Una abogada puede defender a una empleada que es despedida en un embarazo, pero si se queda embarazada tiene que dejar de cobrar su sueldo o trabajar sin ningún día para amamantar, conocerse y deambular por el sueño del puerperio sin sentir culpa por el bebé, cansancio infinito o falta de dinero. Una empleada doméstica que va de casa en casa cuidando hijos e hijas de mujeres que trabajan y que no está anotada en blanco cambia pañales, hace la merienda, hace de transporte escolar de regreso a la escuela o baña a chicos y chicas, pero si se queda embarazada no puede cobrar los días para no sacar a su propio hijo al frío, para jugar sin interrupciones o para descubrirse en los ojos de un bebé que crece bajo su abrigo. Una veterinaria puede casarse con otra mujer, ser su esposa y acceder a tratamientos de fertilización asistida en hospitales públicos u obras sociales, pero si las dos se convierten en mamás una tiene licencia por maternidad y otra es relegada al exilio de la nada de tiempo para apoyarse mutuamente y crecer en la co-maternidad compartida. Un papá del siglo XXI puede querer apegarse a su bebé, cambiar pañales al mediodía y levantarse a las tres y a la cinco en el tiempo sin luz ni cielo estrellado solo por el amoroso desgarro del tiempo sin tiempo y de la noche y el día sin límite ni freno, pero solo tiene dos días para no poner el pulgar en el contabilizador de horas de presentismo en su empleo y ni siquiera un fin de semana largo se equipara al estimulo de una paternidad responsable y compartida. Una mamá con derecho a la licencia por maternidad puede querer dar la teta exclusiva hasta los seis meses como piden los pediatras, la OMS, UNICEF, el Ministerio de Salud y tuttis a gritos, pero sin que nadie le diga cómo sacarse leche en baños que expulsan cualquier estadía y teniendo que volver a trabajar antes de los tres meses del bebé, sin ningún otro día libre a partir de la vuelta a la maratón laboral y ninguna extensión para que maternar y trabajar no sean dos tirones que solo dejan en deuda de deber ser permanente a las mujeres.

Hoy solo el 50,4 por ciento de las trabajadoras tienen licencia por maternidad, por lo que una de cada dos madres esta afuera de la posibilidad de cuidar en los primeros días de vida a su hijo/a sin perder su ingreso económico. La licencia por paternidad no alcanza ni para abrir la cuna o ir a la farmacia a comprar óleo calcáreo, pero -aún así- solo la reciben el 49 por ciento de los trabajadores.

La falta de una política de cuidados en la Argentina es una de las grandes deudas pendientes del Estado y nunca se logró aprobar ni extensiones a la licencia por maternidad, ni a la de paternidad, ni centros de cuidados infantiles garantizados desde los 45 días, a pesar de muchos proyectos que duermen en el Congreso Nacional todo lo que no duermen -aúllan- los hijos e hijas de las trabajadoras con esfuerzo a sol y sombra para malabarear solas todos los frentes. Tampoco los sindicatos avanzaron -aun con años de paritarias con viento a favor- en reformas por sector que impliquen un avance para que conciliar la vida familiar y laboral no sea una misión tan imposible como la paz en el mundo. Frente a este panorama, se vuelve a presentar un proyecto que contenga algunas de las reformas urgentes para hacer justicia con las mamá-pulpo y aliviar -apenas- la mochila recargada en la espalda de las mujeres en la crianza de niñas y niños. Porque es justo y, también, porque es efectivo.

El Estado es responsable

En este sentido, en la semana posterior al día del padre, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) pide que no solo se regale una camisa o un libro, sino que se fomente la paternidad responsable e igualitaria desde el Estado. Y que el Congreso Nacional apruebe un proyecto de licencias parentales con los siguientes lineamientos: 98 días de licencia por maternidad paga (ahora son 90) como pide la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Recomendación 183 (sin ignorar derechos adquiridas o sea que si hay trabajadoras en algunas municipalidades o provincias o ramas de oficio que tienen más días por legislaciones locales o convenios colectivos no se les pueden quitar esas licencias más largas); extensión a mínimo de quince días (pero que, en el proyecto de máxima, llegaría a treinta días) de licencias por paternidad; crear una licencia familiar fraccionable (con incentivos para que la usen los varones) de treinta a sesenta días que se pueden tomar todos juntos, por días (para ir al pediatra o cuando el bebé está enfermo) o incluso por horas (con reducción de la jornada laboral) para facilitar la lactancia; avanzar hacía un esquema universal de licencias sin discriminación por hogares, jurisdicciones, ni ocupaciones (y que la licencia también corresponda a las y los monotributistas, a las desempleadas que necesitan buscar trabajo y a quienes trabajan pero son informales). Otra necesidad imperiosa es que los días para poder zambullirse en el nacimiento de una nueva familia sea para hijos/as biológicos o adoptivos.

