En el informe “Brecha global de género”, que mide la desigualdad entre sexos en 130 países del mundo, la Argentina ocupa el mejor lugar en Latinoamérica y avanzó nueve casilleros en 2008, con respecto a 2007. Ahora, la Argentina está entre los 24 países calificados con mejores notas en igualdad. Pero como en todo promedio, no se tiene en cuenta el desamparo a la violencia de género, la desigualdad salarial o el retraso en la alta mortalidad materna.

¿Qué le juega a favor a la Argentina en este indicador de mujeres con buena vida? La alta participación de legisladoras y senadoras en el Congreso. La clave es el cupo que obliga a que el 30 por ciento –como mínimo– de las bancas sean ocupadas por políticas con A. Una comparación interesante es que la nota del boletín de género se fue al bombo cuando se miden la mayor desocupación femenina, la desigualdad salarial y la exclusión social. Ahí bajamos del puesto 24 al 80.

Ahora, la pregunta del millón es si el cupo femenino –que nos deja bien posicionados/as frente al mundo– realmente incide en más y mejores políticas para igualar los derechos de varones y mujeres. Hay que valorizar que, en los últimos años, se han aprobado leyes de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral, violencia de género, derechos en el parto, ligadura de trompas y trata de mujeres que, seguramente, no existirían entre las normas nacionales sin diputadas y senadoras que las alentaran.

Sin embargo, también es cierto que muchas mujeres son puestas en las listas por ser hijas, esposas, amantes, amigas, secretarias, asesoras o hijas de los líderes políticos, que suelen ser colocadas por ser consideradas manipulables o que –en los casos que más duele– en vez de ser solidarias con otras mujeres ellas mismas irradian políticas machistas o se desentienden de las realidades dolorosas que tienen que vivir sus congéneres.

Sin embargo, hay mujeres que son un símbolo no sólo del uso significativo que representa el cupo sino de representantes que –más allá de sus propias diferencias políticas, ideológicas e, incluso, de género– tienen un compromiso con la agenda de defensa de los derechos de las mujeres. Algunas de ellas –sin incluir a todas– son la senadora Marita Perceval (Frente para la Victoria), las diputadas nacionales Juliana Di Tulio (Frente para la Victoria), Cecilia Merchán (Libres del Sur), Silvia Ausburger (Partido Socialista), Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica) y Marcela Rodríguez (Coalición Cívica), entre otras. Y, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Diana Maffía (Coalición Cívica).

A propósito de esta defensa por las mujeres, surge la pregunta de si Maffía habrá sido escuchada por el macrismo (está bien que no fue la única en el masivo chismerío institucional porteño) por opositora o por feminista. O por las dos cosas. Esta semana, ella increpó al Gobierno de la Ciudad por la falta de información de las acciones del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. “A fines de 2008, el Programa no terminó el proceso de licitación para la compra de anticonceptivos, lo que implicó que se compren por otra vía. Este año se volvió a repetir lo mismo, se dijo que se iba a comprar al final de este semestre y, a esta altura, todavía la licitación no se hizo. Me preocupa, sobre todo, que en vez de comprar 16.000 cajas de anticonceptivos para lactancia (como se había pedido), el Programa compró 16.000 pastillas, o sea que sólo alcanzó este año para dos meses de provisión para mujeres lactantes en una sola maternidad, la del Hospital Alvarez”, denunció Maffía, frente al Jefe de Gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

¿El la habrá escuchado en la Legislatura como hizo la gestión macrista con las conversaciones privadas de la legisladora o habrá hecho oídos sordos y las escuchas son sólo una forma de emboscada y no de construir mejores políticas?