Los detalles son impactantes: en la sala de audiencias de la Corte Suprema donde se llevó a cabo el Juicio a las Juntas de 1985 se están revisando más de 68 mil fojas, 350 testigos, cuatro grupos diferentes de querellantes, y hay 159 plazas asignadas al público para seguir el juicio. En la sala del Tribunal Oral Nº 24 (integrado por los jueces Daniel Llanos, Marcelo Alvero y María Cecilia Maiza) comenzaron a cruzarse los quince imputados –los integrantes, escenógrafo y manager de Callejeros, Omar Chabán, Raúl Villarreal, los funcionarios del gobierno de la ciudad, los policías acusados por coima–, los testigos y los familiares.

El juicio a los responsables de la tragedia-masacre es una olla a presión que ha destapado una batería de declaraciones poco habituales para el mundo del rock. Aníbal Ibarra finalmente fue sobreseído y entre las “novedades” que surgieron de la causa, que todavía tiene para rato, están las declaraciones de los sobrevivientes de esa fatídica noche que se llevó la vida de 194 personas: que una chica ingresó pirotecnia escondida en el pelo, que había “mucha gente con candelas”, que la madre de uno de los Callejeros repartía bengalas antes de los shows, que Raúl Villarreal, ex gerente de Omar Chabán, revendía entradas poco antes de comenzar el show, que un agente de seguridad privada les dijo “Vuelvan, que no va a pasar nada”, y se rumorea que hay un video dando vueltas con shows anteriores donde se tiraba pirotecnia desde el escenario, entre otras cosas. Hace pocos días, Página/12 reveló que del otro lado del hotel, los mismos dueños del local figuran como titulares de un local donde funciona un prostíbulo.

Pero, más allá de lo anecdótico, los familiares de víctimas del incendio de Cromañón denunciaron que el 70 por ciento de los bares actualmente abiertos y habilitados como tales tienen irregularidades y se usan para fiestas y recitales. O sea, nada cambió mucho, salvo que se encareció y ahora los músicos tienen que pagar para tocar.

Por otro lado, el proceso de “malvinización” de los sobrevivientes parece irreversible: son unos 1500 que fueron examinados y declararon hasta tres veces, que prefieren evitar contar su “condición” al público general, en sus trabajos no les creen que hayan estado allí esa noche o directamente prefieren no contratarlos para no tener que soportarles internaciones, y el gobierno porteño intenta recortar los subsidios. Mientras, el que no está con diálisis, está internado en un psiquiátrico o sufre un cuadro de esquizofrenia o tiene una afección pulmonar.