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“Basta de explotación sexual de la mujer”, así se tituló el primer volante elaborado por el movimiento de mujeres. Transcurrieron 24 años. Algunas cosas cambiaron, otras se mantienen intactas. El término “trata de blancas” fue reemplazado por el de “trata de personas”. Los prostíbulos – y sus eufemismos más comunes como whiskerías, saunas y casas de masajes– no sólo continúan existiendo, sino que ampliaron sus redes por todo el país. Las víctimas siguen siendo las mismas, pero ya no son rostros anónimos y lejanos, sino que tienen nombres, historias. “En aquel momento, cuando denunciábamos la prostitución en la ciudad de Buenos Aires, nunca imaginamos que la trata se convertiría en el negocio mundial que es hoy”, se lamentó Sara Torres, de la Red No a la Trata. El 23 de septiembre pasado, Día Internacional contra la Explotación Sexual de Mujeres, Niñas y Niños, organizaciones de mujeres salieron a reclamar por la vida de los cientos de víctimas de las redes de prostitución que operan en el país.

Una ley federal, recientemente sancionada y criticada por obligar a las mujeres a probar que no consintieron su propia explotación, un programa nacional de asistencia a las víctimas que nunca se puso en marcha, una telenovela que instala cada noche en la pantalla esta cruda temática y las iniciativas locales de ONG, familiares de víctimas y especialistas que buscan concientizar a la población son algunas de las realidades que marcan la lucha contra el delito en la Argentina.

Las pancartas con las fotos de Andrea López, Florencia Penacchi, Marita Verón y Fernanda Aguirre regresaron a las marchas. A través de sus nombres se cuelan los de cientos de otras mujeres, adolescentes y niñas que son reclutadas por las redes de prostitución y convertidas en esclavas sexuales. La Argentina, después de reclamos colectivos de organizaciones sociales y de la recurrente baja calificación impuesta por el departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su informe anual sobre la trata de personas, tiene desde abril de este año una ley nacional que tipifica el delito e impone penas que van de los 3 a los 10 años.

El punto conflictivo –según las organizaciones antitrata– es que obliga a las víctimas a probar que fueron víctimas. “El tema del consentimiento genera una revictimización. Retoma la vieja teoría del Código Penal que centra su atención en investigar la calidad de la víctima y deja de lado al proxeneta”, sostuvo Alberto Ilieff, de la Red No a la Trata, quien agregó, categórico: “La separación entre trata forzada y consentida es una forma de legitimar la prostitución y una violación a los derechos humanos”. El 23 de septiembre pasado, la Campaña “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” presentó al Congreso de la Nación un pedido de reforma de la norma, entre los que figura la necesidad de eliminar la cuestión del consentimiento y solicita el aumento de las penas.

Lo que sí tratará en poco tiempo el Senado de la Nación es un proyecto de ley con media sanción de Diputados que busca exceptuar de la reducción de las escalas penales a los funcionarios públicos y a los miembros de las fuerzas de seguridad que colaboren con el esclarecimiento de este tipo de delitos. La iniciativa fue aprobada el 20 de agosto pasado y presentada por el diputado nacional Emilio García Méndez. Mientras que para el legislador, la reforma busca generar un “efecto disuasivo”, para los miembros de las Red No a la Trata la modificación “les cerrará la boca a aquellos tentados a hablar”.

VICTIMAS DESPREVENIDAS

El 2 de octubre de 2007, el ex presidente Néstor Kirchner firmó un decreto creando el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas. Puesto bajo la órbita del Ministerio del Interior, el programa tenía entre sus objetivos proponer protocolos de trabajo para la reinserción social de las víctimas, proporcionar asistencia integral a las mismas y prevenir su revictimización. También contemplaba la creación de un Registro Nacional de Datos, “vinculados con el delito de trata de personas, como sistema permanente y eficaz de información y monitoreo cuantitativo y cualitativo”.

A poco de cumplirse un año de la firma del decreto, el Programa todavía no se puso en marcha. Ya no depende del Ministerio del Interior, sino que pasó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tampoco tiene funcionarios ni partidas asignadas, según informó Zaida Gatti, asesora general del Programa “Las Víctimas contra las Violencias” dependiente de la misma cartera. “No hay ninguna persona a cargo porque el decreto está siendo modificado por asesores del Ministerio de Justicia. La idea es crear un organismo interministerial, ya que es una problemática que debe ser abordada de manera integral y se designará a un funcionario de cada área competente”, explicó.

