”Empecé a capacitarme a la noche en el baño, cuando él se dormía y yo y sus libros (porque en realidad lo que hacía era estudiar lo que él estudiaba, no me dejaba que aprendiera algo por mi cuenta) nos sentábamos sobre la tapa del inodoro para leer hasta la madrugada, sin sobresaltos ni palizas. Aunque pensándolo bien, los golpes de él se me venían todos juntos los fines de semana, no por predilección sino por ese espacio de intimidad obligada que te dan los francos laborales. Me fortalecí a escondidas, hace tres años me separé, convivimos durante veinte, tuvimos cinco hijos y un único fracaso, la violencia, que casi me devora acaso con la anuencia de una comunidad, porque él es un respetado pastor evangélico que maneja ong. Hasta que me fui, lo denuncié varias veces en la comisaría con algunas partes de mí amoretonadas. Solía recibir dos tipos de respuestas: la primera y más humillante era la del agente de guardia, que luego de mirarme un rato largo la cara con hematomas, preguntaba qué necesitaba. La segunda, más profesional, intentaba disuadirme para que hiciera una presentación civil, no penal, así la cosa pasaba de largo. Decir basta fue complejo para mí y mis hijos, sobre todo para los varones, que tuvieron que replantearse el trato con sus hermanas desde la no violencia, porque aquel modelo de agresión y sometimiento también había empezado a contaminarlos.”

Que en el break de una jornada sobre derechos de las mujeres se escuchen historias como la de Fernanda, operadora de una red de mujeres del sur bonaerense (Mujeres Capaces), obliga a meter en bolsa teorías y teorizadores que se desarmarían en segundos bajo el crudo de la diaria. Las posibilidades de(l término de moda) resciliencia no son más que chances de un abordaje individual, por no decir solitario, para alcanzar esa “vida nueva” que la propia Fernanda enfatizó al concluir su relato. Y frente a esas islas de sobrevivientes que intentan trascender la violencia de las cuatro paredes, se levanta el abismo que las políticas públicas e institucionales reservan a la violencia contra las mujeres. No es ingenuo, entonces, que el II Congreso sobre Derechos Humanos de las Mujeres realizado el viernes último en la Universidad Nacional de La Plata eligiera como eje central “La violencia contra las mujeres: una violación grave y sistemática de los derechos humanos. Perspectivas legales y reales”. Porque leyes, convenciones y protocolos existen pero se omiten o desconocen, a conciencia o por simple ignorancia de agentes estatales y judiciales. Y sobre este punto hicieron foco los debates planteados. O, como concluyó Carmen María Argibay al cierre del encuentro, “los jueces nos estamos quedando cortos; el Poder Judicial tiene mucho que hacer y el Estado tiene responsabilidades y compromisos urgentes que debe asumir”.

Trascender el discurso

¿Por qué el Estado no está a la altura de las (angustiantes) circustancias planteadas en estas jornadas? “La diferencia entre el resto de las normas y las de derechos humanos es que para estas últimas no existe la libertad de trasladarlas como parezca, y conllevan un mensaje clarísimo: el Estado está obligado a garantizarlas”, enfatizó la abogada Mónica Pinto, integrante del consejo directivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), uno de los entes organizadores del encuentro. “Me pregunto qué pasa con la vida cotidiana y esos tratados. Debemos trascender el discurso y el federalismo, que es muy difícil en términos de derechos humanos, exigir que el Poder Legislativo mejore su trabajo y que el ámbito penal adopte una mirada equitativa. Y empezar a concientizar que no hay desarrollo posible en una sociedad donde mujeres son subtratadas y maltratadas.” Diez años después de la Plataforma de Acción de Beijing, que a las mujeres se les siga rehusando el goce de sus derechos y sus libertades fundamentales las perpetúa en un círculo de vulnerabilidad social, económica y sanitaria que señaló María Elena, operadora sanitaria de La Matanza.

Prejuicios de género

¿Por qué suponer que va a resultar sencillo lograr la aprobación del Protocolo Cedaw si apenas años atrás, en 1993, hubo que asentar en la Declaración y Programa de Acción de Viena que los derechos humanos de mujeres y niñas son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales? La responsable del Proyecto Cedaw-Argentina, Soledad García Muñoz, reconoce dificultades concretas “que pueden ir salvándose con información. La aprobación del protocolo (tratado anexo a la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer) permitirá canalizar nuevos mecanismos de protección frente al Comité de la Cedaw, como lo son las quejas individuales y la investigación de casos que revelen violaciones graves de los derechos de las mujeres”. El propósito, a simple vista del interés de las Cámaras, se hace cuesta arriba.

“Por eso no sólo hay que generar estándares jurídicos sino poner en la agenda otros roles. Gran parte del desarrollo tiene que ver con el activismo de la sociedad civil, pero también con definir en qué medida el Estado debe garantizar la prevención”, manifestó el comisionado y relator sobre derechos humanos de las mujeres de la IIDH, Víctor Abramovich, que se encargó de desnudar “los prejuicios de género de los propios jueces”. “Cuando un país ratifica tratados, plantea la obligación de respetarlos y no interferir en la vida privada de las personas”, concluyó el abogado Alejandro Morlacchetti. “Y en ese sentido el Estado debe realizar prestaciones efectivas, poner a disposición el aparato gubernamental para que esos derechos sean posibles. El gran desafío, entonces, es ponerle fin a ese gran apartheid que excluye de su disfrute a la otra mitad del planeta.”