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Mirta Alejandra Arias tenía 37 años y cinco hijos de 18, 17, 15, 11 y 5 años que –ahora– no tienen madre. Rolando Gaitán Juncos era su pareja. La obligaba a vestirse mal para que nadie la mirara. No le permitía que se encontrara con amigas. La golpeaba hasta dejarla con moretones en la cara y en las manos. Mirta no contó con protección para poder frenarlo. El lunes 16 de marzo fue asesinada en un descampado de la localidad cordobesa de Sacchi. El la golpeó en la cara con un bloque de cemento, la golpeó ensañadamente en la cara y cuando volvió les dijo a sus hijos: “No la llamen más porque la maté”. Pero antes de irse secuestró a la hija más chica de Mirta, a Sofía, que (hasta el cierre de esta edición) no había aparecido. El gobierno de Córdoba ofreció 50 mil pesos de recompensa y puso 120 policías para rastrearla.

Pero el femicidio de Mirta no es una tragedia inevitable, un descontrolado y sangriento acto de pasión, un problema personal. La muerte de Mirta se podría –y tendría que– haber evitado si Mirta hubiera contado con herramientas para prevenir y defenderse de la violencia de su pareja. “En octubre la señora hizo la denuncia por malos tratos”, informó una fuente policial. Pero si ella se animó a acercarse a una comisaría la denuncia quedó en letra muerta, tan desamparada y frágil como ella.

Mirta no es un nombre más, no es un caso aislado, no es una empleada doméstica asesinada por inercia, es parte de la inseguridad íntima en donde todavía reina el no te metás. Y ni siquiera se alzan las voces públicas. La tele toma la foto del asesinato. Pero no mira más allá para ver cómo se detiene la violencia doméstica. El año pasado murieron 207 mujeres por violencia sexista, según un relevamiento de casos publicados en los medios, realizado por La Casa del Encuentro.

Para detener el desenfreno de la violencia contra las mujeres, el miércoles 11 de marzo el Congreso sancionó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres que busca dar más herramientas para que la violencia no sea un círculo que termine en muerte.

La ley es un empujón –y un marco teórico– que después tiene que plasmarse en soluciones concretas para realmente prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La nueva norma propone crear una línea telefónica nacional para denunciar y pedir ayuda frente a la violencia doméstica, la creación de refugios para que las víctimas puedan salir del encierro, la prioridad para recibir créditos y empoderar a las mujeres que buscan salir de situaciones de vulnerabilidad, entre otras medidas. Y también avanza en enmarcar la violencia institucional, obstétrica, mediática y sexual y reproductiva contra las mujeres. “Hay violencias cotidianas que pasan silenciadas y que ahora están nombradas”, valoriza la senadora por Mendoza y autora del proyecto que fue sancionado por el Congreso, Marita Perceval.

¿Qué implica la sanción de la Ley contra la Violencia?

–En la recuperación de la democracia fue un avance sancionar una ley contra la violencia doméstica que tenía los altos muros de los hogares como excusas de silencio y eso hizo avanzar en conocer este delito. Pero otros tipos de violencia no estaban nombrados en una norma, pero sí explicitados en la Convención de Belem Do Pará. Esta ley toma una definición integral de violencia contra las mujeres que incluye la violencia doméstica, pero también la institucional, mediática, obstétrica y contra la salud sexual y reproductiva.

¿Qué avances concretos se pueden delinear a partir de la nueva norma?

–Algunas provincias tienen programas contra la violencia, es importante la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para atender los casos de violencia doméstica. Pero no hay una política nacional y federal que tenga articulación y un abordaje consistente para prevenir, erradicar y sancionar las violencias contra las mujeres. Un caso emblemático es que no contamos con estadísticas. Amnistía Internacional tuvo que recurrir a los casos de violencia que la prensa refleja y así llegó a la conclusión de que cada tres días una mujer es asesinada por su pareja o ex pareja. También se necesitan protocolos de atención unificados de atención a las víctimas para que la revictimización no sea pan cotidiano para las mujeres. Por ejemplo, cuando una mujer va a denunciar a una comisaría que es víctima de violencia laboral en el trabajo y le dicen “aguantátela, no armes lío, vas a perder el trabajo” o si tiene que pasar por situaciones humillantes cuando la cuestionan “mirá la falda que tenés” o “las cositas se arreglan en casa” si va a denunciar violencia doméstica. Muchas veces en la Justicia también la desalientan a denunciar. Por eso, esta ley es muy favorable para poner sobre la mesa las distintas modalidades de la violencia y comprometer a todo el Estado en la asistencia a víctimas de lo que ha sido definido por Naciones Unidas como la epidemia social del siglo XXI.

