Viernes, 20 de noviembre de 2015 | Hoy
BALLOTTAGE
Más allá de las promesas de campaña y de lo poco que se dijo en concreto sobre políticas destinadas a la equidad de género en el último debate, Daniel Scioli y Mauricio Macri llevan 8 años gobernando, uno en la provincia y el otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es ahí, en el terreno de lo concreto, donde se pueden encontrar herramientas para tomar la histórica decisión de esta segunda vuelta electoral, la primera en más de 30 años de democracia. Las12 ofrece pistas sobre cómo fueron tratados ocho temas clave que afectan a la vida, la integridad y la autonomía de las mujeres en los distritos que conducen los candidatos para que sea más fácil imaginar qué futuro se podría diseñar con el voto en la urna.
Por Roxana Sandá y Luciana Peker
Se triplicó el número de Comisarías de la Mujer y la Familia: en la actualidad funcionan 80 dependencias especializadas en atención de violencia familiar y abuso sexual. Se crearon 65 Oficinas de Atención en casos de violencia de género, con personal policial especializado, según informaron desde el Consejo Provincial de la Mujer.
En 2012 se sancionó la Ley N° 14.509 que modifica la Ley de Violencia Familiar, actualizando la legislación provincial en sintonía con la ley nacional.
Desde 2008 funciona el Programa de Atención Violencia Mujer (AVM), línea telefónica gratuita de atención a mujeres víctimas de violencia, articulada con el 911, las 24 horas los 365 días del año, para abordaje de la emergencia y primera contención de las mujeres.
Mesa Provincial Intersectorial contra la violencia familiar: dispositivo donde trabajan en conjunto las áreas gubernamentales de Mujer, Desarrollo Social, Seguridad, Justicia, Salud, Educación, Derechos Humanos y Poder Judicial. En cada municipio funcionan Mesas Locales –hay 60–, que accionan en red sobre la problemática en el territorio.
Bajo el Ministerio de Salud funciona el Programa Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, primero de su tipo en el país. Promueve políticas de prevención y atención en el área sanitaria, y acciones de capacitación a trabajadorxs del sector en los 78 hospitales provinciales, las 360 salas sanitarias con internación y en las 2.056 salas ambulatorias.
Las campañas: Maltrato Cero, de prevención de violencia doméstica y erradicación de toda forma de discriminación y maltrato a las mujeres por motivos de género. Se intervienen lugares públicos, con contenidos de alertas y orientación sobre el AVM. De Violencia Obstétrica, con difusión de los derechos de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto en los 277 hospitales públicos y en los 2.000 centros de salud. Se articula con la Defensoría del Pueblo en la recepción y tratamiento de las denuncias. #EsAmor?, campaña de reflexión y cuestionamiento sobre mitos y creencias que ligan la relaciones afectivas con aspectos dañinos. Ampliación de la campaña #Reconocé las Señales, destinada a jóvenes, en talleres de reflexión sobre violencia de género en las relaciones de pareja. Jóvenes y Trata de Personas: espacio de debates sobre la problemática de la trata, con énfasis en los riesgos y vulnerabilidades de jóvenes y adolescentes.
Marcado decaimiento de las políticas para la asistencia a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia desde que Mauricio Macri asumió la jefatura de Gobierno. No se generaron nuevos recursos ni se fortalecieron los existentes y se realizaron acciones en desmedro de la calidad de la atención, como baja del personal o recortes presupuestarios. Al igual que en otras áreas de la Comuna, se trabaja con espacios privados y Ong´s, pero no se brinda listados ni información pública sobre la participación de esas instituciones. La semana pasada, María Eugenia Vidal, gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, legitimó el caso de violencia policial en el que un agente de la Metropolitana intentó ejecutar a un joven en el barrio de La Boca, pretendiendo disfrazarlo de un supuesto caso de violencia de género, evidenciando irresponsabilidad y un alto nivel de desprecio por problemáticas sensibles que afectan a las mujeres.
En un acto que encabezó en San Martín esta semana, Macri prometió construir “una red nacional de protección a la mujer que sufra violencia de género, con acceso gratuito y atención las 24 horas”, cuando los Centros Integrales de la Mujer (CIM) siguen siendo 7 desde 2003 y sólo uno comenzó a funcionar las 24 horas pero de lunes a viernes, mientras que las mayores estadísticas por emergencias se concentran a la noche y los fines de semana.