Al mismo tiempo, el 6 de agosto pasado se creó, a través de la resolución del Ministerio de Justicia Nº 1679, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata, a cargo de Silvina Zabala. El trabajo está coordinado por un equipo interdisciplinario integrado por fuerzas de seguridad, abogados/as, trabajadoras sociales y psicólogas/os. Su tarea es perseguir el delito y liberar a las víctimas, brindándoles contención y refugio transitorio. Desde su creación hasta la actualidad, el equipo ha participado en más de 50 procedimientos y recuperado a 30 mujeres. No sólo cubren el rango territorial ciudad y provincia de Buenos Aires sino que viajan por todo el país. “Nos convocan jueces de todos lados. Nosotros intentamos cumplir con los pedidos, pero no se puede llegar a tiempo a todos los lugares. Somos ocho personas en el equipo, cuando deberíamos ser como 30”, señaló Gatti, coordinadora de la Oficina.

PENALIZAR AL CLIENTE

Córdoba es recordada por la historia de Sandra Amaya, la joven explotada, violada y torturada por Jorge González, dueño del burdel Puente de Fuego. Lo secundaban en la tortura otras dos chicas, Vanesa y Betina, que fueron reclutadas por las redes de prostitución cuando tenían 9 y 13 años. “Ese prostíbulo habría sido reabierto, igual que otros lugares que habían sido cerrados. La impunidad sigue existiendo en la provincia”, denunció Adriana Domínguez, delegada del Inadi y miembro de la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (RATT).

“Hay que avanzar en reformas de la ley nacional contra la trata y con la sanción de otras leyes”, remarcó. Según Domínguez, una de las cuentas pendientes en la provincia es la asistencia a las víctimas. “¿Qué hacés cuando rescatás a una joven, quién le da atención psicológica, ropa, trabajo? ¿Qué hace el Estado después de rescatar a la joven?”, se preguntó y recordó el caso de seis mujeres dominicanas que fueron liberadas de sus proxenetas y que terminaron volviendo a los burdeles porque no tenían otra alternativa.

“Sería muy importante avanzar en una ley que penalice al cliente, como lo hizo Suecia, ya que el delito avanza de manera preocupante. Las redes ya no van por los niños de los barrios periféricos, en situaciones de extrema pobreza, sino que alcanzan también a niñas y adolescentes de clase media”, sostuvo. Además, llamó a los intendentes de cada punto de la provincia a tomar medidas contra el delito. “Ellos son los que dan permiso para que funcionen esas pseudowhiskerías donde se camufla el delito. No pueden cerrar los ojos, porque ellos son también responsables”, sostuvo.

LAS ESCUELAS, ESPACIOS DE PREVENCION

Florencia Pennacchi acaba de cumplir 28 años. Fue el 21 de septiembre. Sus amigas quisieron recordarlo como una forma de denuncia. La joven neuquina desapareció hace tres años y medio. Silvina, Cecilia y Leonora siguen pidiendo por la vida de su amiga y luchan para que otras chicas no caigan en las redes de prostitución. Desde junio de 2007 realizan talleres sobre trata en escuelas secundarias de la provincia con el objetivo de concientizar a la población sobre las formas de reclutamiento y el modus operandi de estas mafias. Ellas integran la organización Sin Cautivas.

“Creo que de a poco se va concientizando sobre esta problemática y se va logrando que lo tomen como problemática las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos. Al igual que de a poco se va logrando que la gente tome conciencia. Apostamos mucho a esto y principalmente en las estudiantes, que es para nosotras la franja más expuesta al delito, por eso enfocamos nuestro trabajo en las escuelas”, explicó Silvina Bergmann, una de las integrantes.