¿En qué va a cambiar en la práctica cuando una mujer decida hacer una denuncia?

–Hay algunas voces que dijeron que la ley tenía debilidades de sanción, pero no quisimos hacer una ley que estuviera impregnada con tipos penales. Es una ley que ordena al Estado el desarrollo de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres porque es una ley de alcance nacional. En cuanto a los procedimientos, hay provincias con distintas arquitecturas y se deja librado a cada provincia cómo aplicar los procedimientos, pero con los criterios inexcusables que definen los tratamientos a víctimas de violencia. Por ejemplo, en ningún caso se deben realizar audiencias de conciliación o mediación en casos de violencia contra las mujeres. Sabemos que la violencia se produce por una relación desigual de poder, entonces, no se puede llevar a la víctima a una audiencia de conciliación con el victimario, utilizar esta herramienta está explícitamente prohibido.

¿Qué pasa con la mujer que se va de su casa para huir de la violencia? ¿Cómo hace para defender su derecho de vivir en esa casa?

–La mujer no puede ser enajenada ni de la casa ni de sus pertenencias aunque en una situación de desesperación se haya ido del hogar.

La ley especifica que las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a vivir en el hogar familiar –aun cuando sus parejas sean los dueños de la propiedad– y también a quedarse con los muebles. ¿La mención es porque hay muchos agresores que entran en su ex casa con la excusa de que el televisor de la vivienda es suyo, por ejemplo?

–La enajenación de bienes vulnera a las vulnerables. Muchas veces las mujeres son despojadas de la casa y de bienes que no tienen que ver con lujo u opulencia pero sí con el desarrollo de la vida cotidiana y sabemos que las mujeres, en su mayoría, están a cargo de hijos e hijas o de familias ampliadas. Es importante proteger a la víctima y marcar que tiene derechos.

¿Qué hay que hacer con los hombres maltratadores?

–No estamos de acuerdo con el modo Susana Giménez de pensar que los victimarios tienen que pudrirse en una penitenciaria o de aplicar la pena de muerte. Por eso está contemplado que con los varones que ejercen violencia haya un trabajo multidisciplinario para cambiar esas conductas. Nada hay en la naturaleza que condene a una persona para siempre a tener una conducta delictiva o violenta. Si no tenemos en cuenta la realidad del victimario, estaríamos mirando fragmentariamente el tejido social en miras a la igualdad.

¿Cómo se protege a las víctimas que realizan una denuncia contra su pareja?

–La protección a las víctimas está contemplada porque muchas veces el trayecto entre el lugar donde la mujer hace la denuncia y el trabajo o la casa es la autopista de la muerte. La idea es que pueda ser protegida mientras dure su exposición a un maltrato previniendo la posibilidad de una vendetta cuando la mujer dice “basta”.

Mientras se espera que la ley llegue a la práctica, esta semana, Mirta Alejandra Arias fue asesinada por su pareja en Córdoba.

–Yo recuerdo que cuando fui la presidenta del Instituto de la Mujer en Mendoza, en la década del noventa, una mujer con cuatro hijos en el este mendocino había denunciado la violencia una y otra vez y nunca excluyeron al agresor del hogar hasta que el marido les prendió fuego a la mujer y a los hijos. No es un tema nuevo. Y eso habla de la indiferencia o el cinismo de quienes tienen que hacerse cargo. Las medidas preventivas son urgentes y no hay excusas para no poner en práctica la ley. Una de las medidas inexcusables es la de sacar al agresor del ámbito donde vive la víctima. Junto con la exclusión del agresor nosotras enfatizamos en la necesidad de medidas de seguridad en el domicilio de la mujer, aun en casos de violencia laboral o institucional. Se necesita que la mujer víctima esté acompañada. No es que consideremos que la mujer es menor o una ciudadana discapacitada, pero sí sabemos que las víctimas están en situación de riesgo y hay que protegerlas.

Una de las críticas a la norma es que no abre la posibilidad a que las denuncias provengan de terceras personas.

–Toda persona puede dar cuenta de que hay una víctima de violencia, pero hay delitos –como los de integridad sexual– en los que la víctima es la que tiene que hacer la denuncia. En el caso de un efector del Estado que se entera de un hecho de violencia, tiene que dar cuenta de ese hecho de violencia en 24 horas. Por ejemplo, un maestro o maestra que advierte que una niña o adolescente tiene comportamientos que evidencian o sugieren que ha sido víctima de abuso sexual, tiene que denunciar esta situación y debe pasar lo mismo que en la escuela en un centro de salud o en un centro deportivo.

