Las clausuras indiscriminadas en la Ciudad de Buenos Aires vienen sucediéndose desde hace tiempo –desde la tragedia de Cromañón–, pero en las últimas semanas se multiplicaron, como una respuesta espasmódica que desvía la atención del verdadero foco del problema –las estructuras de inspección y habilitación y las posibilidades de corromperlas, la investigación sobre los responsables políticos–. Se apunta a clausurar bares y boliches pequeños, que actualmente, ante la falta de una legislación clara que los contemple, funcionan con permisos provisorios, los llamados “permisos especiales”. Una ley sancionada el 18 de abril del año pasado con el voto unánime de todos los bloques de la Legislatura de la Ciudad –incluido el PRO–, y promulgada el 17 de abril de ese año, regularizaría la situación de estos espacios, con capacidad para un público de hasta trescientas personas.

Se trata de la Ley 3022, que crea el Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad Musical, impulsada por la Cámara de Música en Vivo, el Sindicato Argentino de Músicos y la Unión de Músicos Independientes, y que contempla la creación de un registro de aquellos locales que desarrollan actividad musical no oficial. Esta ley prevé una autoridad de aplicación integrada por dos representantes de entidades de músicos y un representante por los locales, y un órgano de fomento que incluye subsidios, créditos y exenciones impositivas que fomenten la música en vivo en estos lugares. Los locales, por su parte, se comprometen a una programación sostenida en el tiempo, y los músicos a presentar proyectos para desarrollar en estos locales. La ley excluye expresamente a “músicos, solistas, grupos y/o establecimientos que se hallen vinculados con empresas discográficas de origen internacional, o con aquellas nacionales que tengan capacidad estructural y financiera para distribuir y promocionar producciones musicales a nivel masivo”.