Una reforma impostergable es que las licencias (aunque en realidad la paterna es casi inexistente en la actualidad) se adapten a la realidad de las nuevas familias y a la ley de matrimonio igualitario y de fertilización igualitaria. El proyecto de CIPPEC contempla que las familias con dos mamás o con dos papás o con dos mamás y un papá o cualquier nuevo esquema de identidad, amor y libertad puedan hacer un combo de días de licencia y distribuirlo flexiblemente entre los integrantes de la familia. Por ejemplo, si la ley contemplaría 98 días de licencia materna, 15 paterna y 30 más en común, dos mamás pueden distribuirse ese tiempo para que cada una se pueda quedar con el bebé en su casa -sin dejar de cobrar ambos salarios- 128 días cada una.

El proyecto necesita ser impulsado en el Congreso Nacional por algún diputada/o y la idea es generar un consenso multipartidario que lleve a la aprobación de este nuevo esquema de licencias y a su puesta en práctica por el Poder Ejecutivo. Además, para ser realmente efectivo, debería ser completado con centros de cuidados públicos y de calidad, para todos los niños y niñas, desde los 45 días, no como si se ganara la lotería de un cupo, una beca o una casualidad aislada, sino como un derecho garantizada para todos los bebés, las mamás y los papás. “Los derechos de los niños están siendo vulnerados y esta no es una propuesta cara en el presupuesto, pero genera derechos y es la que mayor retorno tiene en el mediano y largo plazo.”, sostiene Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social de CIPPEC.

La estimación económica es que el proyecto tendría un costo para el Estado de 21.699 millones de pesos del 2016 al 2020 que representa el 0,09 por ciento del Producto Bruto Interno en el caso de la reforma mínima de ampliación a 98 días de la licencia por maternidad, de pasar medio mes la licencia por paternidad y a un mes los días para llegar sin la lengua afuera al pediatra o quedarse cuando la gripe, la bronquiolitis y el frío acechan la salud de los recién nacidos. Si el Estado se juega y apuesta a una reforma mayor –con un mes para que los padres puedan entender que tener un hijo no es solo una responsabilidad femenina y con sesenta días de bonus track para favorecer el desarrollo del bebé, la tranquilidad de la mamá y el papá y el espacio para promover la lactancia– la inversión total por cuatro años (hasta el 2020) sería de 36.928 millones y una torta en el PBI argentino de solo 0,23 por ciento.

El Ministerio de Agroindustria informó que la quita de las retenciones al sector agropecuario significó que entre 50 mil y 60 mil millones de pesos fueran transferidos al campo. A eso se suma la quita de retenciones a las mineras que le quitó al Estado la posibilidad de recaudar 3.300 millones de pesos, según una nota de Javier Lewkowicz en Página/12. La ampliación mínima de las licencias familiares para poder recibir bien a los bebés implica un gasto -que está pensado de forma progresiva y escalonada como en el sistema público de cuidados uruguayo- de 2.169 millones de pesos para el 2016, muy inferior al regalo que recibieron las compañías mineras y mucho más ínfimo de las exenciones del sector agropecuario. Recién en el 2020 el Estado pondría –en la variable de ampliación de licencias más acotadas– 8.679 millones de pesos. Por supuesto hay múltiples formas de financiar esta inversión, según las decisiones económicas y políticas del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Pero la necesidad y conveniencia son innegables. La razón primordial para sumar licencias es la igualdad de oportunidades, la justicia social y la equidad de género. Pero hay más.

“La inversión social en la primera infancia también contribuye a garantizar los derechos de las mujeres. La disponibilidad de servicios adecuados aumenta las oportunidades de las mujeres de acceder a trabajos remunerados de tiempo completo, al mercado de trabajo formal y a la vida pública. El resultado de las políticas sociales dirigidas a la primera infancia condiciona, en gran medida, el éxito o fracaso de las otras políticas sociales. Y las intervenciones que logran buenos resultados conllevan notorios beneficios en educación, en salud y en convivencia social durante la vida adulta. Por ello se dice que invertir en la primera infancia tiene un muy alto rendimiento económico y social. El doctor James Heckman, premio Nobel en Economía, demostró que, cuando los servicios (de cuidado infantiles) son de buena calidad, la sociedad puede llegar a obtener un retorno de hasta 17 dólares por cada dólar invertido”, resalta el informe “Inversión en primera infancia”, realizado por Unicef y editado en Montevideo, por José Mujica, en el 2010, cuando era presidente de Uruguay e impulsó un sistema público de cuidados (con más días de licencias parentales y jardines maternales para todos los bebés) que es modelo en Latinoamérica.