No existe un servicio de emergencias propio de la Ciudad, que atienda casos durante la noche o los fines de semana. El gobierno porteño descansa sobre los dispositivos implementados por el Estado nacional: Línea 144, la Oficina de Violencia Doméstica o el Programa Las Víctimas contra las Violencias.
La formación en perspectiva de género en la Comuna es muy pobre. El Plan de Igualdad de Oportunidades y Trato que existe y es una ley de la Ciudad, es de escaso cumplimiento..
La Dirección General de la Mujer y su línea de consultas gratuita sufrió una importante reducción de personal. Según información del propio Ejecutivo en cada presupuesto, 316 personas integraban ese organismo en 2009, mientras que en 2011 quedaron 251 trabajadorxs y en 2014 se redujo a 212. También se desmanteló el Programa de Atención a Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. Los recursos no se han fortalecido ni ampliado y la cantidad de consultas mostró un estancamiento o disminución, con escasa o nula difusión sobre la existencia de estos dispositivos.
Las líneas específicas de los servicios telefónicos de la Dirección General de la Mujer registran una baja sostenida en los últimos años. De 12.739 llamadas atendidas en la línea telefónica de Violencia Familiar en 2005, la cifra bajó a 5.709 llamadas en 2013. Línea Te Ayudo: de 4.435 llamadas en 2005 a 1.137 en 2013. Línea de Información general y Salud integral: de 11.947 en 2005 se descendió a 2.452 en 2013. (Datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda GCBA sobre base de datos del Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de la Mujer).
El Observatorio de Políticas de Género de la Ciudad no publica estadísticas desde 2010. Los datos circulantes surgen de mediciones realizadas por ONG.
El 1 de junio pasado, 48 horas antes de la convocatoria masiva del #NiUnaMenos, y en una resolución express, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta presentó una brigada contra la violencia que depende de la Policía Metropolitana –la misma que en cuatro años tuvo en su haber 24 muertos, 6 por gatillo fácil– más un equipo de trabajadorxs sociales, psicólogxs y abogadxs.
En la Provincia de Buenos Aires se cumple, más allá de obstáculos planteados en casos concretos, con el acceso a las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) planteados por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el 2014 se realizaron –notificados oficialmente– 234 abortos legales. En el 2011 se habían realizado 88 interrupciones voluntarias del embarazo con lo que se demuestra el aumento en el acceso a este derecho monitoreado por el Programa de Salud Sexual y Reproductiva coordinado por Marisa Matia.
Otro dato que muestra el Ministerio de Salud bonaerense es la baja en las consecuencias en la salud de las mujeres a raíz de las condiciones de riesgo de los abortos clandestinos ya que bajaron los egresos hospitalarios por embarazos terminados en abortos de 18.524 en el 2.011 a 14.009 en el 2014.
“En la gestión provincial se trabajo fuertemente en la línea de acceso de las personas a las múltiples prestaciones de salud sexual y reproductiva. El mayor impacto se produjo en el acceso al aborto legal por causales. La provincia trabajó en la implementación de la causal violencia sexual y salud poniendo el foco en el primer nivel de salud y en los equipos de salud por medio de la capacitación y la asistencia técnica permanente a los servicios y referentes regionales y territoriales, aún antes de que (Ministerio de Salud) de la Nación publicará el protocolo de interrupciones legales del embarazo (ILE). Lográndose de esta forma una articulación eficiente que redundó en más derechos y dignidad para las mujeres de nuestra provincia”, reivindica Sabrina Cartabia Groba, asesora legal del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires.
