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Lejos de ser un “ablandamiento” del sistema de detención, como cacarearon voces opositoras a la medida de modificar el régimen de visitas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Plata, se trata de un impulso para contrarrestar las condiciones comprobadas de detención abusiva y discriminatoria. A partir de un pedido conjunto de la Defensoría General de La Plata y el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CCT), el magistrado José Villafañe, al frente del Juzgado de Ejecución Nº 2 de La Plata, resolvió la modificación del régimen de visitas vigente por considerarlo “violatorio de los derechos de las mujeres y los niños”.

Lo dispuesto se precipitó luego de la prohibición de las denominadas visitas de contacto el sábado 6 de junio y luego de que la protesta generalizada tuviera como consecuencia el traslado de varias mujeres a diferentes comisarías del conurbano, sin que mediara una disposición judicial para concretarlos.

Villafañe tomó esta decisión luego de entrevistar a las detenidas y de conocer los informes de la Defensoría General y del Comité Contra la Tortura, que describen condiciones de vulnerabilidad extrema: los miércoles y sábados unas 29 detenidas tienen quince minutos de visita con sus hijos menores de 16 años y otros quince con algunos familiares, en un pasillo tajeado al medio por una malla metálica con un vidrio, que sitúa a las mujeres de un lado, de pie y con las manos a la espalda, y a sus familias del otro, anulando cualquier posibilidad de contacto físico. Antes y después de la visita se somete a los familiares a una requisa en la que se los obliga a desnudarse, incluso a niños, niñas y a personas de edad avanzada. Desde ya, es habitual que las hijas adolescentes de las internas se nieguen a visitar a sus madres.

Tampoco los nietos menores de ocho años tienen derecho al contacto con sus abuelas detenidas y los hijos menores de 16 pueden ingresar al espacio donde se encuentran sus madres, pero permanecen sólo la mitad del tiempo previsto para la visita: quince minutos el miércoles y veinte minutos el sábado. Los más pequeños deben sentarse sobre la falda materna “para no generar el reto del personal de la dependencia ante la familia”, relataron las detenidas entrevistadas.

“Todas estas situaciones generan tanto dolor e indignación en las mujeres alojadas en esta comisaría, que muchas optan porque sus hijos e hijas no vayan a verlas, a fin de no ser sometidos a semejantes humillaciones”, explicó la coordinadora del área de Género del Comité, Laurana Malacalza.

La pérdida de contacto de las mujeres con sus hijos es una perversión de origen del régimen que regula las visitas en las comisarías de la Mujer de la provincia de Buenos Aires. En ninguno de sus puntos la reglamentación hace referencia a la atención y promoción del vínculo y el contacto entre un niño y su madre detenida.

El eje difiere en las comisarías que alojan varones, donde se permite el ingreso de la visita al sector de calabozos y el contacto directo con los familiares. Tal beneficio se amplifica en las cárceles, bajo un régimen de visitas en sectores especiales o en salones destinados a ese fin con acceso a patios de recreo, en franjas horarias amplias.

En ninguna de las comisarías de la Mujer de la provincia de Buenos Aires las detenidas reciben asistencia ginecológica ni psicológica, y el derecho básico a la higiene personal es un lujo de difícil acceso. Por caso, en las celdas de la seccional de la Mujer de La Plata no existen baños. “Las internas deben pedir a las guardias que las lleven al baño, lo cual implica una gran manipulación y arbitrariedad cotidiana sobre un aspecto tan privado y propio de la dignidad humana. Muchas veces, dada la indiferencia del personal policial, deben orinar o defecar en bidones o bolsas”, detalla el relevamiento del CCT.

“Cuando las llevan al baño, lo hacen en grupos y les dan cinco minutos para que todas resuelvan su higiene personal y su evacuación. En las celdas tampoco hay piletas o algún objeto que las reemplace, por lo cual la higiene personal y la de sus prendas debe hacerse a instancias de las guardiacárceles.” El acceso a duchas “está regulado por la intermediación del personal de seguridad, encargado de abrir y cerrar el agua, por lo que las detenidas deciden realizar su higiene personal utilizando los lavatorios”.

En su escrito, la Defensoría General y el CCT solicitaron al Juzgado de Ejecución Nº 2 que ordene el cambio de modalidad en las visitas de las madres con sus hijos en la Comisaría de la Mujer, que establezca un régimen de contacto de dos o más horas tres veces por semana, que los encuentros se realicen en espacios adecuados y que con el resto de los familiares se disponga un régimen de visitas “que permita la revinculación en tiempo y calidad correspondiente”.

A partir de ese pedido, Villafañe libró oficio al Ministerio de Seguridad bonaerense para que adopte una serie de recaudos que abarcan desde la periodicidad de las visitas a fin de garantizar “el contacto familiar y asegurar los derechos del niño”, hasta el libre acceso a baños y duchas, la habilitación de agua caliente en invierno y el ingreso regular de alimentos y elementos de higiene personal.

Las comisarías de la Mujer de la provincia de Buenos Aires vienen sufriendo una política de retroceso desde 2004, cuando se creó en la esfera del Ministerio de Seguridad la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género. Entonces, esas seccionales creadas en 1990 pasaron a denominarse Comisarías de la Mujer y la Familia. Organismos de derechos humanos denunciaron que el cambio de nombre fue acompañado por la profundización de un vaciamiento presupuestario que se reflejó en la falta de formación del personal policial de acuerdo con la perspectiva de género y en el hecho de que dependencias creadas para atender denuncias de violencia familiar y abuso sexual alojaran a mujeres detenidas por todo tipo de delitos.

A la fecha, las condiciones y el régimen de detención de las mujeres privadas de libertad en esas comisarías siguen perforando derechos garantizados por la normativa internacional, vigente en la Argentina. “Paradójicamente –concluyó Malacalza– las comisarías que fueron creadas para promover la prevención y atención de la violencia contra las mujeres se convirtieron en lugares donde existen prácticas violatorias de sus derechos fundamentales.”