“Contrariamente a lo que se dice oficialmente, en Neuquén sí hay trata, es una de las provincias que más recepción tiene de víctimas debido al petróleo. El interior está lleno de pueblos petroleros los cuales están llenos de cabarets y prostíbulos donde la mayoría de las chicas son tratadas. Hay muchas chicas de República Dominicana, Brasil, Paraguay, y del interior de la Argentina”, señaló Silvina. Sin Cautivas recibe denuncias de chicas que fueron seguidas por autos a la salida de las escuelas y las intentaron secuestrar. “Sabemos de casos de chicas que han sido engañadas por los falsos novios del chat, ha habido clasificados en los diarios locales de falsas ofertas laborales”, alertó.

LA JUSTICIA CONTRA LA TRATA

María Angélica Pivas es jueza de Instrucción Nº 3, de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y una referente en la lucha contra la trata de personas en Entre Ríos, provincia que años atrás era calificada de ruta de los proxenetas junto a Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y que ahora es receptora de víctimas reclutadas en Misiones.

–Las organizaciones antitrata critican mucho el papel de la policía y la justicia en la etapa de la denuncia. Las madres van a denunciar la desaparición de sus hijas y los agentes les dicen que es “fuga de hogar”. ¿Cómo se manejan en la provincia y qué es lo que debería hacerse en estos casos?

–No debe haber ningún funcionario en Entre Ríos que no sepa, porque se encuentran capacitados a tal efecto, que no hay que esperar ni un minuto para recibir la denuncia sobre la desaparición de una persona. Debemos terminar de una buena vez con esa farsa de la espera de 24 o 48 horas para realizar o para que reciban la denuncia. El tiempo apremia, sobre todo para los lugares en que, como nosotros, nos encontramos con distintos pasos fronterizos.

–¿Cuál es el rol de la Justicia entrerriana y en especial cómo es su trabajo en la materia?

–No debemos perder de vista que la competencia que marca la ley 26.364 es federal y yo estoy en la Justicia provincial. Empero, no es menos cierto que, caso concreto de mi ciudad, Gualeguaychú, ciudad fronteriza con casi 100.000 habitantes y un extenso corredor de la Ruta 14, no cuenta siquiera con un destacamento de la Policía Federal. La realidad se impone y la Policía provincial se encuentra advertida, muestra de ello es la reciente creación de la División AntiTrata. Seguramente en la práctica se evidenciarán problemas de competencia. Se nos presentan zonas grises tanto si estamos en presencia de un primer acto ejecutor de la trata como de la captación de la víctima o un delito de competencia ordinaria. Las soluciones a todos los escollos que se nos presenten vendrán de la mano de la voluntad y del compromiso que asumamos con el rol con el cual nos comprometimos en esta sociedad democrática.

UN LUGAR EN EL MUNDO

Tucumán entero conoce su historia. Dentro y fuera de las fronteras del país conocen la lucha de su mamá por recuperarla con vida. Se trata del caso Marita Verón. Tras liberar a 150 mujeres en la búsqueda de su hija y recibir el premio “Mujer Coraje”, que todos los años entrega el Departamento de Estado norteamericano, Susana Trimarco hoy está al frente de la Fundación María de los Angeles, donde recibe denuncias y brinda asistencia y refugio a las víctimas liberadas de las redes.

La situación de la provincia no dista de ser similar a la de otros territorios vecinos. En julio de 2007 se sancionó la ley provincial 7903, que crea el Programa Provincial de Prevención, Protección y Asistencia de las Víctimas de la Trata y Tráfico de Personas. “Pese a la cantidad de víctimas que son rescatadas, a la cantidad de prostíbulos que funcionan en el centro de la ciudad, el programa todavía no se ejecutó”, denunció Carlos Garmendia, abogado de la fundación.

Mientras tanto, los miembros de la fundación, inaugurada el 19 de octubre del año pasado, intentan ayudar a la mayor cantidad de víctimas. En este tiempo de trabajo, la ONG recibió 120 denuncias personales, las cuales fueron derivadas a la División Antitrata de la Policía Provincial o a las fiscalías. “La mayoría de las chicas fueron encontradas, muchas fueron víctimas de trata y muchas otras se habían ido de sus hogares por situaciones de violencia familiar, casos que vemos como trata potencial, ya que las chicas están en riesgo”, explicó. Las víctimas rescatadas reciben asistencial legal, psicológica y asistencial y tienen un hogar donde vivir.