Pensar y elaborar políticas, no sólo culturales, supone un abordaje integral capaz de ofrecer soluciones eficaces a las diversas demandas de los grupos que intervienen en el campo de discusión y planificación social. Ese abordaje integral, cuando es realizado por los distintos niveles estatales –provinciales, municipales, nacional– exige que la puesta en marcha de un programa de acción pueda desarrollarse con la mirada puesta en el bienestar común y en la resolución de los desequilibrios que se plantean en las comunidades. Su función, por tanto, supone atender aquellas problemáticas que por sí mismas no se resolverían sin la intervención del Estado, ya que la correlación de fuerzas –la disputa– impediría establecer un ambiente propicio para nivelar las demandas. Esa nivelación supone pues una integralidad en el abordaje para la realización de la política. Necesita de mecanismos capaces de resolver una demanda con el mayor grado de equilibrio entre los actores que intervienen en la resolución de la cuestión. De lo contrario, un Estado que sólo resuelva las cuestiones en un círculo estrecho de sectores e intereses estaría desmantelando una de sus funciones principales: la capacidad de combatir las desigualdades vigentes.

En el debate cultural, hace más de una década se ha profundizado la discusión en torno de la cuestión de la ciudad-empresa, es decir, una gestión de los asuntos públicos tratados bajo la concepción de la actividad comercial privada. Una manera de hacer políticas que se ha expresado en variados circuitos culturales como la música, el teatro, el cine, entre otros, y que ha encendido el debate acerca de cómo debe gestionarse la cultura de un territorio a partir de la responsabilidad estatal que asume un gobierno. Es de esta manera que encarar la gestión cultural desde la concepción de la ciudad-empresa pone en riesgo la responsabilidad indelegable de un Estado –que ajusta sus políticas a los intereses económicos– de velar por el bienestar común.

Si bien es cierto que los productos de la cultura, o bienes culturales, transmiten y construyen valores, elaboran y recomponen identidades sociales y colaboran para establecer cierta cohesión social, también es cierto que son un elemento medular para la producción y desarrollo económico. Es esta doble identidad que han asumido los bienes culturales –la de articuladores sociales por un lado y la de productos de intercambio y consumo en el mercado por otro– la que despierta constantemente el debate y la controversia cuando se intenta poner sobre la mesa de las negociaciones a la cultura. Surgen así distintas posiciones acerca de los límites que deberían establecerse entre lo económico y lo cultural, que se sitúan sobre una misma cuestión de fondo: la vinculación entre lo económico y aquello que correspondería al orden de lo extraeconómico.

Sobre este terreno de tensión se disponen los bienes culturales. Un caso paradigmático es el del tango. Una expresión artística característica de la ciudad de Buenos Aires que ha sido ponderada durante los distintos gobiernos como un recurso estratégico al momento de pensar la planificación y el desarrollo económico. En este sentido, el tango comporta todas las características necesarias que hacen a la doble identidad antes mencionada de los bienes culturales. Sirve como condensador de una forma de ser y actuar –la identidad porteña– y, a la vez, actúa como punto de apoyo para el desarrollo comercial y económico de la ciudad. Esta doble dimensión podría aplicarse también a otras actividades culturales, como el cine, la danza o el teatro. A la vez, podría extenderse desde el campo cultural a otros campos, como el educativo o el de la vivienda o el patrimonio.

Lo cierto es que la doble dimensión de la producción social no determina que un Estado deba escoger entre ambas sino que plantea la necesidad de atender, por un lado, al desarrollo económico, pero también obliga a adecuar las políticas en favor de la resolución de las desigualdades para no someterse al comportamiento de aquello que sólo pueda resultar redituable económicamente. La lógica de la ciudad-empresa privilegia una sola dimensión –la económica– en detrimento de las manifestaciones que no se sujeten adecuadamente a la ganancia. “El tango es la soja porteña”, declaró el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, al momento de referirse al estilo musical. Allí, no sólo se devela una forma de hacer políticas para el tango sino un entendimiento de la cultura. Extender la lógica del negocio a las políticas de Estado es precisamente el sendero de una ciudad-empresa.

* Conductor de Fractura Expuesta Radio Tango.