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Toda revolución dormida deja de ser una revolución. La píldora fue una revolución en los años sesenta que permitió a las mujeres tener sexo sin amor, por amor al sexo o con amor pero sin querer tener hijos. Pero con la píldora sola no alcanza. Se necesitan personas que la repartan y que capaciten a quienes la repartan. Esta semana despidieron a casi la mitad de las/los integrantes del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (PSSyPR), que quedaría debilitado si no se retrocede y reincorpora a quienes ponen el cuerpo para que los derechos sean respetados.

Pero, además, otras revoluciones –con menos ruidos– trajeron nuevos anticonceptivos bajo el brazo. El anticonceptivo subdérmico tiene el mismo efecto que las pastillas, con la enorme ventaja de que dura tres años y no depende de olvidos, no tiene que estar a la vista de padres, madres, hermanos, ni novios o maridos; no se ajusta a cuándo hay plata, tiempo o voluntad de ir al hospital ni a cuándo las relaciones sexuales son previstas y no sorpresivas o casuales. Se coloca a través de una agujita que evita embarazos no buscados y es la mejor inversión para no poner en riesgo a las jóvenes que ya pasaron por riesgos. Por eso, a partir de 2013, el Estado repartió 12 mil nuevos implantes hormonales subcutáneos destinados especialmente (no porque no lo puedan usar otras mujeres) a adolescentes de entre 15 y 19 años con un embarazo o aborto previo para evitar un segundo embarazo adolescente. Su colocación fue priorizada en las jóvenes sub 20 de Jujuy, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero, Formosa y Buenos Aires. Ahora los implantes subdérmicos están en falta y las jóvenes en riesgo no tienen a su disposición el anticonceptivo más eficiente para esquivar burlas, despistes, controles o sorpresas, con protección y sin riesgos.

La falta del anticonceptivo más nuevo pone en alerta qué está pasando con el resto de los anticonceptivos. Por un lado, las nuevas autoridades del Ministerio de Salud de la Nación aseguran que la continuidad en la compra y distribución de anticonceptivos está asegurada en la misma cantidad, calidad y variedad que desde la creación del PSSyPR, en 2003. Mientras que también hay grietas –en el traspaso de la gestión kirchnerista a la de Cambiemos– en la compra de preservativos, DIU T, pastillas para la lactancia y anticoncepción de emergencia que hacen urgente la provisión y distribución. Sin embargo, fuentes oficiales aseguran que los centros de salud están abastecidos de métodos para prevenir embarazos no buscados y enfermedades de transmisión sexual.

Otra deuda fundamental para que la expectativa de vida de las personas trans no sea, en promedio, de cuarenta años, son los tratamientos de hormonización provistos por el Estado. Su compra también está pendiente. Aunque fuentes oficiales afirman que se va a continuar con los protocolos de salud pendientes para personas trans.

El mayor problema latente es la falta de implantes subdérmicos. "Es una situación delicada pero viene de hace un tiempo atrás. Por ahora, en los centros de salud, les tienen que dar otro método como inyecciones trimestrales, pero después se va a continuar el reparto", asegura una fuente del Ministerio de Salud. La cotización del implante es elevada y lo produce un solo laboratorio en el país. En 2014 el costo era de 1.900 pesos por unidad y la colocación (en el sector privado) ascendía a 3.000 pesos. Su precio hace imposible que las jóvenes de sectores populares puedan poner su brazo y ganar tranquilidad sin políticas públicas que le acerquen el progreso a sus cuerpos. Por otro lado, el monopolio y el valor habrían entorpecido una licitación que, hasta ahora, no está destrabada. Pero no se puede dar paso atrás por sobre los avances.

Los otros anticonceptivos y preservativos no faltan de centros de salud, pero la situación sí es de urgencia. Según la gestión anterior se realizaron compras para garantizar el stock post electoral, pero ante las corridas para que no hayan faltantes otras voces –que piden reserva de identidad– se preguntan: "¿Qué pasó que no teníamos todo el backup para enero y febrero? Habría que haber tenido (insumos) hasta abril en caja".

La preocupación no es solo por la falta del implante subdérmico. Esta semana, se levantó el alerta sobre un posible debilitamiento del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (PSSyPR), cuando se conocieron veinte despidos de personas capacitadas para ejercer las políticas públicas del área. El gremio ATE negocia, al cierre de esta edición, con las autoridades del Ministerio de Salud la reincorporación de las personas despedidas.

Por otra parte, se nombró a Silvia Oizerovich y Gabriela Perrota como coordinadoras del Programa. Las dos, en equipo, venían de realizar la misma tarea en el Programa de Salud Sexual y Salud Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires. Oizerovich es médica ginecóloga del Hospital Pirovano, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil y de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción y, más allá de los curriculum formales, es una defensora de los métodos de larga duración (como el anticonceptivo subcutáneo en falta o los DIU´s), y eso implicaría la garantía que va a pelear para que la oferta de cuidado no se reduzca sino que contemple las garantías más modernas y eficaces para las mujeres y jóvenes. Perrota es doctora en Psicología e integrante de los comités científicos de ambas asociaciones profesionales. Ellas asumieron con el compromiso de las autoridades sanitarias de cumplir con los lineamientos del PSSyPR y por la urgencia de garantizar el abastecimiento de insumos.

Marta Alanis, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante del Consejo Asesor del PSSyPR otorga su confianza a la nueva Coordinación: "Con el nombramiento de Silvia Oizerovich se logra un respiro en el caos que había en el Programa. Es una persona capaz, comprometida y recta. Sin embargo, no podemos evaluar si habrá insumos para todo el año, si habrá personal suficiente para garantizar aquellos aspectos que requieren de la capacitación a efectores de salud. No sabemos si se podrán distribuir correctamente los métodos anticonceptivos, los tratamientos a personas trans y si habrá voluntad política para sostener el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. Todos esos interrogantes no son sobre la persona nombrada sino sobre la política del Ministerio de Salud. Pero, por mi parte, doy un voto de confianza a quien acaba de asumir".

Más allá de insumos, licitaciones y avances científicos está la gente. Esta semana se produjeron veinte despidos en el Programa de Salud Sexual, a pesar de que las autoridades sanitarias se habían comprometido, con el Comité Asesor, a no despedir a ninguno/a de los y las 55 integrantes del PSSyPR. La delegada de la junta interna de ATE, Camila Lynn, enfatiza: "Si despiden gente, el Programa queda afectado. Hoy tenemos funciones los 55 trabajadores/as. De llevarse adelante estos veinte despidos el área de Fertilidad quedaría sin personal, Comunicación quedaría con tres personas, el área de Diversidad apenas con tres personas, Monitoreo pasaría a contar con solo dos personas y Promoción Comunitaria apenas con cuatro integrantes. Es imposible trabajar con esa cantidad de gente. Por eso vamos a seguir con las negociaciones para evitar los despidos".