Resultó una definición de pasillo, casi una frase al vuelo, si se tenía en cuenta que fue dicha en el marco del Primer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico, la semana pasada, con una agenda rebosante de académicas y especialistas en la materia. Pero sin ánimo de ofender al abanico de aportes que se escucharon durante tres días, las palabras de Martha Pelloni definieron con simpleza una cuestión ancestral: “Es la historia de siempre. El hilo se corta por lo más delgado, las mujeres y las niñas. El Estado no se hace cargo, los proxenetas siguen reclutando y los clientes consumiendo”.

Matices más, matices menos, ésta fue una de las conclusiones a las que arribó entre el miércoles y viernes pasados un número inusitado de participantes –alrededor de 650, de Latinoamérica y los Estados Unidos–, sobre el tercer movimiento clandestino mundial de dinero, luego del tráfico de drogas y armas.

En la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, organizadora del encuentro, sobraron los motivos para entender la finalidad de algunas ponencias, comprometidas en desnudar una problemática que se manifiesta en máscaras de esclavitud, prostitución, explotación laboral, sistemas de mulas, abuso infantil y, al cabo, cuerpos devastados. Se habló, con precisión estadística, de unos 2,5 millones de personas víctimas de tráfico y trata entre 1995 y 2004. Se mencionó especialmente que los más afectados eran niños, niñas y mujeres. Destacaron que, en la actualidad, 15 países latinoamericanos remiten leyes contra la trata de personas. Y advirtieron que el delito mueve en el mundo unos 12.000 millones de dólares anuales.

Las presentaciones de cifras fueron irrefutables porque se sostienen del tono oficial de entidades como el Fondo Poblacional de Naciones Unidas (Fpnu), la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por nombrar sólo algunos de los organismos internacionales que suelen aportar datos a estos encuentros. Sin embargo, fuerza decir que el nutrido movimiento de “papers” generó resquemores entre muchas participantes, que observaron una especie de dos aguas entre ONG financiadas “por los imperios”, según se quejaban, y movimientos autoorganizados o “al menos con financiamientos ‘menos protectores’ del negocio de la trata”. De hecho, algunas se mosquearon por la presencia del representante de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, Gabriel González, y otras –que pidieron mantener el anonimato– preguntaban si las organizaciones internacionales “no intentan mostrar las debilidades de los estados nacionales” para enfrentar el problema y “de ese modo proponer que la solución sean sus propuestas enmarcadas en el neoliberalismo”.

Más allá de las rispideces inevitables por las características de la convocatoria, las jornadas visualizaron con seriedad la magnitud del problema y posibilitaron exponer una infinidad de experiencias regionales valiosas desde las organizaciones civiles y el trabajo militante de compañeras y compañeros que enfocan trata y explotación de personas en tanto violaciones a los derechos humanos.

Luchadora infatigable de estas lides, Sara Torres, de la Red No a la Trata y presidenta en la Argentina de la Coalición Internacional Contra la Trata de Personas (Catw, en inglés), volvió a pronunciar por enésima vez que “toda definición de trata debe decir claramente que el delito se configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento, cualquiera sea su edad. Proxenetas y explotadores son delincuentes por sus acciones y no por hechos o condiciones de la víctima”. Desde 2007, en la Argentina desaparecieron unas 550 jóvenes víctimas de redes de tráfico humano para prostitución.

“En España estamos recibiendo mujeres de toda Latinoamérica”, explicó a este suplemento Ana Míguez Vigo, presidenta de Alecrín, Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer, de Galicia. “Los proxenetas vienen a estos países y se ponen en contacto con captadoras, que les entregan mujeres y adolescentes. Y se sabe que ya tienen sus prostíbulos en la Argentina.”

Vigo advirtió la necesidad de poner el foco del debate en la prostitución y su abolición, persiguiendo al actor más invisibilizado, el cliente. “No conozco ni una mujer prostituida que quiera ser puta y a estos hombres que pagan por ellas no hay que llamarlos clientes sino puteros. Es preciso demonizarlos, señalarlos y responsabilizarlos, porque son los que mantienen la demanda.”

Otras discusiones expusieron las zonas rojas como espacios de esclavitud tolerados, los cuerpos en tanto territorios de impunidad, el tráfico y la trata vinculados con la migración, violencia de género y trata, y el debate acerca de la prostitución considerada trabajo sexual, que abrió un intercambio fuerte entre “reglamentaristas” y “abolicionistas” como la mexicana Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina (Catwlac).

“La prostitución ya está reconocida como una forma de violencia contra las mujeres, por lo que reglamentarla va a generar más violencia en su contra, ya que los varones pensarán que no están haciendo algo ilícito. Además, con esto se perpetúa el estereotipo de que los cuerpos de las mujeres y las niñas son para el placer sexual de los hombres. Vaginas, bocas y anos no son instrumentos de trabajo.”

En esa línea se inscribieron la abogada Tammy Quintanilla, de Perú, y la española Ana María Martínez, que coordina el Convenio Violencia y Trata para Latinoamérica-Save The Children, de Nicaragua.

“Se están utilizando las mismas rutas que se usan para el tráfico de drogas”, advirtió Martínez, tras coincidir con Quintanilla (ver aparte) “en la ausencia manifiesta de los estados en las zonas fronterizas. Y ése es uno de los grandes pendientes para los movimientos sociales que pelean contra la trata y el tráfico para explotación sexual: nos debemos, más allá de las diferencias, una lucha en conjunto contra las mafias transnacionales”.