Hace poco menos de dos meses, frente a la consulta de si en una importante maternidad del conurbano bonaerense se aplicaba de buena fe el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, su directora respondió a este suplemento que “nosotros hacemos lo que hay que hacer, como corresponde. No dejamos a las adultas ni a las adolescentes sin provisión de anticonceptivos, asistencia, información y acompañamiento. Pero lo hacemos sin ruido ni difusión. ¿Se entiende? No queremos tener encima presiones de ningún tipo ni manifestaciones de grupos fundamentalistas”. Transparente, la infidencia dejó ver que pese a los cinco años transcurridos desde la promulgación de la ley 25.673 que creó ese programa, los profesionales argentinos de la salud siguen arrastrando viejos estigmas de un miedo a pruritos ideológicos y culturales que puedan derramarse sobre ellos. Huele a cierta mezquindad el razonamiento que se replica desde numerosas consultas de hospitales públicos del país y –consecuencia directa– asoma un diálogo muy limitado entre los médicos y las consultantes para que éstas determinen el método anticonceptivo que prefieren utilizar, tal como advierte la última encuesta que realizó el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) sobre unos 250 representantes de organizaciones de la sociedad civil, médicos y otros agentes de salud.

El nuevo relevamiento aún en elaboración –el primero se realizó en 2003, tras promulgarse la Ley de Salud Sexual– hace visibles fallas gruesas en la atención a adolescentes, cada vez que no se las quiere recibir cuando acuden solas a las consultas; en el retaceo de métodos anticonceptivos a menores de 15 años, y también descubre en algunas regiones sanitarias del país una resistencia generalizada a informar por cuestiones religiosas, culturales o ideológicas.

“Esto se da con mayor énfasis en San Juan, que se caracteriza por aplicar las leyes de salud sexual y reproductiva a paso de tortuga; en Salta, donde el programa se aplica sólo en algunos servicios; en Formosa, que lo implementa en los hospitales pero no en otros niveles de atención sanitaria; en Corrientes y Misiones, y en Tucumán, que todavía no cuenta con ley alguna de este orden”, describe una de las integrantes del Conders, Mabel Bianco, responsable de la investigación junto con Martha Rosemberg, representante del Foro por los Derechos Reproductivos.

“Pudimos comprobar que uno de los aspectos más negativos es que a las y los adolescentes no quieren atenderlos sin el acompañamiento de sus padres o un adulto responsable. Con las menores de 15 años es peor: en esos casos, directamente no les ofrecen métodos anticonceptivos”, apunta Bianco, que dirige la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer (Feim). Según los encuestados, la calidad del asesoramiento ofrecido por los médicos es más bien pobre: sólo el 15,2 por ciento la considera “muy buena”, para el 36,3 por ciento es “buena”, el 28,17 por ciento la califica como “regular” y el 9,4 por ciento, como “mala”.

“El problema de la magra información se caracteriza básicamente por una resistencia profesional asentada sobre fundamentos ideológicos y religiosos. A esto debe agregársele que muchos de los centros de salud donde atienden a las adolescentes no cuentan con servicios especializados”, explica la investigadora. “Lo que hay son médicos generalistas o guardias de ginecología, con poca oferta de turnos y ninguna flexibilidad horaria. Desde ya que con este panorama los varones poco se acercan a los consultorios para informarse en forma personal ni para acompañar a sus parejas.”

Cuando los hijos de la licenciada en Enfermería Alicia Collaso comenzaron “a tener novias”, como ella describe a las sucesivas compañeras de esos varones de 17 y 21 años, “se me abrió un mundo nuevo. Por mi profesión, creía conocer de sobra los pasos que debían seguirse para informar y asistir a chicas y chicos, pero descubrí que en algunos hospitales municipales de la Ciudad de Buenos Aires se limitan a entregar cantidades industriales de preservativos, sin siquiera permitirles mencionar la posibilidad de colocarse un dispositivo intrauterino (DIU) y ni qué hablar cuando les preguntábamos por la píldora del día después”. Previsible, quedó decepcionada por “la indiferencia brutal de colegas que entendía como respetables y las dilaciones absurdas de algunos servicios de adolescencia. Desde entonces, trato de orientar a las chicas desde mi experiencia. Ellas mismas se quejan de que afuera no perciben una valoración objetiva de sus dudas”.

Los adolescentes que acuden a los servicios de salud porteños, precisa el informe del Conders, “tienen un exceso de información pero la calidad, la sistematización que permita su apropiación” no es la adecuada. “Se necesitan espacios de reflexión y análisis” de la información. Los médicos, por su parte, “no perciben la solidez de las garantías legales que protegen los derechos de la niñez y adolescencia. Señalan que es una responsabilidad muy grande para el pediatra proveer la información sobre Métodos Anticonceptivos (MAC)”.

