Viernes, 18 de julio de 2008 | Hoy
VUELTA AL MUNDO
“Obstinada realidad, derechos pendientes” es el título del informe en el que Amnistía Internacional evalúa los tres años de vigencia de la Ley contra la Violencia de Género. Sólo en 2007, más de 600 mil mujeres fueron víctimas de la violencia machista, aunque sólo el 21 por ciento presentó una denuncia contra su agresor. Además, el 6,2 por ciento de las maltratadas solicitó una orden de protección, que fue concedida en apenas el 4,6 por ciento de los casos. El informe, además, afirma que el número de mujeres asesinadas por causas de género se ha incrementado desde 2005, hasta haber alcanzado, el año pasado, las 74. De las evaluaciones se desprende que las inmigrantes tienen un riesgo seis veces mayor que las españolas de ser asesinadas por sus parejas. Virginia Alvarez, de AI, destacó, por otra parte, que la ley ha tenido poco impacto “en aspectos fundamentales como la atención sanitaria, el acceso a recursos de atención integral, la asistencia letrada o la equidad territorial”, algo no menor, habida cuenta de que debía, por ejemplo, “proporcionar formación a todos los profesionales del ámbito sanitario, cosa que no ha ocurrido”, al tiempo que el número de policías destinado a proteger a las víctimas sigue siendo escaso, “el presupuesto ha disminuido” y el gobierno no ha hecho un seguimiento exhaustivo de la norma.
208 horas (algo así como ocho días y cuarto de corrido) es lo que suma –hasta estos días– el tiempo de debate en torno de la despenalización del aborto, de acuerdo con una recopilación que presentaron el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Instituto Mujer y Sociedad, RUDA y Cotidiano Mujer. El año pasado, el proyecto logró la aprobación de la Cámara de Senadores, pero desde mayo ha quedado estancado en la agenda de la Comisión de Salud de Diputados. De acuerdo con el balance, se elaboraron ya 82 actas y versiones taquigráficas, y dieron sus opiniones 116 personas, entre ginecólogos, abogados, escribanos, doctores en medicina, médicos forenses, fiscales, psicólogos, educadores sexuales, licenciados en enfermería, obstetras, patólogos, investigadores sociales, pastores, rabinos, sacerdotes, el arzobispo católico de Montevideo y representantes de instituciones. “Esto se puede usar para dilatar, porque estamos repitiendo las mismas entrevistas que el Senado. Lo peor que podría pasar es que (el proyecto) quedara en el limbo y que el Parlamento no diera una opinión clara acerca de cuál es su concepción hoy, en el siglo XXI, sobre la despenalización del aborto”, declaró la diputada Silvana Charlone (del Frente Amplio).
“Queremos el examen de ADN gratuito porque hay algunos padres que no reconocen a sus hijos y entonces les serviría de mucho para que sean responsables, y por eso le hemos llamado Paternidad y Maternidad Responsable.” Así explicó la adolescente Ariana Casanovas el proyecto de ley que propuso el Parlamento Niño, Niña y Adolescente: la realización gratuita de los análisis genéticos que permitan establecer filiaciones. “La problemática a la que se enfrentan muchas niñas y niños –dice el documento que elaboraron chicas y chicos de toda Bolivia– es que los padres suelen negar su responsabilidad, argumentando que no existen pruebas para conocer si el bebé es realmente suyo.”
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