El actual jefe de Gobierno vetó la reglamentación sobre abortos no punibles –ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación– que había propuesto la legislatura porteño y el gobierno local dispuso más trabas para el acceso a abortos legales que los dispuestos por el máximo tribunal. También el Jefe de Gobierno reveló los datos del día y lugar de una intervención a una victima de trata que tuvo que recurrir a una interrupción de un embarazo producto de explotación sexual y violencia y que le valió una doble revictimización institucional y ante sectores anti derechos. Virginia Franganillo, presidenta del Parlamento de las Mujeres revela: “En relación al aborto no punible en una reunión convocada en el 2014, con agentes sanitarios de hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires se detecto que, en la mayoría de los centros de salud, no se realizan. Las mujeres deambulan de hospital en hospital buscando una guardia amigable y cuando logran ser atendidas ya es tarde poniéndose en riesgo su vida”.
En la Provincia de Buenos Aires se repartieron por parte del Programa de Salud Sexual y Reproductiva 1.060.107 anticonceptivos inyectables en el 2014 y –hasta agosto del 2015– 468.760 más. Para las mujeres que prefieren un cuidado a más largo plazo las inyecciones pueden ser trimestrales y esa jeringa para el placer llegó a 26.808 mujeres en el 2.014 y a 26.910 en el 2015. La más clásica es la píldora y sus tabletas fueron a la boca de 3.026.786 consumidoras en el 2.014 y ya a la de 1.728.209 señoritas o señoras –a gusto y piacccere– este año. Las madres también tienen derecho a una sexualidad sin riesgos y, por eso, se repartieron 456.784 de pastillas especiales para la lactancia el año pasado y 195.526 desde enero a agosto de este año.
Los DIU son para adultas y jóvenes y 55.180 chicas o mujeres pudieron colocárselo gratuitamente el año pasado y 27.000 en este período. Mientras que los implantes subdérmicos que son agujitas que se colocan debajo del brazo y dan dos años de sexo sin miedo de embarazos no buscados lograron dar tranquilidad y goce a 5.400 adolescentes en el 2.014 y a 14.900 chicas bonaerenses en el 2.015 destinados especialmente a prevenir segundos embarazos adolescentes no buscados. También se repartieron 205.308 anticonceptivos de emergencia –el año pasado– y, en el 2015, 4.262.238 preservativos.
En la Ciudad de Buenos Aires existe el Programa de Salud Sexual que es pionero en la Argentina. De hecho, una ley local impone que el primer millón recaudado por el bingo porteño tiene que ser destinado a la compra de anticonceptivos. En el 2008 este dinero corrió peligro de ir a parar al presupuesto general –y no a la compra de insumos– por falta de ejecución. Las/12 quiso conocer la actual inversión pero las autoridades sanitarias no pudieron brindar información.
Mientras que la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires informó que cuenta con el “Programa Ciudad sin Violencia”, impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de la Mujer, la Vicejefatura de Gobierno, en un trabajo articulado con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo objetivo es sensibilizar a adolescentes y jóvenes en escuelas secundarias sobre salud sexual y reproductiva desde una perspectiva integral y de género y promover vínculos saludables. De enero a septiembre de este año el programa sensibilizó a 5.865 personas a través de 313 talleres en 52 talleres sobre métodos anticonceptivos y responsabilidades compartidas; 75 sobre adolescencia, sexualidad y género; 18 sobre VIH e infecciones de trasmisión sexual; 18 sobre derechos en salud sexual y reproductiva; 23 sobre discriminación y diversidad en la escuela; 6 sobre proyecto de vida desde la perspectiva de género; 102 sobre vínculos saludables y noviazgos sin violencia y 19 sobre violencia de género.
A su vez, Pedro Robledo, Coordinador del área de inclusión de la Fundación Pensar y represento a los jóvenes PRO también rescata: “Inauguramos el primer consultorio online en sexualidad de Latinoamerica que rompe el código heteronormativo donde los chicos pueden mandar sus dudas, sus preguntas y hay profesionales de salud, de adicciones y de violencia de gènero y todo lo que es de educación sexual que se llama Chau Tabú”.
Desde el año pasado se comenzó a trabajar en capacitaciones sobre ESI en todas las escuelas provinciales en los tres niveles educativos, para que lxs docentes tengan mayores recursos en el tratamiento de la temática y en la respuesta de las inquietudes que surgen en las aulas.
