Las tragedias suelen desencadenar medidas oficiales que tienden a obsesionarse por el control. Como los “permisos especiales” que se les requieren a los músicos que quieren tocar en vivo en la ciudad de Buenos Aires tras el incendio del boliche República Cromañón en el que murieron 194 personas. A poco más de tres años de la tragedia, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) se pronunció contra la medida, en una nueva escalada del enfrentamiento entre la Unión de Músicos Independientes (UMI) y el gobierno porteño.

El Inadi consideró esta medida “discriminatoria”: “Esta diferenciación entre músicos y cantantes y todas aquellas personas que pueden ser consideradas artistas resulta arbitraria y carente de razonabilidad, constituyéndose en una auténtica violación al derecho a la igualdad”, consideró la entidad. Además, el instituto que conduce María José Lubertino tampoco “encuentra sustento lógico en que la actividad deba ser desarrollada por un máximo de cinco artistas y dentro de un límite horario determinado”, según marca la norma. Aún más, asegura que se ha llevado adelante una persecución a la actividad de los músicos a partir de la tragedia de Cromañón, “lo que resulta discriminatorio en los términos de la ley 23.592”.

El Inadi también señala que la seguridad de los concurrentes “no debería implicar una restricción irrazonable al derecho de trabajar” y afirma que “la legitimidad de brindar seguridad a todo asistente a un espectáculo musical no se logra estigmatizando la actividad de los músicos con un estereotipo negativo de peligrosidad”, sino que se debe velar porque la actividad se desarrolle en lugares “correctamente habilitados”.