Hay una nueva generación. Está compuesta por quienes pronto serán conocidos como los hijos de Rita Lina. Son niños y niñas entre cinco y quince años que –ya desde la edad del jardín de infantes– son medicados masivamente con drogas catalogadas como “reguladores de carácter”. Viven en los barrios pobres de Uruguay y concurren a escuelas y hospitales públicos. Su forma de ser dispersa, su atención fluctuante y la permanente intermitencia que experimentan entre aburrimiento y curiosidad son conductas crecientemente patologizadas por un conjunto de instituciones, incluso de manera previa a que exista un diagnóstico del famoso ADD (Desorden de Atención Discontinua), y combatidas compulsivamente con metilfenidato, una droga conocida comercialmente como Ritalina.

Se trata de una población que asiste a las “escuelas de contexto socio-cultural crítico” –según la denominación oficial– y sobre la que se practican nuevas formas de normalización social y de anestesiamiento sensible. Esta es una de las conclusiones de un informe que acaba de publicarse tras una investigación realizada a nivel nacional durante los años 2005-2006 por un grupo de ocho mujeres del Grupo de Estudio sobre Discapacidad (Gedis), coordinado por María Noel Míguez, del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo. Sus resultados son un análisis contundente que no pueden dejar de leerse en una coyuntura en la que el presidente Tabaré Vázquez se llena la boca con frases de “defensa de los más débiles” a la hora de vetar la despenalización del aborto.

¿Qué tipo de “regulación” del carácter y de las conductas se quiere hacer sobre estos niños/as?

–El tema de la “regulación” pasa por una concreción tan sencilla como la de aquietar los cuerpos que distorsionan lo hegemónico, bajo el discurso de protección de los derechos de “los que no molestan”. Así, niños y niñas que resultan un poco más inquietos que los demás son regulados desde el mundo adulto por la imposición de una droga que los “saque de combate”, que “les baje las revoluciones”, que los deje tranquilos y “no molesten en clase” (sic: entrevistas a maestras de las escuelas seleccionadas para la investigación).

Es la regulación sobre una población ya estigmatizada, sobre la que se redobla la marginación...

–Esta población, así catalogada, son los niños y niñas que por lo general están en situación de calle, con parámetros de pautas, valores y formas de ser, estar y pensar en este mundo que no suelen condecir con lo “socialmente esperable”, menos aún desde la institución educativa que les exige quedarse quietos cuatro horas en aula y además aprendiendo. Y en este contexto, regular las conductas de quienes ya se preconciben como “no productivos a futuro” en la lógica de mercado de nuestras sociedades capitalistas modernas, ubica al par educando-médico en una posición de saber/poder donde las instituciones –salvo la familia, por lo general, en esta lógica– cobran una vitalidad novedosa.

Y parece tener también una afinidad precisa con los discursos sobre la (in)seguridad.

–Medicar conductas “socialmente inapropiadas” con un psicofármaco específico para una patología concreta distorsiona el problema de fondo y las centralidades se remiten a lo manifiesto. Está claro que lo que vemos es que se corta por el lado más débil: el mundo infantil de “contexto socio-cultural crítico” es una apología de los discursos sobre seguridad ciudadana de futuros vándalos a ser controlados casi desde que nacen. Por esto, no se trata de una posición contra el diagnóstico del ADD y su medicación en consecuencia; sino justamente de lo opuesto: se medica sin diagnóstico, que es lo que sucede en la generalidad. Esta población, en lugar de pasar por procesos diagnósticos a través de psiquiatras infantiles o neuropediatras, está llegando con sus familias a los centros de salud periféricos, donde los médicos de medicina general y pediatras están desbordados y con bajos recursos y pareciera que la solución posible no fuera otra. La máquina del dispositivo está en su mayor auge: maestras/os con aulas masificadas y niños/as sumamente inquietos, que les exigen a las familias –poco informadas al respecto en la mayoría de las veces– que “si no entra medicado/a ni lo/a traigan”, derivados a policlínicas con médicos que no atienden tales especificidades (para eso hay que llegar al hospital y no resulta tan sencillo, por diversas razones) pero que sí tienen la potestad de recetar tales drogas en un contexto también de masificación y pauperización. Ante tal embrollo y sin recursos, lo más fácil es depositar las culpas en las familias y concretamente en esos niños/as y darle la pastillita mágica.

¿Qué significa que esta “normalización” con drogas baratas recae especialmente sobre los sectores populares?

–Refuerza las líneas demarcatorias de la alteridad para normalizar al diferente en la lógica hegemónica. Entonces, quien se salga de causa exige su inmediata (re)ubicación, ya sea consciente o inconsciente, explícita o implícita, aceptada o coaccionada. Normalizar al diferente es parte de la lógica de la modernidad, donde la diversidad tiende a ser concebida como riesgo, donde lo distinto puede poner en jaque el orden establecido. Medicar al diferente, aunque por momentos sean una mayoría en número, implica mantener el orden a cualquier precio. Pareciera que las consecuencias a futuro no implican el menor reparo en la medida que se “solucione” el presente, característica imperante de estos tiempos.

¿Cuál es la reacción de las familias ante el pedido institucional de medicalización o son ellas mismas las que piden medicalización?

–Por lo general, en la población mencionada, se les exige desde las instituciones educativas que el niño/a vaya medicado a la escuela, y si no que ni lo lleven. Esto es real y se da de manera literal, más allá que se quiera tapar el sol con un dedo. Lo cual genera un dispositivo muy complejo, por no decir perverso, donde las familias quedan reducidas a un accionar en respuestas a lo exigido desde el “saber”, a la vez que hay otras jerarquizaciones que se hacen que no tienen por qué pasar por lo netamente educativo, esto es: si no asisten sus niños/as a la escuela no perciben los beneficios sociales destinados a éstas. Y parte del “pedido” se les hace a través de esa negociación: que venga medicados/as para que no molesten a los demás y así se les sigue haciendo el certificado de concurrencia a la escuela –más allá de que el niño o la niña no aprenda, pero a estas alturas, ¡este ya resulta un problema menor!– y las familias pueden seguir cobrando la asignación familiar. Son muy pocas, contadas con los dedos te diré, las familias de esta población que consultan por su propia iniciativa. Por algo, además, el psicofármaco es dado a estos niños/as para que concurran a la escuela y no más que para eso, ya que fines de semana y en vacaciones no lo consumen en su generalidad. Las familias así quedan involucradas en este dispositivo, a mi modo de ver, junto con el lado más débil, sus hijos e hijas, que ya con 3 y 4 años y fundamentalmente desde primero de escuela comienzan a ser medicados con estos reguladores del carácter.

¿Cuáles son los efectos a futuro de esta droga?

–El futuro de estos niños/as en el mediano plazo resulta bastante incierto; pero luego seguro escucharemos decir desde el discurso hegemónico: “¡qué horrible, cuánta droga corre entre los adolescentes!”. Y ¿cómo no va a correr si son cuerpos que desde casi su nacimiento están siendo condicionados por los psicofármacos?