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Por Sandra Chaher

Asesoran en conflictos políticos y sociales, desde Tartagal a Neuquén. Tienen 30 años o menos. La mayoría son mujeres, muchas del interior, abogadas y estudiantes de Derecho. No cobran honorarios. Viven de otras causas o de otros trabajos. Saben cuándo empieza el día pero no cuándo termina. Eso es el CEPRODH –Centro de Profesionales por los Derechos Humanos–, una sigla que cada vez aparece más en los medios de comunicación junto a otras organizaciones populares que florecen en los últimos tiempos.
Las integrantes del CEPRODH que dialogaron con Las/12 son Myriam Bregman, Ivana Dal Bianco y Mariana Salomón. En el Centro hay, además de abogados/as, psicólogos y trabajadores sociales. En el equipo de Buenos Aires hay un solo varón. El lugar de trabajo es un departamento cerca de Corrientes y Callao, aunque pasan más tiempo en la calle que en los despachos. Trabajan junto a abogados de todo el país para estar presentes en casos como el de Zanón, en Neuquén; o los piqueteros de Salta. Y cada día los urge más la necesidad de conformar una red nacional –¿y por qué no global?–, para actuar en conjunto en estos conflictos cada vez más frecuentes y explosivos.
“Fundamos el CEPRODH en el ‘97 con dos objetivos: asesorar en los conflictos obreros, básicamente en los conflictos colectivos; y a los ‘presos por luchar’, que no son necesariamente militantes partidarios pero que los detienen por motivos que, aunque aparezcan como casos laborales o de ‘desobediencia civil’, en última instancia son políticos. Lo que nosotros veíamos en el ‘97 es que en Argentina había muchos organismos de derechos humanos pero ninguno defendía los derechos de los trabajadores, estaban más ligados a las causas de la dictadura. Y veíamos cada vez más violaciones de estos derechos, con figuras nuevas como el piquetero. Hay dos formas de persecución hoy: las fuerzas de seguridad, y la vía judicial: dictando una sentencia que no sólo los castigue sino que sirva de ejemplo amedrentador para otros.”
Cuando empezaron a trabajar, eran un grupo muy joven y desconocido. Había un conflicto y ellos –ellas mayormente– se acercaban a apoyar, asesorar. Dicen que fue fácil ganarse la confianza de la gente. “Cuando lo conocí a Raúl (Castells) yo tenía 23 años –cuenta Ivana–. Ibamos a verlo a la cárcel, porque creemos que el preso debe estar acompañado, eso es quizás algo bastante femenino. Y él ya tenía la causa iniciada, yo lo ayudé en el alegato, que hizo solo. Y a partir de ahí quedé como su abogada. Creo que la confianza que se establece con la gente es porque se dan cuenta de que hay un fuerte compromiso político e ideológico nuestro.” Son también las abogadas de Brukman (la empresa textil tomada por los obreros, fundamentalmente mujeres) y de Pepsico, donde están haciendo frente al despido de delegados que salieron a defender a trabajadoras a las que no se les renovó el contrato. La confianza y el respeto de los trabajadores los tienen, pero con el sistema judicial el trabajo de hacerse escuchar siendo joven y mujer es más duro. “Como cuando en eldesalojo de Brukman nos sacaron de los pelos junto con las obreras”, se acuerda Mariana. Además del trabajo en equipo –donde integran a estudiantes para que vislumbren ya desde la universidad una forma más pasional y comprometida de ejercer la profesión–, otra de las características diferenciales sería la mirada. “Nosotros estamos con los trabajadores en lucha para aportar a que estas causas triunfen –enfatiza Myriam–. La función convencional del abogado es plantarse frente al conflicto y explicarles a los trabajadores qué medidas son legales y cuáles no. Nosotras proponemos algo más democrático: que tengan una asamblea donde decidan qué quieren hacer y después les explicamos los riesgos.” “Así fue el caso de Brukman, donde ocupar la fábrica y ponerla a producir era ilegal desde la legalidad burguesa –dice Ivana–. Pero las resoluciones de los jueces no siempre responden a esta legalidad, depende de la presión social y el lobby sobre ellos. Esto se ve más claro en casos como el de Castells o Emilio Alí, donde la sociedad ya los conoce y hay una repercusión de la causa. Lo que nosotros tratamos de hacer es salirnos de la dicotomía legal-ilegal y plantarnos en lo que es legítimo: las necesidades de la gente.”
¿Por qué la mayoría son mujeres? “No lo sabemos. De hecho tenemos las puertas abiertas a los hombres”, responden riendo. “No podríamos arriesgar ninguna hipótesis sobre nosotras. Sí podemos decir que en los conflictos las mujeres son superluchadoras y mucho más compañeras. Cuando la lucha es de ellos, ellas están ahí, pero ellos no responden igual a la inversa. Y otro de los temas con los que nos encontramos es que aunque en una fábrica la mayoría de las trabajadoras sean mujeres, los delegados son hombres. Entonces nuestros interlocutores son ellos aunque las damnificadas sean ellas.”
En los últimos tiempos las preocupa la reaparición de la figura delictiva de coacción agravada. Es una de las acusaciones que hay sobre Castells, Emilio Alí y los integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez que el año pasado tomaron el Ministerio de Trabajo bonaerense. “Es un delito sancionado en el ‘74, durante el gobierno de Perón, con el argumento de frenar la subversión, pero ya los primeros casos en ese momento fueron sobre trabajadores. Durante la democracia prácticamente no se la usó, es una figura que pena la ‘coacción a un funcionario público para que otorgue algo’, puede ser una medida o algo concreto. Y justo en un momento donde se deroga la Ley de Subversión Económica reaparece la aplicación de este delito que tendría ver con la ‘subversión política’.”