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Desde Santa Fe

El flamante ministro de Salud, Miguel Angel Capiello ocupa un lugar sensible en el primer gobierno socialista de Santa Fe. Tiene el desafío de replicar la experiencia en salud pública que trascendió desde Rosario y mereció premios internacionales. El desafío es doble en una provincia que tiene serias deudas con la salud de las mujeres. Mientras Rosario tuvo un programa de salud sexual y reproductiva pionero, desde 1997, Santa Fe demoró años en aplicar el suyo, y retaceó cuanto pudo insumos que llegaban de la Nación pero no eran repartidos. Todavía está vigente una circular que obliga a los médicos a denunciar a las mujeres que ocupan camas en los servicios públicos como consecuencia de abortos inseguros. La anterior ministra, Silvia Simoncini, fue la única del país que no firmó el aval a la realización de los abortos no punibles de 2006 en Mendoza y provincia de Buenos Aires. Y en esta provincia ocurrió la flagrante violación a los derechos de Ana María Acevedo, una joven de 20 años que murió sin tratamiento para su cáncer, porque los médicos se negaron a practicarle un aborto terapéutico. Los primeros pasos del nuevo ministro van en otra dirección: asegura que derogará la circular que obliga a denunciar a las mujeres, considera que el caso de Ana María debió resolverse sin recurrir a la Justicia, porque estaba contemplado por el Código Penal. También expresa su aval a la despenalización del aborto, aunque lo hace con cautela. “Cuando haya una ley la voy a apoyar y la voy a cumplir, pero hoy no tenemos ley ni aval constitucional”, afirma.

Sus primeras declaraciones públicas a favor de la despenalización le valieron incluso una reprimenda de su esposa, María Cristina. “Ella es muy religiosa, practicante, no estuvo de acuerdo. Pero no es un tema de discusión”, revela. Pero eso sí, rechaza el mote. “Los abortistas son los que hacen los abortos clandestinos, los que lucran. Los antiabortistas no entienden algunas situaciones. En cambio, los decisores políticos tenemos que pensar en todo”, sintetiza. Tras 15 años de gestión en la salud pública, puede decir: “No condeno a la mujer que interrumpe un embarazo, si hay una ley para la despenalización la voy a cumplir, pero no impulso los abortos libres”. Por el contrario, afirma que prefiere “educar, dar todos los métodos anticonceptivos, y que los embarazos sean deseados”.

“Desde mi ministerio ningún médico va a tener obligación de denunciar a una mujer que llegue en una situación de aborto. Tenemos que respetarles la vida. Aunque en la práctica no se denuncia, la normativa existe. Pero no va a tener más vigencia. La voy a derogar”, subraya el ministro y para que no queden dudas, indica: “Respeto mucho el secreto profesional”.

Y sus dichos se rubrican con acciones concretas: cuando retornó como secretario de Salud Pública destrabó el protocolo para la atención de abortos no punibles en la Municipalidad de Rosario. Esa ordenanza, luego aprobada por el Concejo, se convirtió en una reglamentación pionera en todo el país. De hecho, la ciudad garantizó en marzo de este año la interrupción del embarazo a una niña discapacitada que había sido violada, y no recibía atención en los efectores provinciales. Lo hicieron sin recurrir a la Justicia porque consideraron que no hacía falta.

Capiello es urólogo, tiene 52 años y tres hijos. Despliega un particular sentido del humor ante propios y extraños. No es militante socialista sino que se define como “binnerista”, ya que afirma que el gobernador Hermes Binner es su maestro. Sabe que el desafío que se abre en Santa Fe es mayúsculo. “Esto es histórico para la provincia, para el socialismo, por lo que han estado construyendo, y también es un hecho importante, histórico para mí. Porque yo me preparé”, se confiesa. Es que su madre, que sufría de mal de Alzheimer, siempre lo reconocía: “Ahí viene mi hijo el ministro”. Cuando recibió la oferta, comentó con su esposa “lo lindo que sería” que su madre pudiera verlo. “La verdad es que no sé si nací o crecí para esto, pero para mí es un motivo de orgullo participar con este gobierno y fundamentalmente con este gobernador”, expresa.

