La política tributaria uruguaya es el norte al que apuntan los sectores de la industria argentina. El Senado y la Cámara de Representantes uruguayos sancionaron en septiembre de 2008 la devolución del IVA (que allí es del 22 por ciento) “incluido en las compras en plaza e importaciones de bienes y servicios destinados a la producción de obras de carácter musical y cinematográfico en soportes digitales y celuloide”, según reza la normativa. “Esta exoneración es en todas las etapas de comercialización, es decir que nos permite adquirir esos productos sin ese gravamen”, explica vía mail Rubén Araujo, secretario general de la Asociación de Videoclubistas y Afines del Uruguay (AVA), que junto con la Unión Uruguaya de Videoeditoras motorizaron la sanción. “Logramos convencer a nuestros legisladores de la conveniencia de la acción. Primó el apoyo a la distribución cultural”, se enorgullece el dirigente de la entidad surgida en 2006 con la finalidad de combatir la piratería y que hoy aúna un centenar de comercios.

“La medida significó más ventas de las editoras”, explica Araujo. “Para los videoclubes más pequeños fue una reducción sensible en sus costos y por ende la posibilidad de ofrecer a sus clientes más productos por el mismo precio y mejorar la concurrencia”, agrega. Sin embargo, la venta de discos apócrifos está latente. “La brecha que existe entre el precio de las copias piratas y las legales continúa siendo grande. El primero ronda los 40 pesos uruguayos (unos 7,5 pesos argentinos), mientras que los segundos no bajan de los 300 pesos uruguayos (58 pesos locales)”, concluye preocupado el secretario.