Iba a ser una tarde de reacciones inesperadas, aunque nada lo presagiara cuando Jo Oliver, la directora general de Asuntos Jurídicos de la industria discográfica a nivel mundial, comenzó a exponer los planes que hay para controlar a quienes ofrecen y se bajan música por Internet. La acompañaban los abogados Juan Luis Marturet, que es responsable de esa área en la región latinoamericana, y Pablo Máspero, representante de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif). Al fondo de la sala –pero eso recién se supo hacia el final del encuentro– una parte del público se preparaba para hacer oír la otra campana. Fue el sábado, durante una de las conferencias de la Feria de la Música de Buenos Aires (Bafim).

Oliver, responsable de todos los litigios globales de la Federación Internacional de Productores de Fonogramas (IFPI, por sus siglas en inglés), dejó entrever hacia dónde apuntan los gigantes del sector: “Creo que es un gran momento para hablar de la relación que tenemos con los proveedores de conectividad. Estamos pasando por una etapa especial en ese vínculo”, adelantó. Para ella, el camino que ha llevado a las corporaciones a financiar enormes campañas legales y publicitarias en contra de las descargas por la web en los últimos años ha sido positivo, y debe profundizarse. “Seamos honestos. Sabemos que todo esto no es popular. Y no es que estemos en contra de las innovaciones. Sencillamente es una política necesaria, porque hay gente ganando plata a partir de la distribución de contenidos sobre los cuales no tiene derechos”, justificó. Con el auge de la banda ancha, la transmisión de archivos a través de la tecnología P2P (“entre pares”) se convirtió en el principal obstáculo económico para las mismas empresas que durante los noventa habían gozado de un mercado local donde colocaban CD a un precio no menor a los veinte dólares por unidad. En su embate lograron acorralar a Napster, Kazaa y otros polos de intercambio. Y eso fue sólo el inicio.

La joven expositora –que llegó al país invitada por la Dirección General de Comercio Exterior del gobierno de la ciudad y Capif, con el auspicio del British Council– dio su perspectiva sobre este proceso. “Luego vino una época de acciones legales contra usuarios particulares”, relató. El plan se llevó a cabo en más de veinte países, incluyendo a la Argentina. La idea fue –y es– perseguir judicialmente a unos pocos, de manera que el resto se atemorice. Se selecciona a los que más archivos ofrecen, se los criminaliza y se los amenaza con un juicio. En el Reino Unido, por ejemplo, se llevaron a cabo demandas contra unos cien uploaders, si bien se calcula que podrían ser seis millones.

Hoy se estima que el noventa y cinco por ciento de la música que se baja por internet es “ilegal”. Las firmas más poderosas juran que eso ha hecho que sus ganancias caigan casi un 30% desde 1999, cifra que por cierto no refleja la dinámica de circulación cultural que se ha desarrollado junto con esa crisis. Por eso las polémicas están a la vuelta de la esquina, y Oliver vaticinó que su postura puede endurecerse. “En el mundo se está tomando conciencia de que los servicios proveedores van a tener que tomar un rol más activo”, tiró. En el último año y medio –“a very exciting time”, en palabras de la panelista– el sistema global que se ha intentado imponer consiste en que los que brindan conexión de alta velocidad manden advertencias a los “rebeldes” y que, paralelamente, ofrezcan servicios de suscripción para acceder a los catálogos de las discográficas de forma “legal”. “Así se está comenzando a trabajar en el Reino Unido y en Bélgica”, comentó Oliver. Y enfatizó: “Otro paso definitivo lo dio Francia cuando el presidente Sarkozy afirmó que ‘la Web no podía ser el Lejano Oeste’, e inauguró un plan integral para bloquear a los que transgredan la ley de copyright”.

Se refería al acuerdo rubricado entre el gobierno francés, los sectores de la industria musical y cinematográfica y los proveedores de acceso a la red en noviembre pasado, mediante el cual se trata de que los proveedores revisen las descargas, envíen advertencias y eventualmente corten el servicio de los internautas “indeseables”. Más allá del entusiasmo que todo esto pueda haber despertado en Carla Bruni, la verdad es que Francia no representa un paradigma precisamente racional en lo que respecta a la propiedad intelectual. Según informaba Le Monde en su edición del 9 de abril de 2005, el director de cine Jean-Christophe Soulageon recibió una carta documento en la que se lo instaba a abonar mil euros porque en una de sus películas aparecía un actor silbando durante siete segundos una canción protegida: ¡La Internacional! Más cerca en el tiempo, la normativa impulsada por Sarkozy ha sido criticada por varias asociaciones de defensa al consumidor, que no han dudado en calificarla como “represiva” y “anticonstitucional”.

El venezolano Juan Luis Marturet está a cargo del conflicto a nivel latinoamericano. Para él “las personas nunca antes escucharon tanta música, y nunca estuvieron menos dispuestas a pagar por ella”. “Ya tenemos un par de generaciones de jóvenes que no han entrado a una tienda de discos. El año pasado se bajaron ilegalmente cuatro mil millones de archivos musicales de la región”, se quejó el letrado. Y después soltó apreciaciones más controversiales, como cuando consideró que “o la Internet sigue siendo ‘neutral’, como llaman con elegancia a esta selva, o vamos a poner dos o tres reglas y ver cómo respetamos los derechos de autor”. “Esa encrucijada –redondeó– sólo puede resolverse bajo el liderazgo del gobierno.”

Hasta ahí todo había transcurrido como en cualquier reunión de oficina. En la ronda de preguntas, empero, se alzó desde atrás una bandera con la leyenda “Compartir es bueno”. “Sí, compartir es bueno cuando compartís lo tuyo, si no es robar”, se alteró Pablo Máspero, el hombre de Capif. Entre los asientos ya circulaban volantes donde se leía que “no son los creadores los que reclaman por sus derechos, sino que son los intermediarios renuentes a aceptar que su modelo de negocios ha sido arrasado por los avances tecnológicos”. El clima se enrareció.

Tras algunas escaramuzas verbales contra un grupo de asistentes, la propia Oliver salió al cruce al afirmar que “hay coincidencia internacional en concretar estas medidas, porque se reconoce que los proveedores han estado ganando dinero mientras muchas compañías del entretenimiento perdían”. “Paralelamente –se extendió, sin perder la sonrisa–, hay un derecho fundamental que debe ser garantizado, que es el derecho a la propiedad.” La discusión siguió entre murmullos y una que otra “invitación a retirarse” que empezaban a soltar ciertos organizadores. Y qué chance mejor para seguir metiendo púa que un debate con los que fabrican discos. La última frase del panel vino de Máspero, el destacado jurista que en febrero pasado aseguró a la revista Rolling Stone que, si quisiera, Capif podría llevar sus denuncias al plano penal, con una condena de entre seis meses y seis años de cárcel para los “infractores”. En esta oportunidad no estuvo menos comunicativo: “Si el debate es compartir, pongamos en debate la distribución de todos los medios de producción. Caso contrario, estamos siendo hipócritas”. Ante esa conclusión, digna del marxismo más ortodoxo, no habría sorprendido que el experto terminara él también interpretando “La Internacional”. No lo hizo, acaso por temor a que le cobraran una multa.