Es una guerrera”, dijo de ella Lula. Y más vale que sea cierto, porque las iniciativas que está llevando adelante Nilcea Freire, sobre todo la despenalización del aborto, le están ganando críticas por derecha e izquierda.

Fue nombrada al frente de la Secretaría Especial de los Derechos para las Mujeres, un cargo equivalente al de ministra, al poco tiempo que Inácio Lula da Silva ganó las elecciones. La Secretaría para las Mujeres fue uno de los tres organismos creados por el nuevo gobierno y que generó esperanza en las mujeres brasileñas acerca de un avance en el respeto de sus derechos.

Histórica militante del PT, Freire no había tenido nunca cargos de gobierno. Médica de profesión, con un Master en Zoología, sus únicas funciones políticas habían sido en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), donde fue vicerrectora entre 1996 y 1999, y en el 2000 asumió como rectora, transformándose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Desde allí impulsó la democratización de la matrícula a través de la imposición de cuotas para estudiantes negros y para quienes provinieran de escuelas públicas.

Transversalizacion a la brasileña

Un mes después, Freire definía las líneas de su gestión: “Nuestro trabajo en la Secretaría tiene la misión de introducir en el ambiente intergubernamental la visión de género. No es una actividad exclusiva de nosotras definir una política para las indígenas, para las campesinas, para las empresarias. Estamos proponiendo que esta instancia las represente en sus intereses, de manera que puedan estar sus cuestiones explicitadas en las políticas generales del gobierno. La cuestión de género es transversal, pero esto no significa que hacer la transversalidad sea fácil porque ello significa un cambio de actitud frente a la desigualdad de género”.

Un año después, parecía que Freire había encaminado su objetivo. En el marco de un Seminario sobre Institucionalidad de Género, organizado por la ONU en Uruguay, Brasil fue puesto como ejemplo y se señaló su experiencia como la más avanzada del Mercosur. La institucionalización de las políticas de género se efectiviza en Brasil en el 2003, cuando entre las tres secretarías especiales con rango ministerial que crea Lula da Silva incluye la de Políticas para la Mujer. “No faltaron críticas a lo que se consideró una dispersión del gasto público, ni presiones para suprimirla –analizaba la periodista Isabel Villar en una nota publicada en La República de Uruguay en marzo de este año–. La resistencia de Lula aseguró la sobrevivencia de la estructura. Es un organismo que no ejecuta directamente programas para las mujeres: su rol es formular, articular y coordinar los que tienen que desarrollar los demás organismos del Estado. El apoyo gubernamental se expresa, entre otras cosas, en la dotación presupuestal que creció de 6 a 24 millones de reales entre el 2003 y el 2005.”

Según Freire, la Secretaría tiene dos grandes desafíos. Uno es el vínculo con las organizaciones sociales, ya que “estar en un lugar de gobierno y, a su vez, en representación de las mujeres de todo el país supone tensiones”. Y el otro es lograr que “salga del papel y se aplique” el Plan Nacional de Políticas para las Mujeres, surgido de encuentros de mujeres a nivel municipal, estadual y nacional.

El gran partido

Pero el gran desafío político de Freire es lograr la despenalización del aborto. Cuando asumió, declaró en una entrevista a la agencia mexicana Cimac que el objetivo de su gestión era “garantizar la atención de los servicios de salud para las mujeres que practicaron el aborto inseguro y para las que pueden hacer el aborto legal”. Ninguna mención al impulso de un proyecto legalizador. Menos de un año después, a fines del 2004, con el apoyo de Lula, Freire lideró el armado de una comisión tripartita que debatiría un proyecto de ley despenalizador. Ese proyecto acaba de ingresar al Parlamento el 27 de septiembre.

En Brasil, el aborto sólo está permitido en caso de correr riesgo la vida de la mujer y cuando hay violación. En este último caso, el gobierno de Lula ya dio un importante paso al dictar una norma, en marzo de este año, que no obliga a las mujeres a presentar la denuncia policial de violación en el hospital para que se les practique el aborto. Con su palabra basta.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo prevé la despenalización en todos los casos; plantea que el embarazo puede ser interrumpido hasta la decimosegunda semana de gestación y en caso de “violencia sexual” hasta la semana 20; y también podrá ser interrumpido en cualquier momento de la gestación en caso de riesgo de vida para la mujer, una anomalía encefálica grave en el feto o si se manifiesta incompatibilidad con la vida. La implementación gratuita en todos los hospitales del país está prevista para una segunda etapa.

Teniendo en cuenta su procedencia del campo de las ciencias, y habiendo suficientes argumentos de salud pública para argumentar a favor de la despenalización, Freire eligió no apoyarse en el millón de abortos que se realizan cada año en Brasil; o en el dato que dice que entre 3 y 5 mil mujeres mueren al año por motivos vinculados directa o indirectamente con las interrupciones del embarazo, aunque el 90 por ciento de los motivos es evitable. La ministra habla desde la defensa de los derechos: “Si el acto está prohibido, no hay libre arbitrio de la mujer”.

Si bien se espera que sea dura la discusión en el Parlamento y los agoreros anuncian su fracaso, varios ministros apoyan a Freire: el de Derechos Humanos, Nilmário Miranda, manifestó su acuerdo; y la ministra de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro, dijo que el tema era crucial también para su agenda, ya que “la mujer negra es la más excluida de todas”. En el Ministerio de Salud, las posiciones no son tan claras: mientras el ministro Saraiva Felipe dijo que no pondrá obstáculos a la aplicación de la ley, pero tampoco trabajará para lograr su aprobación, el secretario nacional de Atención a la Salud se manifestó en concordancia con Freire: “Esto no es una cuestión de salud sino de derechos humanos”.

Como era previsible, la Iglesia anunció que hará campaña en contra, destacando que el derecho a ser respetado es también del feto y no sólo de la madre. Sin embargo, los medios periodísticos brasileños minimizaron el embate del Consejo de Obispos, advirtiendo acerca de las disidencias internas de la Iglesia por la campaña a favor de la despenalización lanzada en febrero por Católicas por el Derecho a Decidir.

Nilcea Freire logró ser elegida, hace pocas semanas, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La CIM es el organismo oficial intergubernamental más importante para la promoción de los derechos civiles y políticos de las mujeres de América, y el nombramiento de Freire fue leído como un esfuerzo de articulación política internacional del gobierno de Lula con relación a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Nilcea Freire es indiscutiblemente una guerrera. Pero, quizá para su próximo discurso, Lula debería ensayar un nuevo calificativo para su ministra: el de estratega, una cualidad que no todos los guerreros poseen.