Articulada con el Programa Nacional de Educación Sexual, la Provincia capacitó durante 2014 a 18.964 docentes de unas 6.000 escuelas secundarias, bachilleratos para adultxs y establecimientos de educación especial que trabajan con adolescentes. “Y este año estamos capacitando a otros 35.000 docentes de 10.000 instituciones de nivel primario e inicial”, explica Eliana Vásquez, responsable del área Psicología Comunitaria de la Dirección General de Educación bonaerense.
Todas las escuelas reciben los materiales editados por el Ministerio de Educación de la Nación, para ser consultados y debatidos en las aulas.
El Programa de Salud Sexual y Reproductiva también realiza capacitaciones en ESI en jornadas destinadas a funcionarixs y equipos provinciales del área de Salud y Educación, como propuesta de formación de formadorxs. El objetivo es fortalecer la promoción de la salud sexual y reproductiva en el marco de aplicación de la Ley de ESI.
Se brindan talleres municipales y regionales de derechos en salud sexual y reproductiva y de educación sexual, con sensibilización en la temática.
La Ley 2110 de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en la Legislatura porteña en 2006, establece la formación obligatoria en educación sexual en todos los niveles educativosEn la Ciudad no se brinda capacitación en ESI a docentes.
En la Escuela de Capacitación docente CePA–Centro de Pedagogías de Anticipación, un espacio público de formación para docentes del GCBA había un equipo que trabajaba ESI pero fue desarmado. Se dio de baja el postítulo sobre Educación Sexual del CePA y prácticamente no hay capacitación docente.
El presupuesto asignado para el presupuesto de la ESI es del 0,001 % y el 86 % de esa cifra se transfiere a Ong´s que se encargan del dictado de talleres, en un sistema de tercerización propio de la gestión.
No existe el cumplimiento integral de la Ley. El Ministerio de Educación porteño deja librado al proyecto educativo de cada escuela la responsabilidad de alguna actividad sobre ESI para darles a niñxs y adolescentes, pero no se bajan líneas pedagógicas ni se trabaja en forma planificada.
El sindicato docente Ademys denunció a una de las Ong´s que imparten ESI en la Ciudad. Se trata de Protege Tu Corazón, organización vinculada a la Iglesia Católica, que dio talleres de ESI a chicxs de sexto y séptimo grado de la Escuela N° 5 Armada Argentina, del complejo habitacional de Villa Soldati. Entre otras recomendaciones, los talleristas les dijeron que la abstinencia es la mejor forma de anticoncepción, que todo tipo de aborto es un asesinato, que los videojuegos llevan a una “sexualización” y condenaron la homosexualidad, la masturbación, la pastilla del día después y el sexo oral.
Un informe de La Fábrica Porteña, espacio que conduce el ministro de Trabajo Carlos Tomada, detalla que durante los siete años de gestión PRO, se advierte un desfinanciamiento de programas y subpartidas asociadas con esta problemática. “La sumatoria de asignaciones presupuestarias de los programas asociados a los derechos sexuales nunca superó los 4.795.000 pesos de 2010, y el presupuesto agregado de estos programas contemplado para 2014, con 2.992.000 pesos, representa el 0,0049 por ciento del presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”
Ley provincial 14.028 de Fertilización Asistida, pionera en el país: permitió el nacimiento de 110 niñxs bajo tratamientos gratuitos realizados en hospitales bonaerenses, obras sociales y medicinas prepagas, que ahora, con la ampliación de la norma, deben sumar los tratamientos que se realizan por donación de óvulos y espermatozoides.
Desde su puesta en marcha en 2011 se atendieron 45.300 consultas por fertilización en establecimientos provinciales, se iniciaron 3.800 tratamientos y nacieron 800 bebés con tratamientos gratuitos en 11 centros públicos de fertilidad asistida y a través de la obra social IOMA. “950 parejas pudieron tener a sus hijxs con un Estado provincial presente –declaró Daniel Scioli–. Macri la vetó porque decía que iba a desfinanciar la obra social de la Ciudad.”
Se habilitaron puntos de consulta en centros asistenciales bonaerenses. En la actualidad se capacita a profesionales de Mendoza, Tucumán, Salta y Santa Fe.
Acceden mujeres que requieran fertilización aunque sean mayores de 40 años, con prioridad a parejas que no tengan hijxs, y a todas las personas más allá de su orientación sexual.
