En 1913, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en acordar el divorcio por pedido de la mujer (desde 1907 ambos cónyuges debían estar de acuerdo). El mes pasado, esta pequeña república al este del Río de la Plata se hubiera podido convertir también en el primero en despenalizar el aborto. No pudo ser, pero estuvo muy cerca. Por primera vez en la historia de ese país, un proyecto de ley que autorizaba la interrupción voluntaria del embarazo y que contaba con el apoyo del 57 por ciento de la población, pasó por el Parlamento uruguayo, se aprobó en las dos Cámaras –por 49 votos contra 48 en Diputados y 17 contra 13 en el Senado– y llegó al Poder Ejecutivo. Allí finalmente fue vetado por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, como él mismo había anunciado que haría si el Parlamento se pronunciaba a favor de esta medida. Frente a este polémico desenlace, atizado por el reciente anuncio de Vázquez de desafiliarse del Partido Socialista por la falta de apoyo que tuvo de su propio partido en la cruzada contra el aborto, varias uruguayas señalan la escasa representación femenina en el Parlamento de ese país. Si se considera que actualmente en el Parlamento, integrado por 130 legisladores, apenas hay 15 mujeres, la suerte del proyecto de ley de despenalización impulsado por Mónica Xavier, médica y senadora del Frente Amplio –coalición de izquierda que integra el gobierno–, podría haber sido otra.

Mientras que en Argentina, el porcentaje de representación parlamentaria femenina se eleva a un 40 por ciento –cifra que la equipara a la de los países nórdicos–, en Uruguay, apenas araña el 12 por ciento. En 2004, este país ocupaba el puesto 81 en el ranking de 186 países incluidos en la Clasificación Mundial de Mujeres en el Parlamento de la Unión Interparlamentaria (UIP). Sorpresivamente, ese año, con la victoria electoral de Vázquez, primer presidente de izquierda de Uruguay, el número de nuevas legisladoras fue menor que el registrado durante la gestión del presidente anterior, el conservador Jorge Batlle. En 2007, la presencia femenina parlamentaria de Uruguay seguía muy por debajo del promedio del resto de los países americanos (18,9%), ubicándolo en el puesto 15 de los 19 países del continente latinoamericano, según relevamientos de la UIP realizados ese año.

Hace unos meses el Senado uruguayo aprobó una ley de cupos que obliga a los partidos políticos a incluir al menos una mujer cada tres candidatos en sus listas. Pero esta medida recién entrará en vigor en las elecciones nacionales de 2014 y las municipales de 2015. Mientras, para las elecciones presidenciales de 2009, las listas del Frente Amplio no prevén candidatas mujeres. Esta semana, la directora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, Constanza Moreira, cuyo nombre había sido considerado junto con el de la senadora Margarita Percovich para la candidatura presidencial de la coalición, señaló su desacuerdo con que no figure ninguna mujer en la nómina de candidatos de su partido. Para la politóloga, la ausencia de uruguayas en los altos cargos políticos “da una mala imagen del país hacia el exterior”, sostuvo en referencia a los casos de las presidentas de Argentina y Chile, Cristina Fernández y Michelle Bachelet.

En julio pasado, la coordinadora de la Comisión Nacional de Seguimiento (CNS) y de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas, señalaba que en su país “las mujeres no estamos a la hora de los cuántos, sean candidaturas o recursos. Hoy el racismo es intolerable, pero el sexismo todavía no”. Para esta experta en temas de género, en Uruguay la desigualdad entre los sexos seguirá vigente en tanto no se modifique “el reparto de las responsabilidades familiares y se reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo”. En este sentido, la escasa presencia femenina en el Parlamento uruguayo quedó en evidencia ante el único órgano legislativo que hubiera podido revertir la decisión de Vázquez, médico objetor de conciencia y con fuertes vínculos con la Iglesia de su país. Así, la Asamblea General, máxima autoridad parlamentaria que reúne los votos de diputados y senadores uruguayos para casos específicos, no logró la mayoría necesaria para levantar el veto presidencial. De este modo, la ley de salud sexual y reproductiva que incluía la despenalización parcial del aborto –castigado desde 1930– volvió a cajonearse, con pocas posibilidades de que en el corto plazo vuelva a ser discutida.

Legisladoras uruguayas como Percovich, quien calificó el veto de Vázquez como “equivocado, pero coherente con su ideología”, han señalado la urgencia por ampliar la presencia femenina en el Parlamento. “Las mujeres políticas somos las que detectamos dónde están los vacíos legislativos”, señalaba la senadora de Vertiente Artiguista a principios de 2008 en el seminario “Hacer política desde las mujeres”, organizado por la UIP, la Universidad de la República y el propio parlamento uruguayo. Por su parte, hace unos meses, Moreira señalaba que más mujeres en la política significa “más política para las mujeres. Y más política para las mujeres es más política para toda la sociedad, sobre todo, para su parte más débil”.