Treinta años después de que fuera derogado por la última dictadura militar, en diciembre del año pasado fue constituido nuevamente el Consejo Federal de Cultura, integrado por los máximos responsables de las áreas de Cultura del país. Desde entonces, lo preside el escritor Francisco “Tete” Romero, actual presidente del Instituto de Cultura de Chaco. Hoy y mañana se realizará en Resistencia la primera reunión de este organismo, que tendrá a su cargo la coordinación, planificación, legislación y estrategias de las actividades culturales en todo el territorio nacional. Sin duda, el tema clave será el debate para la elaboración de un proyecto de Ley Federal de Cultura. Que “la ciudad de las esculturas” sea la sede de este encuentro no es producto de la casualidad. Orgullosa de su condición “vanguardista”, Chaco es la primera provincia argentina que estableció por ley que el uno por ciento del presupuesto provincial se destinará a Cultura, como recomienda la Unesco, a través de su Ley Provincial de Cultura.

Romero señala que se está viviendo “un momento bisagra” para la institucionalidad cultural nacional y federal. “Como otros ejemplos importantes, hay que destacar a Entre Ríos, que fijó el uno por ciento de su presupuesto provincial para Cultura a través de la reciente reforma de su Constitución provincial, y también la provincia de Buenos Aires. Pero mediante una Ley Provincial de Cultura, de modo específico, sí somos la primera provincia que instituye esa recomendación de la Unesco: que el presupuesto anual para cultura no podrá ser inferior al uno por ciento del presupuesto general anual de la provincia; el uno por ciento como piso y no como techo”, aclara a Página/12. Repasar cómo se dio el proceso para que Chaco tuviera la Ley Provincial de Cultura, vale la pena. “Nuestro compromiso se expresó en la frase ‘Chaco todas las culturas’, porque veníamos de años de feroz ninguneo de las culturas de nuestros pueblos originarios e incluso de la no valorización del aporte de los pueblos criollos”, recuerda Romero. ¿Cómo hacer posible el respeto y revalorización de lo diverso cultural? “Democratizar y descentralizar fueron las consignas”, responde el ahora presidente del Instituto de Cultura de Chaco. “Creamos el Consejo Provincial de Cultura, espacio institucional que se reúne mensualmente, con la presencia de los delegados culturales de todas las localidades de la provincia y, de allí en más, en siete encuentros, concretados en diferentes lugares del Chaco, debatimos, consensuamos y pusimos en práctica una Agenda Cultural Provincial –explica–. Si nosotros decíamos que la cultura debía ser una razón de Estado, teníamos que avanzar en una Ley Provincial de Cultura que asegurara un financiamiento digno y una nueva institucionalidad que jerarquizara la cultura como área de Estado.”

A través de 53 audiencias públicas, escucharon a más de 5000 hacedores culturales chaqueños. Por otro lado, acordaron la realización del Primer Congreso Provincial de Cultura con un único temario: Hacia la Primera Ley Provincial de Cultura. Participaron más de 600 hacedores culturales, que debatieron artículo por artículo el borrador del anteproyecto de ley, elaborado desde la entonces Subsecretaría a partir de los aportes del Consejo Provincial de Cultura y las audiencias públicas. “Un Congreso de los Pueblos Originarios posterior analizó la ley y tras incorporaciones que la enriquecieron, fue aprobado, destacándose que por primera vez eran consultados para definir un proyecto cultural provincial”, subraya Romero. “El Poder Ejecutivo lo hizo suyo y aquí hay que destacar la decisión política trascendental del gobernador Capitanich, quien apoyó enfáticamente la ley.” Finalmente, la Ley Provincial de Cultura (Ley Nº 6255) fue aprobada por unanimidad el 19 de noviembre y promulgada el 10 de diciembre. El 25 de febrero de 2009 fue aprobado el decreto reglamentario de la ley y el 9 de marzo Romero juró como presidente del Instituto de Cultura del Chaco, ente descentralizado, autónomo y autárquico, con rango ministerial. El concepto central de esta ley es, según comenta Romero, que la cultura es una inversión estratégica para el desarrollo y crecimiento cultural. “La cultura es un derecho social inalienable y el Estado es su garante indelegable”, plantea el escritor.

“Sin financiamiento digno, garantizado por ley, no hay inversión cultural estratégica. Esa dignificación del presupuesto tiene un parámetro conocido, la recomendación de la Unesco del piso del uno por ciento. Para nosotros esto representa 52 millones para este año, el equivalente a la inversión de la última década, cuando en el 2007 el presupuesto fue de 4 millones y medio. Esto nos coloca como la cuarta provincia con mejor inversión per cápita del país”, anuncia Romero. Según datos aportados por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (Sinca), después de San Luis, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego, Chaco se convertirá este año en la provincia con más financiamiento anual cultural per cápita. San Luis destinó por habitante el año pasado $119,40; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $118,22; Tierra del Fuego, $64,80 y Chaco, $ 52,36, cuando esta provincia invirtió en 2007 sólo $7,39 per cápita y en períodos anteriores las cifras fueron incluso mucho menores: $3,87 en el 2003, $3,07 en el 2005 y $1,80 en el 2006.

–¿Qué aportes concretos hará en esta primera reunión del consejo la provincia del Chaco respecto de la Ley Federal de Cultura?

–En especial, vamos a defender la convicción de que no sólo importa el qué y el porqué –y para quiénes– de la ley, sino también el cómo conseguirla y con quiénes, es decir, a través de un proceso de participación plural que batalle para que la cultura sea un amplísimo territorio de consenso; para que sea concebida como política cultural de Estado y nos trascienda, y se vaya plasmando en foros de debate, en congresos regionales, en el marco de la discusión de qué necesitamos rememorar y pensar de cara a nuestros bicentenarios. En suma, vamos a compartir la idea de que no es posible ningún proyecto de nación si no discutimos un proyecto cultural. Y esto, ahora que la Presidenta anunció el horizonte cierto de la derogación de la Ley de Radiodifusión que viene de la dictadura y el debate por la Nueva Ley de Servicios Audiovisuales, es un tema que debe convertirse en razón de Estado.