Pueden realizarse 4 tratamientos anuales con técnicas de reproducción asistida de baja complejidad y hasta 3 técnicas de alta complejidad.
Mauricio Macri vetó la implementación de la Ley en un afán proteccionista de obras sociales y prepagas. Sostiene que provocaría un efecto dominó de desfinanciación. Durante 2015, diferentes fallos judiciales expresaron que pese a que el hecho de que la prestación no se encuentre contemplada en el Programa Médico Obligatorio (PMO) no resulta causa suficiente para negarse a prestar un servicio de salud adecuado, “porque los derechos humanos vulnerados trascienden el derecho positivo vigente”.
Hoy no se cumple la Ley de Fertilidad Asistida por parte de las prepagas y obras sociales. Sólo reconocen una parte de la cobertura, y no el 100 % como marca la Ley Nacional 26.862 de Fertilización Asistida, de 2013. Algunos hospitales privados sólo aceptan cubrir el 50 % de la prestación, ponen trabas y asumen una libre interpretación de la norma.
En enero de 2015, el veto macrista fue dirigido a una ley que incorporaba a la Obra Social de la Ciudad (OBSBA) la cobertura médica asistencial integral para los tratamientos de reproducción asistida, de baja y de alta complejidad. Se trata de la Ley 4.075, aprobada por la Legislatura porteña en 2011 y que el PRO prefirió votar antes que otorgar un beneficio universal. El beneficio alcanzaba a empleadxs municipales, incluía los estudios necesarios para el diagnóstico y la medicación correspondiente en todos los casos. Macri la rechazó por medio del decreto de necesidad y urgencia 49/12, aduciendo que OBSBA ya brindaba esa prestación. De esa manera, quedó a juicio de la obra social otorgar o no la cobertura y se marcó un retraso legal absoluto.
En el Inadi se reciben cientos de denuncias contra obras sociales por las limitaciones de la prestación.
En Provincia avanzó el cupo laboral trans: En la Provincia de Buenos Aires se aprobó el cupo laboral trans que impulsó, entre otras, Diana Sacayán y que pone un piso de 1 por ciento de personas trans entre los empleados/as bonaerenses. La diputada Karina Nazabal que impulsó la iniciativa sostiene: “Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires las leyes se vetan serialmente la Ley de Cupo Laboral para Personas Tráns en el Empleo Público ha sido una construcción plural que fue posible por los avances en diversidad sexual, la decisión política de la Presidenta; la agenda militante y activista de las organizaciones LGBTI como el de la compañera Diana Sacayan que lideró los reclamos de la identidad travesti y el compromiso del Gobernador Daniel Scioli que permitió el debate para que se apruebe en ambas cámaras reconociendo la importancia que esta ley tiene otorgando nuevos derechos a lxs bonaerenses”.
Por su parte, Darío Arias de Conurbanos Por La Diversidad- Jóvenes Por La Diversidad compara: “Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se excluye a la comunidad LGBT implementando acciones que solo están dirigidas al turismo internacional en la Provincia de Buenos Aires venimos trabajando con el gobierno `provincial una agenda de inclusión que tiene su máximo hito en la reciente sanción de la ley de cupo laboral trans que permite que el 1 por ciento de los puestos de trabajo generados en la administración pública sean ocupados por personas travestis y trans”.
La Provincia de Buenos Aires fue la primera jurisdicción que inscribió a una niña con ambos apellidos maternos, la primera que inscribió a dos hermanas que instituyó la inscripción de niños que habían nacido antes del matrimonio igualitario y la primera que reconoció una filiación triple”, describe la socióloga Florencia Gemetro, integrante de Lesmadres.
El proyecto de asignación de Ciudadanía Trans presentado por la legisladora María Rachid del FPV está trabado en la Legislatura porteña. “La ley está siendo tratada en comisión hace mucho pero el PRO se niega a firmar dictamen con lo que no podemos avanzar”, informa Rachid. Ella ve otros obstáculos en territorio capitalino: “En las causas judiciales relacionadas a la diversidad como reconocimiento de hijxs o gestación por sustitución, por ejemplo, la Procuración de la Ciudad muchas veces es un problema”.
