Entre las medidas de ajuste que el actual gobierno nacional está tomando desde su asunción se encuentra el posible cierre de las salas de 4 y 5 años del jardín de infantes que funciona en el Ministerio de Agroindustria de la Nación desde hace más de treinta años. El pretexto: la oferta educativa para el ciclo inicial que ofrece la Ciudad de Buenos Aires puede albergar a los chicos y chicas de esas edades. Frente a esta situación, compleja desde varios puntos, es importante tener en cuenta que la Escuela Infantil “Elefante Trompita”, pública y de gestión privada, funciona como un servicio para lxs trabajadorxs del Ministerio desde 1979, con amplio consenso acerca de su calidad educativa.

Además es un nivelador de oportunidades para que las trabajadoras puedan ejercer su derecho a trabajar en igualdad de condiciones que sus pares varones, desde el período de lactancia hasta los primeros años de escolaridad. La existencia de estos espacios de cuidado en los lugares de trabajo es fundamental para que el principio de igualdad de oportunidades se cumpla. Y además, en el caso de este jardín, todxs los que trabajamos en el Ministerio sabemos de la calidad y la responsabilidad de maestrxs y trabajadorxs que lo llevan adelante a diario. Poner en riesgo su existencia haciendo referencia a otros servicios educativos a los cuales se puede acceder (y donde quedó demostrado que su acceso público y universal no es rea en la Ciudad de Buenos Aires) es, como mínimo, cuestionable.

Un Estado que se precie de garantizar los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas y que bregue por garantizar la igualdad de oportunidades contiene en sus políticas una perspectiva de género, para no perder de vista la existencia de desigualdades entre varones y mujeres y para accionar las medidas que sean necesarias para reducirlas. Las políticas públicas de cuidado ponen en la agenda pública la necesidad de problematizar el rol social del cuidado de niños, niñas y ancianos y cuáles son las limitaciones a que se enfrentan aquellas personas que se hacen cargo de esa tarea, generalmente, sin percibir remuneración alguna: las mujeres. Por eso, que el Estado encare dentro de sus políticas la responsabilidad del cuidado, las libera de este trabajo invisible y poco reconocido social y económicamente.

La Ley de Contrato de Trabajo y diversos convenios colectivos de trabajajo garantizan la instalación de guarderías y salas maternales dando respuesta a estas demandas de cuidado y generando igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. De esto se trata una política pública con perspectiva de género que requiere tanto un apoyo simbólico, como material y físico, con todos los recursos necesarios para achicar las brechas de género.

Por todos estos motivos, el riesgo de cierre de estas dos salas es, fundamentalmente, el avance sobre un derecho adquirido para lxs trabajadorxs del Ministerio de Agroindustria, que además involucra a la educación y al cuidado de bebés, niños y niñas.

(*) Clara Malcolm es Licenciada en Sociología (UBA) y Fernanda Rojo Licenciada en Ciencia Política (UBA) y especialistas en género y desarrollo rural.