Tuvieron que pasar diez años, pero finalmente la Argentina firmó sin reservas el consenso latinoamericano que reafirma el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo –conocido como El Cairo + 10, que afirma el derecho a la salud sexual y reproductiva como un asunto de ciudadanía. Que Estados Unidos también haya sumado su firma fue una sorpresa que se festejó como un triunfo.
La sensación en el movimiento de mujeres es de triunfo. Contra todos los pronósticos,
en la reunión de Cepal realizada en San Juan de Puerto Rico, entre el 29 y 30
de junio, Estados Unidos se sumó al consenso de la región latinoamericana y del
Caribe que reafirma el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Población
y Desarrollo (CIPD), lo que se conoce como Cairo + 10. Para la Argentina en particular
–que a diferencia de su papel en El Cairo y El Cairo + 5 firmó el consenso– “fue
un paso muy importante, ya que hemos empezado a tener una posición diametralmente
opuesta a la que teníamos”, coincidieron la embajadora Juliana Di Tullio y la
viceministra de Salud, Graciela Rosso, en diálogo con
Las12.
Hace 10 años, en la reunión de la CIPD en El Cairo, 179 países adquirieron el
compromiso de corregir los rumbos del desarrollo hacia uno más humano. El consenso
global alcanzado entonces ponía el eje en los derechos a la salud sexual y reproductiva
como un asunto de ciudadanía, a los que se debía responder con servicios públicos.
Esto fue ratificado en el proceso de El Cairo + 5 a fuerza de resistirse a las
presiones de Estados Unidos y el Vaticano, que se opusieron incluso hasta la reunión
pre El Cairo + 10, realizada en Santiago de Chile en marzo último, y la IX Conferencia
sobre la Mujer, realizada en México, en junio. La Argentina rompió con el bloque
conservador por primera vez en Chile. Y esta vez, en la misma línea, la delegación
nacional –formada por Graciela Rosso, Juliana Di Tullio, la senadora María Perceval
y Cristina Zurutuza, de la ONG Comité Latinoamericano para la defensa de los derechos
de la mujer; además de 16 asesoras de ONG de mujeres– firmó el consenso ratificando
lo planteado en Santiago.
–¿Cómo analizan la decisión de Estados Unidos?
J.D.T.: –Yo creí que no iba a firmar pero fue muy importante que se adhiera.
Los países han resistido mucho los cabildeos y presiones de Estados Unidos; sobre
todo para Centroamérica fue muy difícil. Y todos los países han sostenido sus
posiciones sabiendo hacia dónde se apuntaba. Fue muy importante la cohesión de
los bloques.
–La década pasada la Argentina tuvo una posición de
alineación a Estados Unidos. ¿Qué consecuencias ha tenido
para el país en estos temas?
J.D.T.: –La única verdad, que es la realidad, es que aumentó la tasa
de mortalidad materna por abortos inseguros; la principal causa de muerte en edad
reproductiva en nuestro país es el aborto clandestino. Entonces, hay que garantizar
que las mujeres no se mueran.
–Pero no se habló de aborto.
J.D.T.: –El aborto no es la discusión de El Cairo. No hay un solo país
de Latinoamérica que tenga despenalizado el aborto. Obviamente, todos los tratados
internacionales son respetuosos del derecho interno. La Argentina no interpreta
que derechos sexuales y reproductivos es igual a aborto. G.R.: –Lo que sí planteamos
es el tratamiento post aborto para que haya menos casos de muerte materna. Porque
el aborto, en primer lugar, y la baja calidad de los servicios en segundo lugar,
son las dos principales causas.
–¿Con qué premisas fue la delegación argentina
a Puerto Rico?
J.D.T.: –Sólo había que sostener lo que hicimos en
Chile.
G.R.: –Se habló de la salud sexual y reproductiva como un derecho
que hay que garantizar con información y educación, con el acceso a los servicios
de salud de calidad y seguros, a la consejería, a los insumos como los anticonceptivos,
preservativos y DIU, y otras metodologías donde se las permite. Además, un tema
importante fue hablar de los adolescentes como sujetos de derecho, a los se debe
garantizar la confidencialidad.
–¿Para qué sirven los acuerdos internacionales?
G.R.: –No es algo abstracto, es donde se sientan posiciones de acciones
concretas a seguir. Los países medimos qué grado de avance hemos tenido y qué
nos falta. También implica financiamiento, porque la Cepal y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas brindan subsidios para desarrollar estas acciones, para
capacitación, para insumos. Los primeros insumos que distribuimos con la sanción
de la ley fueron donados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
–¿El Cairo + 10 ha sido un avance?
J.D.T.: –El resultado para la Argentina es un avance. Lograr el
consenso también: los temas son los mismos, es ratificar El Cairo y El
Cairo + 5 pero esta vez con mucha más fuerza. Obviamente, ahora cada país
se tiene que comprometer a hacer lo que prometió. Esto tiene que verse
reflejado en la vida y en la salud de cada una de las mujeres de este país.
G.R.: –Acá, por ejemplo, el 24 de julio lanzamos
el Consejo Asesor del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que va a estar
formado por ONG, organizaciones científicas y sindicales que están
trabajando con nosotros para evaluar la puesta en marcha del programa. Esto asegura
que podamos monitorear el cumplimiento de la ley en todo el país.
Lejos del Vaticano
De forma paralela a El Cairo + 10, la organización
no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir presentó una encuesta
realizada entre católicos de México, Colombia y Bolivia, en la que se revela
que no se sienten representados por el Vaticano en relación con los derechos
sexuales y reproductivos. Dice, por ejemplo, que el 91 por ciento de las
y los católicos colombianos y mexicanos y el 79 por ciento de las y los
bolivianos piensan que los adultos deben tener acceso a la anticoncepción.
El 93 por ciento, en los tres países, está de acuerdo con que los hospitales
públicos deberían brindar atención post aborto. Y más del 80 por ciento
opina que los centros de salud y hospitales públicos deberían ofrecer anticoncepción
de emergencia a víctimas de violación. |