De un lado (las murgas) se defiende el Carnaval porteño como patrimonio cultural, forma de inclusión social y expresión popular. Del otro (el gobierno de Macri) se ataca el mal estado de algunos corsos y cierto desfasaje entre la cantidad de artistas en las murgas respecto del público asistente. También se critica el dinero invertido: algo más de un millón y medio de pesos. Sin embargo, se sabe poco a qué fines se destina esa plata. Apenas más de un millón se reparte entre las 112 murgas participantes, que lo dedican a sus gastos logísticos, como los micros que los llevan de corso en corso cada noche. El resto del presupuesto solventa la comisión organizativa de los carnavales y el armado de los corsos. En la ciudad de Buenos Aires los feriados de Carnaval para la administración pública se recuperaron en abril de 2004, con la ley 1322. Fue el decreto 21.329 promulgado en 1976. Ahora el reclamo sigue: las murgas bonaerenses y porteñas se movilizan para pedir que se restituyan los feriados que la dictadura eliminó.