En una medida que sin duda se retrasó más de lo debido, finalmente el Comfer (Comité Federal de Radiodifusión) parece estar dispuesto a regular el uso –a esta altura, abuso– que los canales de televisión hacen de los horarios en que se emiten los programas, cuyos comienzos previstos de antemano vienen siendo demorados desde hace años a piacere de los programadores, según lo requiera la encarnizada lucha por el rating que signa la industria televisiva local. Según la resolución que en breve será oficializada por el interventor del organismo estatal, Julio Bárbaro, se prevé la aplicación de sanciones monetarias para aquellos canales de TV que no respeten los horarios de programación. “El rating minuto a minuto, en esta competencia exagerada entre el 13 y Telefé, produjo desfasajes que sobrepasaron todo límite. Era hora de terminar con este constante incumplimiento. No sólo para cumplir con la ley, sino fundamentalmente en defensa del televidente”, señaló a Página/12 Claudio de Cousandier, director de fiscalización y evaluación del Comfer.

Luego de las constantes quejas de productores, conductores, actores, periodistas y televidentes, el Comfer decidió penalizar los imprevistos cambios en la programación, cada vez más habituales en la TV. Si bien en su artículo 9º la Ley de Radiodifusión vigente (22.285) determina que “...los titulares de los servicios de radiodifusión deberán asegurar la regularidad de las transmisiones y el cumplimiento de los horarios de programación, los que deberán ser informados al Comfer”, la vaguedad de la misma hizo que los canales manejaran sus emisiones a su antojo, sin importarles demasiado el respeto hacia el televidente. Sobre todo después de que en 1991 el gobierno menemista decidiera derogar el artículo 15 de la reglamentación, que establecía que las emisoras debían remitir la programación mensual al Comfer con 5 días de anticipación a su entrada en vigencia, además de informar cualquier modificación.

El proyecto, que ya está redactado y aprobado por el departamento jurídico del organismo regulador, en carácter de “resolución modificatoria del artículo 9º”, determina que las emisoras deben comunicarle al Comfer los horarios de programación mensual hasta diez días antes a su entrada en vigencia. A su vez, toda modificación de horarios o de programación debe ser informada al organismo y a los usuarios del servicio público con 72 horas de anticipación. La resolución estipula multas que van desde los 3 mil a los 50 mil pesos a las emisoras que no presenten en tiempo y forma la programación o que incumplan con los horarios y programas anunciados. Lo destacado es que ninguna de estas multas podrá ser canjeada por los canales a través de espacio publicitario cedido al Estado nacional.

Antes de tomar esta medida, el Comfer intentó que los canales regularizaran su situación a través del diálogo. Sin embargo, pese a las charlas, nada cambió en los hábitos y costumbres televisivos. “Tratamos de prevenir y apelar al buen criterio –comentó De Cousandier– para que los canales respeten la programación y sus horarios. Pero como la exhortación no dio resultados, no nos quedó más remedio que integrar al artículo 9 esta resolución penalizadora.” La gota que rebasó el vaso fue, según De Cousandier, lo que ocurrió el miércoles pasado, cuando Amas de casa desesperadas y Montecristo empezaron con demoras de hasta más de 30 minutos.

La metodología para que se hagan efectivas las penalizaciones ante un incumplimiento es simple: ante la evidencia, el Comfer inicia un sumario a la emisora en cuestión, presentando una imputación con pruebas grabadas, a la que la parte acusada tendrá derecho a defensa y recurrir a la Justicia si cree injusta la multa. En este sentido, la resolución no determina con claridad la tolerancia que tendrá el organismo para establecer multas por incumplimiento de horarios, lo que a priori puede resultar un problema. “La tolerancia, antes de la derogación del artículo 15, era de 5 minutos. Creemos que habría que utilizar un criterio similar. Se evaluará en cada momento. Si hay un hecho periodístico trascendente, que amerite un cambio de programación, lo contemplaremos. No ponemos limitaciones al derecho de libertad de expresión ni informativa de cada emisora”, subrayó el funcionario.

Aunque la resolución busca poner fin al abuso de horarios a través de la aplicación de una medida coercitiva, De Cousandier señaló que la misma debe estar acompañada por los televidentes para que tenga eficacia. “Se trata de modificar una cuestión cultural: hay que aprender a respetar la ley en todos los ámbitos, cosa a la que en Argentina no estamos acostumbrados. A nosotros nos ayuda mucho que la gente se queje y haga valer su derecho. Hay que modificar las malas costumbres. Es una tarea de todos”, detalló, con cierta filosofía. Y ante la consulta sobre si no creía que la medida había sido tardía, De Cousandier se defendió. “Para algunos –analizó– puede resultar tardía, pero más vale tarde que nunca. También se dice que no se van a pagar las multas. Pero lo único cierto es que hay voluntad político de hacer cumplir la ley para acabar con esta práctica abusiva.”