CLASIFICADOS
› Por Roxana Sandá
Lo advirtió la psicóloga Irene Intebi en Brasil hace apenas un mes, durante el último Congreso mundial contra la explotación sexual infantil: “Es imprescindible garantizar espacios para atender la seguridad de niños en escuelas, clubes y otros ámbitos”. Experta en el tema, sabe que exponerlo desde la urgencia frente a una tribuna compuesta por funcionarios y especialistas de 137 países del mundo pide a gritos una acción política que sirva para denunciar los principales nichos del abuso. Y para destruirlos. “Los gobiernos tienen la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes, aun contra el abuso cometido dentro del hogar, y para lograrlo es necesario utilizar estrategias sostenidas.” En el mismo encuentro, la directora ejecutiva de Unicef, Ann Veneran, describió que chicas y chicos “abusados en sus hogares u otros ámbitos familiares como el club o las iglesias son más vulnerables”. El representante para América Latina y el Caribe de ese organismo, Nils Kastberg, precisó que “los principales entornos formativos hasta los 15 años, como el hogar, la escuela, se están convirtiendo en ambientes de desprotección. La mayoría de los casos de explotación sexual comercial se inició en el ambiente intrafamiliar y en la escuela”. Y al igual que Veneran, señaló a las iglesias. “Si bien los niveles de abuso suelen ser un poco más bajo que en otros ámbitos, el silencio es mucho mayor. Las iglesias de todos los credos y todas las instituciones que trabajan con chicos, como escuelas o clubes deben establecer mecanismos de protección a la niñez. Que designen personas a las que puedan recurrir si alguien pretende abusar de ellos.” La Argentina posee una lista extensa en la materia, entre sacerdotes del credo católico y docentes, preceptores y auxiliares de escuelas. “Es un problema de suficiente magnitud para llamar la atención a los Consejos de Educación y a todos los funcionarios del área educativa”, sostienen desde la Fundación Amparo, que asiste casos de maltrato en Córdoba, donde es preocupante el registro de abusos. Al cabo, todos coinciden en cuestionar la ausencia de controles gubernamentales por un visible desinterés político, el corporativismo eclesiástico que encubre a curas pedófilos y el escaso nivel de exigencia de las instituciones locales a la hora de contratar a los docentes. La temporada lo avala: currículums fácilmente dibujables y documentación de monotributo al día abren puertas en cualquier colonia de vacaciones.
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