Ninguna mujer puede ser forzada u obligada a ser madre si no quiere. Y solo deben ser madre las mujeres que quieran y cuando quieran. Pero la maternidad sí puede ser protegida por el Estado y se pueden promover políticas públicas que no obstaculicen el desarrollo personal y profesional de las mujeres que quieren ser madres. No solo por equidad, también por conveniencia.

El patriarcado no va más

El ex Viceministro de Educación uruguayo Fernando Filgueira le explicó a Las/12, en el 2015: “Se necesita un nuevo contrato por razones de igualdad pero también de eficiencia. Estamos llegando a un punto en que este acuerdo patriarcal es ineficiente. El útero y el trabajo de la mujer son fundamentales y pueden convertirse en un bien escaso. En Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, que tienen potentes sistemas de cuidado, la fecundidad está un poco por debajo de la tasa de reemplazo: 1,8 niño por mujer. Es una tasa de fecundidad razonable para pensar en el largo plazo pero además tienen las tasas de participación laboral de las mujeres más alta del mundo. En cambio, España, Italia y Grecia tienen tasas de fertilidad de 1,4 niño por mujer y es una tasa que genera problemas porque no hay quién reemplace a la población. Hoy América latina está donde estaban Grecia e Italia hace veinticinco años. Esto te limita la posibilidad de tener una población activa en el caso de Uruguay y Cuba dentro de diez años, y de Chile dentro de quince. En Uruguay en el 2018 va a existir un problema demográfico y en Argentina en el 2040, porque tiene algunas regiones con más fecundidad”.

En Argentina si no pensamos en mejores condiciones para tener hijos de acá al 2020 el problema va a estar en veinte años más. “En el 2040 va a producirse un default poblacional”, anuncia Díaz Langou. Y gráfica: “Ahora hay más personas laboralmente activas que dependientes. Pero desde los noventa que empezó a bajar la fertilidad. En Europa y Uruguay ya tienen sociedades avejentadas. En Argentina la tasa de dependencia va a pasar a ser alta, con pocos niños, muchos adultos mayores y menos adultos que vamos a necesitar que sean más productivos para equilibrar. Las licencias son uno de los mejores estímulos para que la fertilidad no baje. Es una cuestión de equidad de género y de moral porque hoy la pobreza está concentrada en las familias con niños y le estamos transfiriendo más al veinte por ciento más rico que al veinte por ciento más pobre, pero también un nuevo sistema de licencias es estratégico para que nos vaya mejor”.

Una muletilla de los sectores políticos despectivos con las madres de sectores populares las acusa de ser especuladoras maternales y de parir y criar a cambio de una Asignación Universal por Hijo (AUH). Muy por el contrario, el trabajo no remunerado de la maternidad no es negocio, no está protegido suficientemente por el Estado y no alcanza para que el país pueda ser sustentable. n la Argentina hay 3.337.652 de niños, entre 0 y 4 años, según el último censo realizado en 2010, lo que implica que un 8,3 por ciento de la población total del país es menor de 5 años. Mientras que la población total aumentó un 10,6 por ciento entre los últimos dos censos nacionales, la población de 0 a 4 se estancó (estrictamente, disminuyó 0,3 por ciento, por lo que cayó significativamente su peso relativo en el conjunto de la población pasando de 9,2 por ciento al 8,3 por ciento). Según las proyecciones poblacionales del INDEC, mientras la población total aumentó 17 por ciento entre 2001 y 2015, el grupo de 0 a 4 años creció apenas 5 por ciento, con estimaciones de CIPPEC en base a datos oficiales.

“La transición es causada por la caída de la fecundidad y el aumento de la longevidad, lo cual es el reflejo de buenas noticias: las mejoradas condiciones de vida y un incremento en el control reproductivo de las mujeres. Sin embargo, también implica desafíos de largo plazo en términos de capacidad económica y cargas fiscales ya que al final de este proceso habrá una mayor proporción de adultos mayores en la población.

La Argentina (al igual que muchos otros países de la región) se encuentra en la fase intermedia, denominada ventana de oportunidades demográfica o bono demográfico, caracterizada por una baja tasa de dependencia. El bono demográfico argentino comenzó en 2002 y durará hasta aproximadamente 2043, un período que resulta diez años más corto que el promedio de América Latina, estimado de 2002 a 2053. América Latina, y particularmente países como Uruguay, Chile y Argentina (que están en una etapa avanzada de la transición demográfica), deberán enfrentar pronto los desafíos del envejecimiento demográfico en un contexto en el cual las sociedades son relativamente más pobres y desiguales que las sociedades envejecidas de los países nórdicos. En la Argentina, la población de menores ingresos es la que más aporta a la reproducción biológica del país, en un contexto en el cual el Estado participa en forma limitada en el financiamiento del consumo de estos niños. Esto no es lo deseable si se busca igualar oportunidades al inicio de la vida”, señala un documento de CIPPEC que fundamenta la necesidad de mayor inversión pública en políticas de cuidados.