Plácido Domingo tuvo, en Buenos Aires, días agitados. Su concierto en la 9 de Julio, además de convocar a una multitud y de funcionar como un impensado y perfecto cierre para las conmemoraciones del Día de la Memoria, puso en escena, de manera inmejorable, los avatares alrededor de un conflicto que, desde hace seis meses, ha paralizado la actividad autónoma del Teatro Colón: el cese de actividades de los trabajadores encuadrados en ATE –uno de los dos gremios con representación en el teatro– y de quienes se encolumnaron con ellos. Una medida de fuerza que, en los hechos, se traduce como un paro de las orquestas. Hasta último momento no se sabía si los músicos aceptarían suspender su medida de fuerza transitoriamente, para permitir el concierto, y los intentos de sustituir a la orquesta por otra habían resultado infructuosos por la solidaridad de los colegas de la Sinfónica Nacional, la de Salta y la del Argentino de La Plata, entre otras. Una orquesta de Tucumán, que llegó a viajar a Buenos Aires y a presentarse a un ensayo, fue rechazada por el director, Eugene Kohn, porque su nivel estaba lejos del que exigía el tenor. Ese era el tablero y, a partir de allí, comenzaron a ser visibles los desplazamientos de las piezas.

El primer movimiento lo hizo Plácido Domingo, reuniéndose con los músicos y expresando, en una conferencia de prensa, que comprendía sus reclamos, que la demanda por 55 millones de pesos que había recaído sobre los delegados era “muy injusta” y que les había hecho saber que “estaba con ellos”. El segundo lo realizó el ministro de Cultura, comunicándose con los músicos telefónicamente desde París, apostando a un posible arreglo y asegurando después, cuando se anunció que el concierto en la calle se haría, que se abría un paréntesis alentador. El tercer paso lo dio el director del Colón, Pedro Pablo García Caffi, declarándose todo lo prescindente que pudo y repitiendo que la organización del evento no le correspondía a él. Y el cuarto lo realizó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, diciendo, también desde Francia, que los músicos habían realizado “cantidades de delitos” y que prefería “un Colón cerrado” que pactar con mafiosos. Hubo un quinto elemento y fue la confusa información que, voluntariamente o no, brindó la mayoría de los medios de comunicación. Desde sindicar a Domingo como mediador, cosa que él mismo se había ocupado de desmentir, hasta hablar de un “paro que lleva veinte años”, ocultar el apoyo del cantante a los instrumentistas o agitar la palabra “papelón” (otro hallazgo del jefe de Gobierno) sin aclarar demasiado bien quiénes eran los que lo estaban haciendo en este caso.

Es claro que un paro de seis meses, que deja sin la parte fundamental de sus actividades a un teatro cuyo mantenimiento cuesta a los ciudadanos 180 millones de pesos anuales, hace tiempo que dejó de ser responsabilidad de un sindicato. Está claro, también, que, como demostraron Domingo, los músicos y el ministro de Cultura, hay negociaciones posibles. Y es evidente que, si la entente conformada por Macri y García Caffi se niega a negociar, es por otros motivos. Hay que ser literales y entender que, en efecto, el jefe de Gobierno prefiere “un teatro cerrado”. Y es que lo que busca no es solucionar el paro de las orquestas sino demostrar otra cosa. Podría pensarse que no ha habido, en tres años, un solo acto de gobierno local que no estuviera destinado a discutir con el gobierno nacional. Desde los vaivenes de la Policía Metropolitana hasta la impericia en materia de tránsito (léase bicisendas y cambios de mano), salud y vivienda, todo se ha hecho mirando hacia otro lado. Y el tema del Colón responde a la misma lógica. Si, en su mirada estrecha, Cristina Kirchner se asimila a Moyano (y al rechazo de la supuesta clase media por la figura del sindicalista), su manera de diferenciarse del gobierno nacional es mostrar que no negocia con sindicalistas díscolos. Llama “delitos” a las huelgas y, sobre todo, utiliza el conflicto para cimentar una imagen de gobernante inflexible. Poco importa, en ese caso, la solución. Y poco (le) importa, también, que la operación destinada a convertir al Colón en caso testigo y en instrumento de su campaña presidencial implique la dilapidación del gigantesco presupuesto que significa su mantenimiento, tanto abierto como cerrado.