¿Cómo se hace en la práctica para que una mujer pueda demostrar que sufre violencia psicológica si no hay lesiones físicas?

–Sin duda, los que se resisten a avanzar en estos derechos ven el riesgo de la manipulación o de las denuncias falsas. Pero el sufrimiento psíquico no es una simulación que pueda sostenerse, tiene huellas que afectan la estructura de la personalidad y el comportamiento cotidiano. Si continuamente una mujer es insultada o tratada peyorativamente, puesta en el lugar de la torpe o la inútil, ese maltrato no es una sutileza fantasmagórica, es contrastable empíricamente. Que la violencia sea subjetiva no quiere decir que no sea comprobable por equipos interdisciplinarios.

¿Qué pasa con la falta de refugios, especialmente para mujeres que viven en barrios precarios y no pueden excluir al hombre del hogar sino que necesitan irse a un hogar para salir de la violencia?

–La ley es de principios básicos. Pero exige que haya refugios transitorios. Mientras se resuelve la situación de esa víctima, la mujer debe contar con un ámbito de protección y cuidado. También está contemplado que las mujeres en situación de exclusión económica y social reciban programas de inclusión laboral para favorecer su autonomía –si están desocupadas– y el acceso al crédito, que es un escollo y no solamente para las más pobres entre las pobres. Muchas veces la dependencia económica es la que hace que las mujeres resignen su dignidad para no caer en una situación de exclusión económica con sus hijos. Por eso, hay que favorecer la inclusión económica de las mujeres.

Todavía es difícil saber qué hacer cuando en la calle se ve a un hombre pegándole a una mujer. ¿Puede ponerse en marcha una línea telefónica nacional para recurrir ante casos de violencia machista?

–El Estado tiene que ser accesible a la ciudadanía. No podemos tener ochenta mil líneas telefónicas. Tiene que haber una línea telefónica nacional y gratuita que contemple el nomadismo de las violencias. Por ejemplo, una mujer de Tucumán que aparece en Mendoza trabajando en la cosecha en condiciones de explotación a lo mejor se acuerda de un número de Tucumán pero no conoce el de Mendoza. Tenemos que reconocer que las violencias van de un lugar a otro. Hay que unificarnos como nación y pensarnos integralmente. No podemos confundir con la numerología a la ciudadanía. Una línea telefónica unificada no es un dato menor.

La ley le otorga mucho poder al Consejo Nacional de la Mujer, pero en los últimos años este organismo ha estado muy desdibujado y no ha tenido una participación activa en la defensa de los derechos de las mujeres...

–Sí, es el organismo específico. Sé de la debilidad de la arquitectura institucional, pero también esto genera un empoderamiento. Y, en lo personal, vengo presentando la creación del Instituto de las Mujeres, con rango en la Jefatura de Gabinete, que es una herramienta imprescindible de democracia paritaria que nos debemos como tienen en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, España y todos los países europeos. La idea es crear un espacio para garantizar la transversalidad de género en el diseño y desarrollo de políticas públicas. No es una ocurrencia de cinco feministas locas, es la manera como se construyen la paridad y la igualdad.

La diputada Marcela Rodríguez proponía que el proyecto de ley vuelva al Senado porque objetaba que no eran consistentes las medidas de prevención y sanción contra la violencia que contiene la ley.

–Con Marcela Rodríguez –que se abstuvo, no votó en contra– quedamos en trabajar en los procedimientos en leyes complementarias. Esto es una ley que establece principios básicos, criterios e instrumentos de prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres. Es cierto lo que dice Marcela, pero yo no compartía el criterio de “contaminar” con sanciones una ley que es de principios básicos, pero sí creo que hay que seguir trabajando.

La ley agrega la violencia obstétrica y de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo se pueden aplicar estos nuevos conceptos?

–Sabemos que muchas veces las mujeres que van a parir o que llegan a un hospital desangrándose por un aborto en vez de ser contenidas por una atención digna son humilladas y maltratadas. Ya está sancionada la ley de parto humanizado, pero hay mujeres a las que les dicen en el parto “ahora gritás, si antes te gustaba”. Sabemos que la invasión de la medicina en el cuerpo de las mujeres es frecuente. Tampoco se puede negar el derecho a decidir libre y responsablemente el número de embarazos. No es nuevo. Es cumplir con la ley. Pero sabemos que, en muchas provincias, la ley no se cumple. La violencia es negar la libertad y anular la dignidad.