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El día que abrieron la puerta de la celda de esa comisaría de San Vicente para comprobar la situación de hacinamiento en la que se encontraban, todas se apiñaron contra el vértice sucio de una de las paredes, en un acto reflejo de autodefensa y protección colectiva. El equipo de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) que interviene como organismo patrocinante no podía creer lo que tenía frente a sus ojos: mujeres aterrorizadas, en condiciones deplorables, las espaldas juntas, los brazos enlazados para protegerse de un enemigo que las venía sometiendo a hostigamientos, maltratos verbales y corporales, y agresiones sexuales denigrantes. Una reunión del titular de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, con el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, logró destrabar la situación y se consiguió garantizar el traslado de las víctimas, de entre 20 y 30 años, a otras dependencias policiales y a la Alcaidía 3 de La Plata, pese a que el organismo tramita un pedido para que les otorguen prisión domiciliaria y así salvaguardar su integridad. Ritondo se comprometió a atender las medidas de protección y a investigar a fondo las responsabilidades policiales en todas sus jerarquías. Al cierre de esta edición, seis policías fueron detenidos, acusados por los delitos de “severidades y vejaciones” en perjuicio de detenidos, hombres y mujeres, que eran sometidos a diario en el destacamento policial de la localidad de Domselaar, informó la titular de la Fiscalía N° 7 a cargo del caso, Virginia Bravo. Tras la detención, el ministro de Seguridad resolvió separarlos de la fuerza, pero lo cierto es que por estas horas, al grado de contención prácticamente nulo de los lugares que alojan a las mujeres, se agregan las presiones a las que estarían siendo sometidas por los mismos penitenciarios que las vigilan. Todo esto en un sordo espíritu corporativo con los policías denunciados en el expediente que se sustancia para identificar responsables y determinar el grado de complicidades que llevó las cosas a un estado digno de una película de Tarantino. “No la están pasando nada bien”, confirmó una de las fuentes de la causa.

Ahora, Bravo y el titular del Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata que interviene, Federico Atencio, deberán sumar los casos de otros dos jóvenes que sufrieron torturas y malos tratos de los agentes detenidos. Según se pudo conocer, las secretarías de Derechos Humanos y de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires realizarán un seguimiento de la causa, como parte de los monitoreos que harán a partir de este año sobre la problemática de personas detenidas en comisarías y cárceles bonaerenses, donde los protocolos locales e internacionales de trato humanitario brillan por su ausencia.

La directora de Litigio Estratégico de la CPM, Margarita Jarque, dijo que las mujeres patrocinadas por el organismo como particulares damnificadas, pertenecen a franjas sociales de extrema vulnerabilidad, y serán asistidas por un equipo interdisciplinario. “Las declaraciones que realizaron ante la fiscal Virginia Bravo son contundentes. Entendemos que el tratamiento por parte de esos agentes policiales debe ser enmarcado como torturas, y las pericias de parte que se están elaborando visibilizan el shock emocional que atraviesan.”

En las denuncias describieron los golpes, tormentos físicos, verbales y psicológicos, y agresiones sexuales que padecieron durante meses, mientras estaban alojadas en una celda de tres por cuatro metros con dos camas de cemento, un inodoro casi siempre tapado y algunos colchones tirados en el piso que les habían provisto sus familiares, quienes también les acercaban alimentos. Nunca recibieron alimentación adecuada ni cuidados médicos. Y en la fiscalía escuchaban una vez más la descripción de un sistema de encierro donde la tortura se convirtió en práctica habitual de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Los rostros de las que fueron desfilando ante la fiscal Bravo todavía llevan las marcas del aislamiento extremo y los encierros de 24 horas.

De acuerdo con un informe de la CPM al que tuvo acceso Página/12, los responsables de las torturas permanentes eran los policías encargados de su cuidado, casi todos varones pese a que se trataba de una comisaría destinada a alojar mujeres, y sólo unas pocas agentes que avalaban ese accionar. Entre todos las mantenían bajo amenaza continua. “Están acá por putas”, “sus familias saben que son putas”, son algunos de los insultos más leves que les dedicaban día y noche a este grupo que aprendió a bajar la mirada para que no las molieran a golpes. Pero fue el 31 de diciembre último cuando los agentes decidieron despedir el año a lo grande, entraron a la celda y comenzaron a insultarlas y amedrentarlas para después obligarlas a salir a ese patio jaula que formaba parte del paisaje, a esperar la sorpresa que les tenían reservada: ellos subidos al techo enrejado, masturbándose mientras les gritaban “a ver a quién le cae este guascazo”. Los infelices prolongaron el clima festivo hasta la madrugada del 1° de enero, cuando otro de los agentes les tiraba petardos a las víctimas dentro de la celda. Según las fuentes, “les dijeron que les iban a meter un tiro en el el culo por putas y que iban a informar que habían querido escaparse”.

Sin embargo, en la CMP sostienen que otro hecho grave y posiblemente el detonante final del horror que siguen arrastrando ocurrió a mediados de enero, cuando las mujeres presenciaron la detención de un hombre ingresado a la celda contigua y escucharon cómo habría sido golpeado y torturado con picana eléctrica. Después los policías lo vistieron con ropa íntima de las detenidas que les obligaron a entregarles, y finalmente abusaron de él. En la fiscalía de Brandsen, que interviene en esta última causa, constataron las condiciones de encierro del lugar y el peligro que corren lxs detenidxs.

“Desde hace años los calabozos de comisarías de la provincia de Buenos Aires son sitios que habilitan la violencia estatal como una posibilidad para la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”, concluyó Jarque, en una definición que expone uno de los agravamientos institucionales más naturalizados de las violaciones a los derechos humanos.