No era ya el proyecto que había sido, pero el Poder Ejecutivo de la ciudad consiguó aprobar la Ley de Autarquía del Teatro Colón. En el medio se introdujo una comisión de control, se volvió el teatro a la órbita del Ministerio de Cultura y, como no podría haber sido de otro modo, se mezcló y se dejó de mezclar el tema con algunos otros que rondan la vida actual de la sala de ópera y ballet más importante de Latinoamérica: las obras paralizadas, las flaquezas de la actual conducción del teatro, los riesgos de negociados que la nueva ley supuestamente abriría y, también, los miedos ante las posibilidades de transformación de los cuerpos estables manifestados por parte de los representantes de los trabajadores, agrupados en ATE (Asociación de Trabajadores del Estado, miembro de la CTA), y la consiguiente resurrección del viejo enfrentamiento con Sutecba (Sindicato Unico de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires), al que acusan de haber canjeado el apoyo a la ley por la participación en la comisión de control.

El proyecto del macrismo fue apoyado por el kirchnerismo y la Coalición Cívica. Y de lo que se trata no es de una “autonomía” del teatro, que sigue siendo oficial –es decir, financiado por el presupuesto municipal– y cuya capacidad para ser un instrumento de política cultural del Estado no debería ser puesta en duda, sino de la posibilidad de administrarse a sí mismo el presupuesto. En realidad, la necesidad de esta ley se entronca con un hecho raramente mencionado y es que el presupuesto histórico, de entre 50 y 70 millones de pesos, apenas fue actualizado en relación con el ámbito local, pero se ha reducido, debido a la devaluación del peso frente al dólar y el euro, casi a la quinta parte en el internacional, lo que atañe a la contratación de artistas pero, sobre todo, al pago de derechos de autor y de utilización de partituras. Esa asignación, que hace diez años alcanzaba para pagar la temporada artística, hoy alcanza apenas para el pago de la plantilla salarial –que ha aumentado– y el mantenimiento del edificio (sin contar las obras de restauración). Como políticamente es inviable la discusión acerca de un incremento de este presupuesto, la autarquía significará, al permitir administrar las propias recaudaciones y lo obtenido por publicidad, alquiler o coproducciones, lisa y llanamente la entrada del dinero sin el cual no podría hacerse ninguna clase de contratación artística. Dicho mal y pronto: los 70 millones de pesos que la ciudad paga anualmente por tener el Colón alcanzan sólo para que esté cerrado. Quienes encuentren allí una causa para que las obras de restauración se hayan interrumpido hasta la aprobación de la autarquía y para que la temporada lírica de este año se haya cancelado, posiblemente acierten.

La norma tuvo 40 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones de parte de los legisladores Facundo Di Fillipo y Diana Maffía, de la Coalición Cívica, y del kirchnerista Juan Cabandié. El primer ente autárquico del Gobierno de la Ciudad funcionará dentro del ámbito del Ministerio de Cultura y tendrá un director general, uno ejecutivo, un representante de los trabajadores del Colón, que deberá ser votado por el 60 por ciento del padrón de empleados, y dos personalidades de la cultura. Uno de los aspectos discutidos era si esta comisión debía o no opinar en cuestiones de programación. Un despacho de minoría, presentado por la legisladora Patricia Walsh, argumentaba por su parte que con el teatro cerrado no era oportuno aprobar esta ley y que su objetivo era permitir el alquiler de la sala y el desguace de sus talleres, propiciando el cambio del modelo de teatro de producción propia por el de arrendadores de producciones ajenas. También manifestaron preocupación en el mismo sentido el ibarrismo y el socialismo. Pero, en rigor, nada del proyecto –salvo la desconfianza que a algunos puedan merecerles los responsables de llevarlo adelante– indica que las posibilidades de negocios sean mayores que las que había. En ese sentido, resulta bastante eficaz la corrección del proyecto original, que sacaba al Colón de las leyes que rigen las compras y las contrataciones en el municipio y que no establecía ningún mecanismo de control administrativo, otorgando a la dirección un poder casi absoluto.

La otra modificación importante del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo hace siete meses tiene que ver con el plazo por el que se elige a la dirección del teatro. Originariamente se había buscado independizar la permanencia de la conducción del teatro de la del jefe de Gobierno, otorgándole a la primera alguna clase de apoliticidad. Pero como quien elegía a ese director era este jefe de Gobierno, se argumentaba que no había ningún motivo para que esa elección se le impusiera también al próximo gobierno. Finalmente se optó porque la dirección del Colón cese automáticamente en sus funciones en el momento en que cambia el gobierno aun si esto sucediera antes del plazo constitucional previsto. En realidad, los períodos de permanencia distintos para unas y otras autoridades –por ejemplo, direcciones del Colón que duren seis años– son usuales cuando los cargos se cubren por concurso o por elección de comisiones especiales, es decir cuando no son unas quienes eligen a las otras. Los peligros mayores de esta ley son, por una parte, que el texto no plantee una interdicción para actividades que puedan alterar condiciones de producción, ensayo o funciones de la temporada y, por otra, que la necesidad de recaudación haga perder de vista el sentido último que tiene un teatro de esta naturaleza para un Estado. Un criterio exclusivamente atado a lo financiero podría llevar a que el Colón sólo programara La traviata, Rigoletto y El lago de los cisnes, Pero, es obvio, un teatro que sólo hiciera eso no tendría sentido para la ciudad y estaría lejos de justificar los aportes con que los contribuyentes –y no sólo los fans de la ópera y el ballet tradicional– lo sostienen.

El debate acerca de qué es lo que un teatro oficial dedicado a la ópera y el ballet debe ser, en el siglo XXI y en Argentina, está todavía pendiente. Y lo que, por otra parte, la Ley de Autarquía no garantiza, pero su ausencia tampoco lograba por sí misma, es la idoneidad de quienes estén a cargo de la dirección del Colón. La comisión de control no debería estar para corregir los errores del director (es mucho más fácil elegir un director que no los cometa o que los cometiera menos), sino para velar por la transparencia administrativa. Debería ser el director quien pudiera programar a largo plazo y tener en perspectiva el perfil de teatro que se quiere alcanzar. No otro que él debería conocer con profundidad el repertorio, tener ideas en cuanto a encargos de obras y posibles coproducciones. Y es el director, también, quien debe diseñar temporadas que tengan en cuenta, además de la obligatoria apertura estética por la que un teatro oficial debe velar, la coherencia entre títulos, intérpretes, directores musicales y de escena y condiciones posibles de producción.