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La Cumbre Mundial de la Infancia realizada en las Naciones Unidas a principios de mayo estuvo signada por el cambio de las posturas de la delegación oficial norteamericana del gobierno de George Bush en una direccionalidad conservadora y en algunos temas francamente fundamentalistas. La gran mayoría de delegados ante la Conferencia, tanto gubernamentales como no gubernamentales, expresaron a lo largo de las sesiones y talleres su fuerte decepción por lo que se denominó una “hegemónica actitud extorsiva” de los EE.UU. frente al resto del mundo, nunca expresada, por lo menos en las últimas décadas, en el plano de la diplomacia con una franqueza rebosante de impunidad.
Desde su creación en el final de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas ha jugado un papel fundamental en la discusión y aprobación de normas de seguimiento internacional para resguardar los derechos de los seres humanos. Desde la mismísima Declaración de 1948 en adelante, se plasmaron los más importantes tratados y convenciones consagratorios de los más democráticos acuerdos jurídicos internacionales.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros, constituyen garantías para la existencia de un mundo o una sociedad con niveles básicos de justicia.
A partir de los ‘90, la “unipolaridad”, con su carencia de contrapesos equilibrantes de los polos hegemónicos, posibilitó el más acentuado proceso de concentración del poder económico financiero, con la hegemonía de los capitales norteamericanos y sus aliados locales. Estas políticas se hicieron para nuestros países muy visibles en los procesos de endeudamiento externo, vaciamiento del Estado, imposiciones legislativas y de orden político interno cuyas esquilmadoras consecuencias están hoy a la vista.
En el terreno de las sesiones de las Naciones Unidas, la administración Clinton durante el período 1993-2001 logró sortear las críticas de los grupos latinoamericanos y en general del Tercer Mundo a partir de buscar textos de “compromiso” que incorporaran párrafos críticos –después de duros debates previos– sobre el orden internacional vigente, aceptando, por ejemplo, hablar de “las consecuencias negativas de las reformas estructurales y las políticas de ajuste en los países en desarrollo” o “del impacto negativo del endeudamiento externo en estos países, esperando encontrar las formas de superación de los mismos”.
Las delegaciones de la administración Clinton lideraron posturas avanzadas en los derechos civiles y en la profundización de las políticas públicas inclusivas y garantistas sobre la mujer (El Cairo-Beijing).
Posiblemente hemos analizado escasamente el desarrollo de la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia realizada en Sudáfrica en el 2001, donde la delegación norteamericana se retiró fracturando por primera vez en años una sesión internacional. Fue la primera muestra de coincidencia entre las líneas de dominación económica a nivel mundial con una postura ideológica conservadora en la concepción de la vida de los seres humanos. Debimos advertirlo con más detenimiento.
La Cumbre Mundial de la Infancia no aportó mayores elementos a los contenidos consagrados por la Convención Internacional. Se esperaba un desarrollo interpretativo superador, enriquecido con la experiencia de esta década; se esperaba poder constituir mecanismos de control, de seguimiento para sancionar el incumplimiento notorio de numerosos países en garantizar el acceso de los niños a la salud, la educación y en general a una vida digna. Se esperaban condenas categóricas contra las múltiples formas de violencia que se ejercen contra los niños y niñas, condenas que puntualizaran responsables y propusieran mecanismos de sanción a nivel internacional.
Uno de los saldos más valiosos fue la toma de conciencia del conjunto de los delegados de las nuevas relaciones de poder expresadas en el agresivo discurso norteamericano. Las organizaciones no gubernamentales de América latina constituyeron una red autónoma para fijar sus posturas y ejercer otro tipo de influencia en la región. Volvimos a pensar en la necesidad de encontrar estrategias de resistencia y alternativa en América latina. En un foro de estas características, con la extorsión del brutal endeudamiento externo que se ejerce sobre nuestros países, y a veces la dependencia de las propias organizaciones con respecto a los centros de financiamiento, estas definiciones marcan un nuevo signo para este tiempo. Por lo demás, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es hoy el tratado internacional más universalmente reconocido. Todos los países de la Tierra lo han suscripto, excepto los Estados Unidos. Es también un interesante signo de la época.
* Participante en carácter de miembro del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y no como representante oficial.