La ley que no fue
Hasta las 12 semanas de gestación, las interrupciones del embarazo hubieran podido "ser consideradas acto médico sin valor comercial", de manera tal que "todos los servicios de asistencia médica integral, tanto públicos como privados (...) [tuvieran] la obligación de llevar a cabo este procedimiento". Hubiera bastado "que la mujer alegue ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción: situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias" que ella considerara válidas. Ese era el espíritu del proyecto de despenalización del aborto que -tras haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y haber sido demorado en su tratamiento durante año y medio- fue desechado en Uruguay esta semana. 35.000, recordamos, es la cantidad de abortos clandestinos anuales que la UNESCO estima en ese país, contra 55.000 nacimientos.