Pero lo que realmente apasiona a Capiello es hablar de la gestión. Su primera definición tiene que ver con el programa de Salud Sexual y Reproductiva, que comenzó a aplicarse en Rosario en 1997, cuando él era subsecretario de Salud. Por entonces, ningún otro nivel del Estado invertía en métodos anticonceptivos. Muchos años después, en 2003, la Nación ya los compraba, pero a Rosario no llegaban, porque la provincia los retenía. “Cuando Bondesío era ministro provincial tuvimos que ir a Buenos Aires para pedir que nos dieran los insumos del programa nacional, porque los espirales (se corrige enseguida, y dice dispositivos intrauterinos) estaban tirados en un depósito. Y no sé si encontraremos todavía los DIU arrumbados en un galpón”, enfatiza.

La decisión política del gobierno socialista de mantener sus programas de salud reproductiva se manifestó aún en los peores momentos. “Durante la crisis de 2001, Binner, por entonces intendente de Rosario, viajó a Suiza para gestionar 20 mil francos que se destinaron a anticonceptivos. Y como estaba el corralito, tuvimos que triangular el dinero con Miami para poder utilizarlo”, recuerda. El gobierno pagó un costo político, sobre todo por las críticas en algunos medios de comunicación, pero siguió adelante. Es que los funcionarios municipales habían concurrido a las asambleas populares para escuchar las demandas de la población. “Era difícil, pero Binner dijo que nosotros no teníamos nada que ocultar. Y los dos satisfactores que pedían los vecinos eran leche y anticonceptivos. Me acuerdo que en una asamblea la directora de una escuela nos dijo que ni siquiera las dejaban divertirse. Y nosotros les contestamos que si la demanda eran anticonceptivos, los tendrían”, relata.

Sabe que el camino recorrido por los gobiernos provinciales fue muy diferente. La ley de salud sexual y reproductiva se aprobó en Santa Fe en 2002, pero recién comenzó a aplicarse, con insumos nacionales y a ritmo desigual, cuando asumió el ministro Juan Héctor Sylvestre Begnis, en 2004. Todo volvió para atrás con la llegada de Simoncini, un año después. “A nivel provincial faltaron decisiones políticas porque habiendo legislaciones, normativas y reglamentaciones, es cuestión de aplicarlo. Yo entiendo que no hubo decisión política de muchos ministros a esta parte. No obstante, con muchas dificultades, los métodos anticonceptivos se repartían. Había que presionarlos”, agrega Capiello, que ahora tendrá la oportunidad de tomar otras decisiones.

El ministro de Salud considera que el énfasis debe ponerse en la educación. Es que la provincia también cuenta con su ley de Educación Sexual desde 1994, pero nunca se aplicó en el sistema educativo a través de un plan sistemático. Y en los últimos años, la capacitación docente estuvo a punto de quedar en mano de organizaciones no gubernamentales vinculadas con la Iglesia. “Creemos que hay que educar, todo el mundo tiene que saber, conocer los mejores métodos para tener una paternidad y una maternidad responsables”, define, y también analiza: “Si logramos que la gente tenga una autonomía del sistema sanitario estaremos logrando una política muy importante, dándole a la gente los elementos necesarios para tomar sus decisiones, pero a su vez ofreciéndoles los métodos de acuerdo con las posibilidades del Estado”. En ese marco, menciona los anticonceptivos orales, los inyectables y la anticoncepción de emergencia. Capiello reconoce que la sociedad, y los funcionarios de la salud pública, están en deuda. “En América latina nos faltan un millón de mujeres, que murieron al dar a luz o por causa de un aborto –afirma–. Si nosotros trabajamos muy fuertemente en la educación, en el control del embarazo y podemos evitar la muerte materna, creo que haremos una política de salud importante”.