Perder el día y la dignidad. Es la sensación más certera de estos casos que en los pueblos, como advierte Bianco, se profundiza hasta la parálisis. “Las jóvenes no quieren diluir el día en consultas hospitalarias larguísimas que las exasperan y las exponen. En el interior del país es muy fuerte la cuestión de la intimidad y el comentario de los otros. Y al cabo, sin distinción de edades, todas queremos gozar del derecho a la intimidad y del acceso a una consulta personal y respetuosa de nuestros derechos.”

En estos últimos tiempos, sin embargo, no se observa una negación tan apasionada del DIU como sí de la llamada “píldora del día después”. Sucede que desde hace años, en el patio trasero de la salud suele ofrecerse con buen talante y a precios acomodados la colocación del dispositivo que los mismos profesionales deniegan en la consulta pública. “Hay muchos intereses comerciales –señala Bianco–, y habría que ver qué tanto encubren. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, médicos de los servicios especializados de los centros de salud tienen sus consultorios particulares en un domicilio próximo y proponen efectuar allí la colocación del DIU, a valores accesibles y con el argumento falso de que cuentan con material más seguro o de mejor calidad.”

–¿Y qué sucede con la anticoncepción hormonal de emergencia?

M. B.: –Descubrimos que muchos profesionales disfrazan sus creencias contrarias a recomendarla o entregarla disfrazando las argumentaciones con cuestiones tales como que no es buena porque presenta grandes dosis de hormonas, o que si las chicas acceden a la droga después se malacostumbran y no quieren utilizar otros métodos. Pero también nos encontramos con una gran ignorancia: algunos creen que esa medicación es abortiva. En definitiva, el Ministerio de Salud la distribuye, pero muchos médicos no quieren usarla.

Algunas cifras: sólo el 10,3 por ciento de los encuestados considera “muy buena” la provisión de dispositivos intrauterinos. Apenas el 9,9 por ciento sostiene el mismo parecer sobre la distribución de anticoncepción de emergencia. Por el contrario, entre los profesionales creció su utilización en casos de violación. El 63,3 por ciento de los consultados asegura que los médicos de su zona aceptan recurrir a este método bajo circunstancias que consideran extremas. Para Bianco, “lo que sigue faltando, y resulta esencial, es la integración de los programas de Salud Sexual con la prevención del vihsida, que se traduce en asesoramiento específico y ofrecimiento del test”.

En noviembre último, durante una de las jornadas del Congreso de Ginecología Infantojuvenil que se realizó en esta ciudad, la doctora en Sociología Mónica Gogna –responsable de la investigación Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas, Buenos Aires, Cedes/Unicef, 2005– se halló forzada a explicar ante un auditorio compuesto por unos cincuenta médicos que no es posible que un adolescente sólo pueda ingresar al Programa de Salud Sexual “si ya tiene un hijo, ni que tampoco sigan existiendo funcionarios y profesionales que le tienen más miedo al llamado telefónico del obispo o a la reacción de los padres que a un embarazo no planificado”.

Las palabras tuvieron un efecto boomerang, porque sus interlocutores se despacharon con el temor que pesa en las provincias a partir de la presión de agrupaciones provida y de algunas ligas de amas de casa o de padres de familia “que inician acciones legales argumentando que la entrega de anticonceptivos es contraria a la ley y vulnera la patria potestad. Ya hay dos cortes supremas provinciales que no hicieron lugar a estas presentaciones, pero no podemos ignorar que estamos frente a una nueva avanzada de esos grupos”.

–¿Cuáles son las estrategias posibles de prevención?

M. G.: –En principio, anoticiar a los profesionales que la opinión pública está de acuerdo con que se implemente el Programa. Ningún padre o madre quieren que sus hijos pasen por un embarazo no planificado y agradecen profundamente que un profesional responsable dialogue. Es necesario reforzar el servicio de prevención primaria, las consejerías interdisciplinarias de anticoncepción y por supuesto las consejerías post aborto. Y se hace urgente respetar a las pacientes desde una perspectiva de derechos y de género.

Investigadora del Conicet y del Cedes, Gogna coordinó y publicó en 2005 una extensa investigación sobre adolescentes y salud sexual. En ese estudio reveló que aun cuando cada año unas 3000 niñas de 10 a 14 años van a parir a maternidades públicas de todo el país y en algunas provincias la proporción de nacimientos en ese grupo etáreo aumentó en el último período intercensal, muchos de los programas destinados a los adolescentes persisten en un enfoque vertical, sin incluir conceptualizaciones más amplias sobre salud sexual vinculadas al conocimiento y a la valoración del propio cuerpo.

El 2008 termina con muchas zonas rojas en los espacios de atención integral a mujeres y niñas, dos franjas históricamente vulnerables de esta Argentina. “Por eso es necesario que las iniciativas en pos de la salud de los adolescentes contribuyan a disminuir las inequidades sociales”, concluye Gogna. “Los programas de cada provincia deberían centrarse en mejorar las habilidades para la vida de las más jóvenes; es un gran error de los servicios de salud no incorporarlas como objetivos prioritarios. Y traduce una tremenda miopía de los profesionales demostrar mayor capacidad para proponer mejoras en la atención del embarazo adolescente que para elaborar estrategias de prevención.”