“La historia de los últimos días de vida de Ana María Acevedo pone en evidencia la realidad que padecen cientos de mujeres discriminadas en el sistema de salud pública, sometidas a tratos deshumanizados, a las que la sociedad y el sistema judicial les niegan el derecho a acceder a un aborto legal, seguro y gratuito.” Bajo este planteo, activistas de diferentes provincias convocadas por la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe se reunirán hoy en un acto de reclamo y concientización frente al Hospital Iturraspe, donde un año atrás vieron morir a la joven de 19 años embarazada, víctima de un cáncer maxilar y cautiva del autoritarismo médico que le impidió practicarse un aborto terapéutico, para acceder al tratamiento oncológico paliativo. Ana parió a su hija en estado premortem. La beba falleció al día siguiente.

Sus padres, Norma Cuevas y Haroldo Acevedo, iniciaron una demanda penal que corre por doble cuerda contra el Estado provincial, por incumplimiento de deberes públicos, y contra el equipo médico responsable de la suerte de Ana, por homicidio. Es por lo menos llamativo saber que a partir de este caso, el director del hospital, Alberto Ellena, fue desplazado del cargo, aunque no para profundizar la investigación sobre su responsabilidad en el hecho, sino para ser trasladado a la jefatura del servicio de Ginecología.

En vista de este panorama, referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa y Neuquén, se presentarán a las 10 de la mañana en el Iturraspe para repudiar el hecho y denunciar la réplica infinita de casos en esas regiones y el resto del país.

“Nos van contar qué sucede en sus lugares de origen. Son muchas las provincias donde no hay educación sexual ni tratamientos anticonceptivos aun en el marco de los programas existentes, porque operan fundamentalismos en diferentes niveles”, advierte Jorgelina Londero, integrante de la Multisectorial santafesina. “Esta actividad hará eje en el estado judicial del caso de Ana, pero en definitiva intenta reflejar lo que pasa con las mujeres de todo el país.”

LA TRAMA Y LA TRAMPA

Vera es una pequeña ciudad centenaria, alguna vez cabecera del Ferrocarril santafesino. Como sucedió con la mayoría de esos pueblos caídos del mapa del bienestar social, la historia se siguió escribiendo en términos de pobreza y con escaso acceso a los servicios básicos generales. A Ana María Acevedo le tocó quedar atrapada en esa trama durante 19 años que no le alcanzaron para “salir de pobre”. Con un compañero analfabeto, tres niños de 4, 2 y 1 año, y un embarazo penoso, el cáncer que se le declaró parecía la comprobación de un destino irremediable.

La crónica del padecimiento comenzó en mayo de 2006, cuando recurrió al hospital de su localidad por un intenso dolor de muelas. Luego de ser atendida durante cinco meses por la odontóloga Graciela García en el centro Samco, de Vera, la joven fue derivada al Hospital Cullen, de Santa Fe, donde le diagnosticaron un sarcoma de maxilar que no podían extraerle en forma quirúrgica y “sin advertirle que en su estado debía tomar precauciones para no quedar embarazada”, explicó la abogada Paula Condrac, quien junto con sus colegas Lucia Puyol y Mirta Mansur representan a la familia de Ana María. “A partir de ese momento se inició una cadena de irregularidades.”

El 23 de noviembre siguiente fue derivada al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe, pero frente a la sospecha de embarazo, no realizaron el tratamiento. Recién iniciado diciembre se confirmó el estado de gestación de cuatro a cinco semanas, y Ana María debió ingresar al Servicio de Ginecología de ese hospital, aunque ningún profesional del área le planteó un aborto terapéutico para acceder a los tratamientos paliativos de quimioterapia y radioterapia. Frente a ese panorama, decidió pasar el 24 de diciembre en Vera, junto a los suyos. Tuvo que volver al Iturraspe el 14 de febrero de 2007, desesperada por los dolores insoportables en la cara y con la conciencia cierta de que ese embarazo no podía avanzar. Ella y sus padres rogaron por la práctica de una interrupción de la gestación que en principio les fue negada por el jefe del Servicio de Oncología, César Blajman, y luego por el propio Comité de Bioética del hospital. En un documento se deja sentado que “los/as médicos/as deciden dejar en suspenso el tratamiento, ya que el indicado para la patología está contraindicado si se está cursando un embarazo”. Sin embargo destacan que “la enfermedad aún puede ser tratada con quimioterapia y radioterapia para mejorar la calidad de vida, pero se descarta por el embarazo”. Por último, el informe del Comité se pregunta “¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico?”, para responderse en insólito pero no inusual acto autojustificatorio, que “por convicciones, cuestiones religiosas, culturales en este hospital y en Santa Fe, no”.

Los padres de Ana María decidieron desandar las trabas recurriendo a la fiscalía de turno, que a su vez los derivó a la Defensoría del Pueblo. Tras un pedido de informe del organismo, las autoridades del hospital notificaron que se programó una cesárea entre el 9 y 11 de abril. “La cirugía nunca se realizó, y los médicos decidieron nuevamente postergarla en beneficio de la salud del niño por nacer”, se lamentó Norma Cuevas.

Prueba de este despropósito es la historia clínica donde se detalla que la joven “(...) cumple 22-23 semanas de gestación con mal estado general, con mucha deformación y dolor con tratamiento (paliativo) con morfina. Se decide por mal estado de la paciente realizar cesárea”. Uno de los médicos, Emilio Schinner, explica en ese informe que la inducción al parto se practicó el 29 de abril porque “la paciente se encontraba premortem, es decir, con una marcada insuficiencia respiratoria y falla de órganos, y todo indicaba que el desenlace era inminente”. Ana falleció en la noche del 17 de mayo y la beba nacida apenas sobrevivió 24 horas.

“Una vez más se incumplieron las leyes y una mujer joven y en situación de pobreza es víctima de homicidio”, sostiene Londero. “Ana María fue privada de los derechos de ser informada y elegir libremente respecto de su salud y su vida sexual. El aborto terapéutico legal es un derecho que la ley reconoce y no efectuarlo contra la voluntad de la paciente significa la mayor violencia ejercida sobre una mujer.”

Estimaciones oficiales calculan que un 37 por ciento de los embarazos registrados en el país terminan en abortos clandestinos. El 15 por ciento de estas prácticas abarca a menores de 20 años. En la Argentina ocurren veinte veces más muertes por aborto que en aquellos países donde fue legalizado.

El encuentro de la fecha hará hincapié en la falta de implementación de la Ley de Educación Sexual en escuelas de todas las provincias, la escasez o falta de distribución de anticonceptivos en el país y las intervenciones permanentes del Poder Judicial y la iglesia católica en pos de impedir la práctica de abortos legales. “Pero exigimos también la implementación en Santa Fe de los protocolos de atención sanitaria de aborto no punible y de atención sanitaria pos aborto, elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación”, reza el documento que redactó la Multisectorial.

En un informe especial de la periodista Sonia Tessa publicado días atrás por este diario, la abogada Lucila Puyol manifestó su preocupación por la permanencia de “un núcleo duro que no fue tocado ni removido, ni puesto en el ojo de la tormenta”, en alusión a los médicos y médicas del Samco y el Iturraspe. “Para el movimiento de mujeres es un símbolo de que el Estado no cuida la salud de las mujeres.” Y el caso de Ana María se trataba de un derecho existente, porque “entraba en las excepciones al artículo 86 del Código Penal. Sólo se trataba de cumplir la ley, pero cuando lo que está en juego es la salud de las mujeres, a nadie le importa y todos creen tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”.