Sin embargo, Pedro Robledo discute la efectividad de esta norma: “La ley de cupo puede ser más una intención que una realidad porque a veces no se respetan los cupos para mujeres y para discapacidad. Nosotros tratamos de promover una ley que descontara impuestos a las empresas que tomen personal trans”, rebate. “Hemos contratado a personas trans en la Ciudad de Buenos Aires y venimos trabajando para inaugurar la primera casa trans de Latinoamerica. Ya tenemos el inmueble en Balvanera que lo vamos a co-gestionar con ATTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina) en donde vamos a dar capacitación laboral, entre otras cosas. También hubo más de cinco casos de parejas de varones con hijos a través de vientes subrogados que pudieron ser inscriptas en la Ciudad de Buenos Aires. También se inauguró una oficina específica para la comunidad LGTBIQ en el área turismo e inauguramos Buenos Aires Diversa con distintas manifestaciones culturales”.
Una norma porteña positiva es la La Ley 4577, de 2013, en donde se instituyó el 7 de marzo como Día de la Visibilidad Lésbica.
“Luego de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario la gestión de (Mauricio) Macri en la ciudad se negaba a inscribir a lxs niñxs de familia comaternales. Tuvimos que hacer numerosas gestiones para lograr la primera inscripción, señala la agrupación Lesmadres y objeta que: “Macri y (Gabriela) Michetti dieron sobradas muestras de homofobia. En el año 1997 Macri dijo que ‘la homosexualidad es una enfermedad’. En el año 2012 Michetti dijo que gays o lesbianas no deberíamos tener hijos e hijas. Lo justificó asegurando que podrían sufrir discriminación. Incluso agregó que podría estar de acuerdo en el caso que adopten a ‘un niño que esté en condiciones de abandono y en situación de una vida que va a ser muy dolorosa y muy triste’. O sea, para Michetti no sólo hay madres y padres de segunda, como nosotrxs. También hay niños de primera y de segunda”.
Sanción de la Ley provincial 14.453, de 2012, para adoptar medidas de prevención y erradicación de los delitos de trata de personas y explotación, así como la protección y asistencia a víctimas y posibles víctimas. La provincia amplía la línea de trabajo a las diferentes formas de explotación. Es decir que aunque no se configure el delito de trata, pueden ocurrir otros delitos como explotación sexual, trabajo infantil o reducción a la servidumbre, en los que el Estado provincial tiene competencia para investigar y responsabilidad de asistir a las víctimas.
Se creó la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia. Ahí funciona el Programa de Rescate y Acompañamiento, que asiste a las personas afectadas por el delito de trata y de cualquier tipo de explotación. Cuenta con un equipo interdisciplinario para acompañamiento y asistencia a las víctimas.
Implementación del Sistema de Refugios, que brinda alojamiento, protección y contención a las víctimas de trata y explotación. Se puso en funcionamiento el 0800-666-4403 en el ámbito del Ministerio de Justicia para denunciar posibles situaciones de trata o explotación.
En el área de Seguridad se establecieron protocolos específicos para el tratamiento y judicialización de las denuncias sobre situaciones de trata o explotación recibidas a través del 911, y para la actuación de las fuerzas de seguridad en el rescate de las víctimas. Funcionan refugios especializados en Marcos Paz y Avellaneda, y está por agregarse otro en el partido de Tres de Febrero. El Ministerio de Justicia también firmó un convenio con la Fundación María de los Ángeles y el Consejo Nacional de las Mujeres para poner en marcha un refugio para víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y delitos conexos en la ciudad de Mar del Plata.
Se designaron fiscalías referentes en el ámbito de la Procuración General, para la investigación de posibles casos de trata de personas o explotación.
Oficina Provincial para la Lucha contra la Trata de Personas, Explotación Sexual Infantil y la Protección y Asistencia de las Víctimas, creada por Ley provincial 14.453. Es un ente autárquico interinstitucional que formula políticas públicas. Su antecedente es la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas creada en 2010.
Está en vigencia la Ley 2.781, que garantiza la asistencia integral a las víctimas de trata. Pero las acciones se concentran en un organismo, el Area Trata de Personas, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Un mail institucional es la única vía de contacto con ese organismo. Interviene, como en casi todos los ámbitos del Gobierno porteño, a través de programas y proyectos desarrollados por un mix de instituciones públicas, privadas y ONG.
