La propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores que infringen la ley penal ha surgido en distintos sectores como respuesta a una creciente sensación de inseguridad. La mirada mediática dominante nos presenta una infancia escindida donde un niño, un adolescente puede ser alternativamente alguien a quien hay que preservar de las contingencias de la vida, de los encuentros con lo real, el dolor, el temor o —si comete un delito— alguien a quien encerrar, inclusive de por vida, para preservar “nuestra seguridad”.

El espectro de apoyo a la propuesta va desde quienes reclaman mano dura contra los delincuentes (alentando el gatillo fácil) hasta sectores que se postulan como defensores de los derechos de los niños, pero plantean la baja de edad como una reglamentación de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.

Pero, en el contexto actual, constatamos que la ley tiende a afirmar su autoridad apoyándose cada vez más en el accionar del aparato jurídico. Hay un desplazamiento de la eficacia: antes la prohibición se sostenía en sus enunciados, ahora, cada vez más, recurre al castigo.

Asistimos a una judicialización y penalización creciente como respuesta a una cuestión social y a un tratamiento de la pobreza por vía de lo penal que es correlativa de una falta de solución política.

La edad de imputabilidad establece un límite a partir del cual se apuesta a modo de resolución de los problemas de los chicos por el sistema penal. Este paso a la esfera penal implica una dimisión de las responsabilidades de quienes deben ocuparse de la situación de los niños, de su bienestar en un sentido amplio, en otros planos, y define el punto en el cual el Estado pasa de la atención social a la punición. Hay una tensión en esta etapa del capitalismo entre la exacerbación del consumo “para todos” y la precarización laboral con la secuela de escasez de ingresos, exclusión y deterioro de lazos sociales.

Teniendo en cuenta las condiciones en que funciona el sistema penal, el aparato jurídico y los establecimientos carcelarios y considerando que tampoco hay garantías para los adultos en los sectores populares, no nos parece oportuno y menos aun cuando incluye subrepticiamente la baja de la edad de la imputabilidad, como respuesta a reclamos sobre la inseguridad.

Que no funcionen bien las medidas de seguridad no quiere decir que entonces hay que castigar penalmente a los menores de 16 años sino que es preciso buscar las vías que garanticen sus derechos. Entendemos que dentro de la legislación y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño hay herramientas para salir de lo tutelar y la internación compulsiva.

(*) Fragmento redactado por Las12 del libro El niño ¿Imputables o responsables? Lo imposible, Guía para recuperar la infancia entre los muros, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Niño (CIEN), Publicación del Instituto del Campo Freudiano (Nueva Serie).

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