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Fernanda Aguirre, la niña secuestrada en Entre Ríos el 25 de julio de 2004, cumpliría 16 años mañana. De Otoño Uriarte, la adolescente que desapareció el 23 de octubre último en Río Negro, poco se sabe, pero esta semana su caso arrojó luz sobre los vínculos sólidos entre proxenetas y policías en pos del negocio de trata y tráfico de mujeres. La indignación, en ambos casos, es el idioma próximo que les aprieta las gargantas cuando ruegan por la restitución de esas niñas.

“No hay respuestas” es la muletilla que aprendió María Inés Cabrol para clamar por la aparición de su hija Fernanda, víctima desde los 13 años de un destino incierto, pero exige “que las autoridades se pongan las pilas para investigar dónde está mi hija. No puede ser que no tengan nada. Tampoco la gente quiere hablar; no hay colaboración”. En los últimos días, a los Uriarte los invadió un espanto “sin sorpresas”. El fiscal Oscar Cid fue apartado de la causa y tres policías separados de sus cargos, entre ellos el comisario a cargo de la investigación, Ives Vallejos, por presuntos vínculos con proxenetas de la región. Vaya a propósito un extracto de las escuchas que inculpan al subcomisario de la seccional octava de Choele Choel, Moisés Rodríguez, y al suboficial César Cayumil, quien habría mantenido la conversación telefónica con el dueño de un prostíbulo.

—(...) yo tengo que llevar una chica para fichar, loco...

—¿Cómo está?

—Está re-buena.

—Huy, ¡qué los parió! Esperá... le preguntamos al Subco (...)

—¿Y de dónde es la piba ésta nueva?

—De La Pampa (...) Acaba de cumplir quince recién (...)

—Che, traetelá entonces...

Antes que estos hechos se hicieran públicos, las reputaciones de Otoño y su familia sufrieron las embestidas de manual que cuadran en este tipo de casos, en los que la criminalización de la víctima y de sus seres queridos no es sólo un asunto de naturalización cultural, sino una práctica sistemática que procura ganar tiempo para el acomodamiento de las jóvenes, como vienen advirtiendo organismos que investigan la trata y tráfico con fines de explotación sexual.

“En un primer momento intentaron hacernos creer que se trató de una fuga; hasta se habló de un novio con el que sugerían que se había ido —lamenta Roberto Uriarte—. Empezaron a deslizar en el pueblo que en nuestra familia había problemas de alcohol y que Otoño estaba en conflicto con nosotros.” No son detalles menores agregar que esta versión fue difundida por un cuadro de la Policía rionegrina, el subjefe David Cufré, o que la carátula de la causa haya sido modificada esta misma semana para que se investigue, por fin, la “privación ilegítima de la libertad”, después de haber sido recusado el fiscal Oscar Cid.

Con Fernanda Aguirre no llegó a edificarse la misma infamia porque hubo un detenido inicial acusado del secuestro, Roberto Lencinas, finalmente ‘suicidado’ en la celda donde se alojaba, y otros dos que esperan la llegada del juicio oral. Se realizaron excavaciones en febrero último, allanamientos en locales de la provincia de Buenos Aires y búsquedas organizadas entre jurisdicciones. Sin embargo, para María Inés Cabrol las actuaciones sólo profundizan la invisibilidad de esa ausencia, “porque Fernanda no está acá, está fuera del país. Por lo tanto todo esto que se está haciendo es más de lo mismo”.

La caja chica

En el seguimiento del caso de Otoño Uriarte, el Programa Nacional Antiimpunidad del Ministerio de Justicia envió notas dirigidas a la jueza de Instrucción María del Carmen García García, de Cipolletti, y al auditor general del Poder Judicial de Río Negro, Gustavo Martínez, recomendando medidas especiales “para aquellos casos en los que no puede prima facie descartarse la comisión de un secuestro, desaparición forzada y/o homicidio”. De hecho, uno de los documentos firmados por la responsable del área de Relaciones con el Poder Judicial del Programa, Raquel Witis, propuso la colaboración de la Unidad de Investigación Especial de Gendarmería Nacional, por afuera de la actuación policial, como ya lo viene haciendo en casos como el de María de los Angeles Verón, desaparecida hace cinco años. “La proximidad (de la policía) con el delito que se consuma en lo cotidiano —explica Witis— impide la objetividad necesaria para el abordaje de una situación y violación que desde lo cultural se vive como una fuente de ‘ingresos’ antes que como la comisión de un injusto deleznable.”

¿Se tomaron en cuenta estas recomendaciones?

R. Uriarte: —Todo el tiempo se solicitaron medidas y siempre cuestionamos las líneas investigativas que se siguieron, pero nos tenían con rodeos y en definitiva no se hizo nada.

¿Qué opina del alejamiento del fiscal Cid de la causa y de la separación de los policías de sus cargos?

—Que son sólo cambios de figuritas, porque lo que hay ahora es un parate en las acciones. Sobre el objetivo de encontrar a Otoño, no tenemos nada. Vamos a ver ahora si el nuevo fiscal a cargo, José Rodríguez Casarreta, nos trae un poco de tranquilidad.

Sin embargo, desde el fiscal Cid hasta los policías investigados anunciaron que presentarán acciones porque se consideran agraviados.

—Abren el paraguas antes de tiempo y van a seguir así hasta que esto se aplaque, pero ninguno puede negar que actuó indebidamente. Y éstas no son sólo palabras, se desprende del expediente de la causa. No queremos entrar en un juego de dichos: ellos sabían de nuestra intención de incorporar personal capacitado para la investigación, y al fiscal Cid le dijimos que si el caso le quedaba grande se retirara. De hecho, no hay un solo procedimiento de todos los que se hicieron firmado por él.

¿El comisario Ives Vallejos fue responsable de la frustración del allanamiento que se realizó diez días atrás en San Martín de los Andes?

—Lo único que sé es que interrumpió ese proceso de allanamiento. El mismo dice que estaba en el interior del local. Por lo demás, Vallejos nunca tuvo una presencia contundente en la investigación de la desaparición de mi hija.

Un informe reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revela que el secuestro de una niña para ser prostituida es una práctica habitual en varios puntos de la Argentina, de ninguna manera se trata de un acto improvisado y se cristaliza “marcando” a aquellas jóvenes que cumplen los requisitos que el circuito de la trata exige. Son, si se quiere, especie de operativos comando en zonas necesariamente liberadas por el poder policial y político. La mayoría de las secuestradas atraviesan el paso de niñas a mujeres sometidas en cautiverio, presas de consecuencias graves, difíciles de borrar. Aun así, la conciencia del horror no alcanza. Chicas como Fernanda y Otoño no ocupan todavía la agenda pública que las priva de la urgencia de un rescate, de la misma manera que las tumbas de la prostitución les están negando ahora mismo la oportunidad de vivir.