Vie 16.05.2008
las12

EL MEGáFONO

Fichadas

› Por Gimena Fuertes

Marcela Ocampo y sus compañeras habían salido contentas de la reunión que habían tenido por la tarde con Javier Sosa, el jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba. Si bien no les habían prometido nada, las integrantes de la Asociación de Meretrices de Argentina (Ammar) habían podido relatar la situación de persecución de la policía y el funcionario había escuchado atento. Hacia las nueve de la noche, Marcela viajó a la esquina donde siempre trabaja. Al llegar vio dos camionetas de la policía. Cuando se acercó, la insultaron, la amenazaron y se la llevaron. Recién la soltaron a la madrugada. Esta detención posterior a las negociaciones sucedió el 5 de mayo, por eso Ammar se volvió a reunir este martes con el mismo funcionario y exigió un encuentro con el gobernador Juan Schiaretti. “La policía quiere demostrar que ellos tienen información y el poder”, le dijo a Las12 Eugenia Aravena, representante de Ammar Córdoba.

El acuerdo al que pretende llegar Ammar es similar al que ya existe entre el gobierno provincial y la Asociación de Travestis Unidos de Córdoba desde el año 2001, un acta por la que la policía se comprometió a no molestarlas durante su trabajo. La detención de Marcela, que es secretaria de Comunicación de Ammar, el mismo día en que se reunió con funcionarios del Ejecutivo provincial fue tomada como una amedrentación por ella y sus compañeras para que no sigan con el reclamo. “Esta detención entorpece las tratativas que venimos llevando adelante con el gobierno”, se quejó Eugenia.

Ammar Córdoba está llevando adelante un trabajo de recopilación y sistematización de las detenciones para compararlos con los casos que terminan en la Justicia, que durante 2007 fueron inexistentes.

Si bien la legislación argentina es abolicionista, la policía cordobesa se ampara en el artículo 44, que sanciona “la prostitución escandalosa”, que les sirve de excusa para seguir reprimiendo a las mujeres que ejercen la prostitución y, en el mejor de los casos, cobrarles un peaje o coima para dejarlas trabajar.

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