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El pedido de la mamá de la víctima, Sara Barni, es que al mismo tiempo que se conozca la sentencia de este juicio se decida la prisión preventiva, ya que muchos condenados se fugan mientras apelan, y esperan que la sentencia quede firme. Como Coronel fue separado de la Policía, ya no tiene arraigo y sí cuenta con familiares en otra provincia que pueden asilarlo. Mientras espera la definitoria jornada de hoy, Sara cuenta que está gratamente sorprendida por el trabajo de la defensora de menores, Carina Chávez, el fiscal Julio César Castro y el tribunal oral en lo criminal número 3, integrado por Enrique Gamboa, Diego Leif Guardia y Adolfo Calvete. “Sé que mi caso es el uno por ciento, porque tanto el fiscal, como la defensora y el Tribunal han sido muy respetuosos, llevaron adelante el juicio con conocimiento del tema, defendieron los derechos de la niña y no dejaron que se implemente el SAP”, dijo Barni.

De hecho, la querella -a Sara la representa el abogado Andrés Bonicalzi- pedirá la pena de 20 años de prisión y esperan que el fiscal se acerque a ese pedido. Consideran que las pruebas aportadas por peritos oficiales, tanto psiquiátricos como psicológicos, y también de la profesional que actualmente atiende a la víctima en la Casa Cuna, fueron contundentes sobre el delito cometido.

Es que la defensa del violador puso todo tipo de trabas: una de las estrategias fue el recurso al falso síndrome SAP, que muchos agentes judiciales asumen para enfocar en la madre de la víctima. No los dejaron. También, como la víctima ahora tiene 16 años, la defensa pretendía que volviera a declarar, más allá de la cámara gesell, donde pudo probarse lo vivido por la chica entre 2009 y 2014. Esa revictimización es ilegal, y así lo arguyó Chávez en las audiencias. “No iba a permitir que mi hija tuviera que pasar por una declaración, ella ya me dijo que no quiere saber más nada, y además, estaría en contra de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, de rango constitucional”, explicó Sara.

Sara inició su relación con Coronel en 2003, y dos años después tuvieron un hijo en común, el hermano menor de la nena abusada. Los abusos sexuales empezaron en 2009, cuando la nena tenía 9 años. La primera penetración fue cuando ella tenía 12. En coincidencia, a la víctima se le declaró una epilepsia, que su madre considera traumática. De hecho, un estudio reciente demostró que no tiene lesiones neurológicas compatibles con esta enfermedad. Fue la respuesta de su cuerpo al ataque. Es lógico que la nena estuviera aterrorizada, el agresor también la amenazaba de manera muy directa. Cuando aparecían noticias de femicidio en la televisión le decía: “Eso es lo que pasa a las chicas que no se dejan violar”. También le aseguraba que Sara, su madre, no le perdonaría que se “hubiera metido” con el marido, o que nadie le iba a creer.

El 15 de septiembre de 2014, Sara denunció lo que su hija le había logrado contar. Desde entonces, la vida de esta mujer dio un vuelco: antes trabajaba de 8.30 a 19, pero después de la denuncia, el tiempo que llevaban los trámites la obligó a dejar de trabajar. Además, era engorroso obtener la atención adecuada en OSDE. “Me decían que fuera al sistema público, porque allí no tenían espaldas, la psicóloga no se quería hacer cargo”, pero también en la salud pública le ponían obstáculos por contar con una prepaga. “Hay una ley nacional de epilepsia que obliga a cubrir la medicación, nadie me la cubría, me empecé a meter hasta que llegué a Desarrollo Social, y empecé a ver cómo se desentendían. Había muchas madres que se iban llorando y no conseguían lo que necesitaban”, recordó.

Lo más indignante para Sara estuvo en la respuesta judicial inicial. La fiscal Mariana García, firmó la eximición de prisión, pese al evidente riesgo de fuga del acusado, y de las amenazas de “hacer correr sangre” tras la denuncia. Incluso, Sara le pidió a la funcionaria que tomara medidas, porque si bien habían quitado el arma reglamentaria de Coronel como agente de la Metropolitana, todavía tenía una escopeta en su poder. “La fiscal me respondió que él no había cometido el delito con armas”, rememoró Sara con indignación.

Como muchas otras mujeres en situaciones críticas, Sara decidió hacer algo más que pedir justicia por su hija. Así fue como se contactó con Bonicalzi y juntos impulsaron una organización no gubernamental, Red Viva (redviva.com.ar), donde no sólo prestan asistencia jurídica sino también psicológica -y accesible- a víctimas de abuso sexual. “Conseguí tres psicólogas que son las que están trabajando en la red, en forma voluntaria y Andrés nos asesora”, relató Sara, que ahora activa no sólo su causa, sino las de otras mujeres que han denunciado abuso sobre sus hijxs. “Nos dio mucho resultado ir con las madres a los juicios, cuando sabemos que una fiscalía quiere hacer un juicio abreviado, por ejemplo, vamos a manifestarnos. La última vez querían cerrar uno con seis años, pero luego terminó haciéndose el juicio oral y la pena fue de 14 años”, subrayó. En esos procesos, aseguró, se utiliza mucho el recurso del SAP. De hecho, en muchos procesos, se pone el foco en la mamá de la víctima, y así “hubo uno que me impactó, porque la fiscal parecía la defensora del violador”, contó.

Sobre su hija, Sara asegura que el juicio oral es una posibilidad de reparación. “Simplemente espero que haya una condena, que se pueda cerrar un ciclo, eso es reparador. Hay mucho para laburar, porque esto tiene consecuencias que no son medibles todavía, pero por lo menos vos sabés que la justicia se hizo cargo y actuó en consecuencia”.