El próximo 5 de junio Perú tiene que decidir entre dos candidatxs de derecha, quienes manifiestan abiertamente la intención de seguir adelante con el modelo neoliberal planteado por Ollanta Humala, el actual presidente. Ellos son Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos Por el Kambio (PPK) y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Atrás de ellos, la candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza, quedó afuera del ballotage y construyó una fuerza de izquierda opositora que logró el 18,8 por ciento de los votos. Pero no alcanzó: quienes sueñan un Perú con aborto legalizado y un lugar en la agenda para los derechos civiles de la población indígena van a tener que esperar.

Keiko viene con portación de apellido. Alberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000 y se divorció de su esposa, Susana Higuchi, durante su mandato: ella lo acusó de torturas físicas y psicológicas y fue la hija de ambos, la ahora candidata, la que “reemplazó” a su madre en el cargo de primera dama, tal y cómo sucedió en nuestro país con Zulemita Menem y “el papi”, en esos pases de magia de estos líderes patriarcales que ponen a sus mujeres en el lugar de objetos decorativos y cuando la dupla se desgasta trasladan a sus hijas el peso de la diplomacia acartonada. Que Keiko haya llegado a este punto, la favorita para convertirse en la primera presidenta de Perú, es como si Zulemita hubiera peleado por la presidencia frente a Macri en octubre pasado. Comparar a Macri con Kuczynski no es inocente en un contexto regional en el que la derecha parece volver con una fuerza renovada y con el revanchismo que le endilgan a los gobiernos populares, para restaurar algo de ese “orden” que hace veinte años encarnaron Menem y Fujimori. Este último, preso con una condena de 25 años de cumplimiento efectivo a pesar de su edad, acusado de delitos de lesa humanidad y corrupción. Se espera que su hija, de ser elegida, intente indultarlo y ayude a revertir la imagen de quien fuera perseguidor de periodistas opositores, malversador de fondos públicos y el cerebro de una organización que implantó el terror desde el Estado en una sociedad en que la militarización de las fuerzas de seguridad estaban amparadas en la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso.

Keiko es mujer pero los derechos de las mujeres le importan poco. O cree, como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el aparato publicitario que pensó su campaña, que nosotras podemos hacer carrera pero la familia es lo primero. Sobre lo que no se pronuncia, y que llevó a miles de mujeres a las calles de Lima el 5 de abril, es sobre las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas miles de mujeres durante el mandato de su padre. La Defensoría del Pueblo de Perú registró (en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), 2.074 denuncias y 44 muertes de mujeres debido a las consecuencias de lo que fue llamado “anticoncepción quirúrgica voluntaria”, un plan que fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Siguiendo un informe de la Corte publicado en 2002, se realizaron por lo menos 272.028 esterilizaciones forzadas a indígenas y campesinas pobres de zonas rurales que fueron engañadas y amenazadas para cumplir el objetivo fujimorista de violar todos sus derechos sexuales y reproductivos y pensar que tal atropello quedaría impune. “Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar” rezaban las consignas de las que marchaban con las piernas pintadas de rojo y a quienes Keiko ignoró, en una causa que fue archivada en 2014 a pesar de los testimonios. Probablemente Keiko llegue a presidenta como Macri llegó a ocupar el cargo en nuestro país, con una adhesión tibia y dubitativa, sin apoyo popular y justificando el voto en la falta de alternativas. Pero las mujeres de Perú ya están en la calle, y no van a limpiarse la sangre hasta que se haga justicia.