, no logran superar la crisis del fracaso de la TV de propaganda gubernamental: no logran encontrar definiciones de tareas de servicio público, masivas y de calidad. Un servicio público hoy indispensable es una información plural y balanceada, ya que vivimos en sociedades complejas pos fundamentalismos ideológicos, sociedades que requieren discusión de ideas para acordar las metas y medios, la búsqueda de los cuales ya no se puede guiar por dogmas infalibles”, reflexiona Fuenzalida. Para lograr la mentada democratización, Albornoz sostiene que “es primordial que la actuación de los operadores públicos descanse en marcos jurídicos capaces de garantizar una gestión independiente de los poderes políticos de turno y en modelos financieros transparentes, estables y sostenibles”.

Entre la función social y la búsqueda de acaparar mayores audiencias, entre la conformación de una programación popular y contenidos culturales–educativos, entre la necesidad de fortalecer sistemas de medios públicos para equilibrar el control informativo e imprimirles un marco jurídico que garantice la pluralidad y autonomía política y económica, los medios públicos dirimen su resurgir en América latina entre puntos de vista que no siempre terminan en consensos. Los objetivos, contenidos y finalidades de las emisoras públicas son tan vastos como las maneras de pensar la sociedad. Lo interesante es que, tras la tormenta de gobiernos neoliberales en la región, el debate se haya abierto. Más vale darlo que creerlo perdido e infructuoso.