Si bien por Decreto N° 130/2010 se creó un Comité de Lucha contra la Trata, integrado por representantes de diferentes ministerios, no hay información pública que indique que este Comité se haya conformado. Esto contrasta con lo que sucede en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires, donde existen organismos con competencia específica en el tema, así como también ámbitos que promueven un trabajo articulado interinstitucional e intersectorialmente.
La mirada con la que se aborda esta problemática es estrecha: no se lleva adelante ninguna política específica para la erradicación y asistencia a víctimas de explotación sexual o laboral.
Durante los ocho años de gestión macrista en la Ciudad, sólo se creó un refugio para víctimas con capacidad para 18 personas.
Este año, Lorena Martins, la hija del “zar del proxenetismo” y ex agente de la Side, Raúl Martins, volvió a ratificar los vínculos de aquél con Mauricio Macri y los aportes de dinero que hizo para la campaña electoral anterior del candidato, que a su vez visitó uno de los locales de Martins en Mexico. Lorena denunció ante la Justicia la connivencia entre el macrismo y la red de trata de personas liderada por su padre y ex agentes de la central de inteligencia, a propósito de la protección que reciben sus prostíbulos a través de un funcionario de la Agencia de Control de la Ciudad. Asegura que la lucha contra la trata en la Ciudad es una mentira y que los locales siguen funcionando en el territorio porteño “gracias a habilitaciones truchas. Lo que pasa es que hay una impunidad absoluta”.
Lactarios y jardines maternales: “Las mujeres no podemos ni debemos ser las únicas responsables de las tareas del cuidado, la crianza y la vida domestica– La democratización de las relaciones familiares es la única salida para un futuro donde varones y mujeres podamos además de trabajar y desarrollarnos como personas, poder acompañar el crecimiento y la educación de nuestras hijas e hijos de forma equitativa. Por eso la multiplicación de lactarios en la provincia y en el país, de la mano de Lorena Scioli, son fundamentales –afirmó la Ministra de Gobierno bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez–. También la apertura de jardines y escuelas primarias publicas con jornada extendida, como la ampliación de los jardines maternales. También en la provincia se avanzo en propuestas legislativas que amplían las licencias de maternidad, paternidad y las compartidas. Todas medidas que no solo otorgan derechos sino que ponen en debate, crean y modifican aquello que requiere de ser transformado para garantizar el cambio cultural que buscamos porque la conciliación entre la vida familiar y laboral, las llamadas crisis del cuidado, requieren de respuestas del Estado. No son problemas de cada mujer, ni cada familia, sino que necesitamos políticas públicas que den respuestas a problemas que son sociales”.
La Gobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires y Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal fue consultada por Las/12 pero no pudo responder por problemas de agenda. Desde Cambiemos el diputado del PRO Francisco Quintana reivindica: “La Ciudad de Buenos Aires es pionera en el diseño e implementación de políticas públicas promotoras de equidad de género. A partir de 2007, en consecuencia con las transformaciones del modelo familiar tradicional y en pos de fortalecer una política integral de cuidados se crearon cincuenta y nueve Centros de Primera Infancia. Todos logros que hablan de un compromiso por alcanzar una sociedad más justa donde las mujeres ocupen el lugar que se merecen y puedan desarrollar sin miedo con autonomía y en plenitud todas sus potencialidades”.
El presupuesto de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó de 0,1 por ciento del total en 2007, al 0,06 por ciento para 2015. Esta baja presupuestaria se condijo con una falta de profundización de las políticas y estrategias del área. En este período no se crearon otros programas específicos ni nuevos recursos que ampliaran y transversalizaran el alcance de las políticas públicas. Geraldine Oniszczuk, integrante de La Fábrica Porteña resalta: “Estos ocho años de gestión del PRO fueron abandonando las políticas existentes al momento de su llegada al gobierno por medio de su progresivo desfinaciamiento y desarticulación institucional y, por otro lado, se anularon todos los canales de debate y análisis de nuevas estrategias para potenciar el alcance de las políticas del sector”.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.