Viernes, 23 de septiembre de 2005 | Hoy
RAMOS GENERALES
En la Argentina se estima que hay 2,3 millones de enfermos de Chagas, que padecen la enfermedad, pero, en la mayoría de los casos, no lo saben porque éste es un mal silencioso –casi sin síntomas– y poco diagnosticado por los centros de salud pública. Sin embargo, la importancia de su detección es que entre los menores de 15 años es posible de curar y, en los adultos, es importante prevenir los efectos colaterales que se dan, básicamente, a nivel cardíaco.
En la ciudad de Buenos Aires no hay vinchucas (las transmisoras de la enfermedad) pero sí viven aquí muchos enfermos de Chagas. La población porteña de riesgo se estima en 350.000 personas. Sin embargo, esta problemática ha sido tradicionalmente descuidada e ignorada. Por eso, la legisladora Ana María Suppa propuso en la Legislatura porteña un proyecto de ley –que se encuentra actualmente en la Comisión de Salud– para declarar de Interés Sanitario la Lucha contra la Enfermedad de Chagas en la Ciudad de Buenos Aires, que, entre otras cosas, garantizaría la implementación de campañas de prevención y la entrega de medicamentos y reactivos para poder realizar masivamente los análisis y tratamientos necesarios para contrarrestar la enfermedad.
“Nunca había escuchado que hay mujeres a las que los médicos les entregan las píldoras de a una por día y eso me produce mucha indignación y bronca”, reconoció Fernando Vallone, gerente de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación al escuchar las conclusiones del proyecto “Seguimiento y Control de la Sociedad Civil del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de Argentina”, el 30 de agosto pasado, en el Centro de Información de Naciones Unidas.
La anécdota del suministro de una píldora por día no es generalizada, pero sí es puntual y tiene que ver con los baches que, todavía, tiene la entrega de anticonceptivos –especialmente entre adolescentes– y la capacitación de los médicos sobre la Ley de Salud Reproductiva, según pudo detectar el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales –CoNDeRS– en su monitoreo, efectuado entre mayo y junio últimos, en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero, Mendoza, Entre Ríos y Formosa.
Vallone también resaltó: “En un centro de salud de La Plata pudimos detectar que, en un año, sólo habían colocado un DIU. Con saña hacían ir y volver a las mujeres hasta que lograban justificar que ellas no querían usar anticonceptivos. Sabemos todo lo que falta. Pero los médicos tienen que entender que no se les está haciendo un favor a los pobres, sino haciendo cumplir un derecho”.
Si hay algo que ya no es como era, es la familia. Desde uniones conformadas por el amor (pero no por los papeles), familias ensambladaspor “los tuyos, los míos y los nuestros” hasta las familias integradas por parejas homosexuales legalizadas por la unión civil son algunos de los nuevos y masivos modelos. Sin embargo, las leyes no son iguales para todos. Por ejemplo, la normativa que permite proteger la vivienda con el reconocimiento legal de “bien de familia” –un trámite que impide que esa casa pueda ser rematada– es sólo un derecho de los hogares tradicionales protegidos por la libreta que otorga el Registro Civil.
Para cambiar esta perspectiva, el diputado Mauricio Bossa presentó un proyecto en el Congreso nacional para que también se pueda reconocer como “bien de familia” los hogares de concubinos y de integrantes de uniones civiles, heterosexuales u homosexuales. Bossa remarcó: “Se calcula que hay casi 300 mil familias ‘ensambladas’ donde conviven parejas con hijos comunes o de uniones anteriores que no pueden registrar su inmueble para asegurarles el techo a sus hijos. Mantener este statu quo es un acto discriminatorio que debe subsanarse. No podemos negarle a una pareja de hecho la posibilidad de registrar un inmueble para la convivencia simplemente porque no constituyen la concepción clásica de familia heterosexual tal como lo prevé la ley vigente”.
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