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Desde hace un año y cinco meses, Tamara no puede abrazar a sus hijos, arroparlos por la noche, darles la leche cuando se levantan, abrazarlos si se enferman, jugar a las escondidas y verlos crecer. La apropiación de sus tres nenas y un varón –ellas entonces de 3, 5 y 7 años; él de 6– fue una decisión de sus ex suegros, los padres del hombre que fue su pareja durante 8 años, pero es aceptada de hecho por el Tribunal de Familia Nº 2 de La Plata, a cargo de Silvia Mendilaharzo, que tramita una guarda basada en un procedimiento derogado en 2007 en la provincia de Buenos Aires. Tamara tiene sólo 24 años, tenía 16 cuando supo que iba a ser mamá por primera vez. Durante toda la relación con el padre de sus hijos –que hoy está preso por homicidio– sufrió violencia sexista. Ahora, Tamara enfrenta también la violencia institucional. Pero ella –tras la “libertad inmensa” que significó la separación de hecho de su ex pareja– quiere enseñarles a sus hijos otra forma de vivir, sin violencia. Su esperanza es que le restituyan los hijos tras las audiencias de revinculación decididas recientemente por la jueza, de las que ya se hicieron dos.

Desde el juzgado se limitaron a decir que el expediente se inició por un pedido de guarda de los abuelos, y que tanto la madre como el padre de los niños habían sido notificados. Ante las preguntas, afirmaron que “ahora está la madre”, y aseguraron que antes de la feria judicial que comienza el lunes se decidiría un nuevo encuentro entre Tamara y sus hijos.

“Este tiempo que pasó es una desgracia, porque yo no los abandoné, luché por ellos, por todos los medios. Luché por sus derechos y por los míos”, dice Tamara sobre la impotencia que siente ante la falta de respuestas de la Justicia. Mendilaharzo tramita desde hace 18 preciosos meses una guarda a favor de los abuelos paternos, aceptando de hecho un procedimiento que estaba estipulado en el artículo 234 del Código Procesal, pero fue derogado en 2007 por la provincia de Buenos Aires. “Resulta evidente, entonces, luego de la reforma establecida por la ley 13.634, que los conflictos sociales donde se plantee la protección de menores de 18 años no son casos judiciales, siendo de competencia originaria y exclusiva del Poder Ejecutivo a través de los servicios locales de promoción y protección de derechos conforme la ley 13.298”, indicó la presentación realizada por el abogado de Tamara, José Ardenghi, que decidió patrocinarla al ver el desamparo de la joven. Es decir que la jueza debió desestimar la presentación de los abuelos desde el primer momento.

La jueza tampoco dio la guarda a los abuelos, pero acepta la situación de hecho y vulnera el derecho de los cuatro niños a vivir con su madre. Tamara lo expresa sin rodeos. “Desde el principio, la jueza sólo se preocupó por la relación de los chicos con el padre, siendo que yo, que soy la mamá, estoy en libertad, y no hay ningún motivo para no hacerme cargo de mis hijos”, dice con claridad sobre el laberinto de trámites, funcionarios que le ponen obstáculos y falta de respuestas que enfrenta desde hace tanto tiempo. “A mis hijos en todo momento se les dijo que los abandoné; y no es así, yo siempre luché y pedí por ellos, y lo voy a hacer mientras tenga aire”, dice con voz decidida.

Una vez que Tamara pudo litigar en el expediente iniciado para sacarle a sus hijos, después de meses de deambular por oficinas estatales sin conseguir quién se hiciera cargo de su situación, presentó una medida cautelar de restitución inmediata, que la jueza demoró ocho meses en contestar. En mayo de este año, la magistrada rechazó la restitución. Después de las apelaciones presentadas por Ardenghi, se aceptaron las audiencias de revinculación de los cuatro niños con su mamá. En el último mes se produjeron dos, con quince días de diferencia.

La vida de Tamara dio un vuelco cuando detuvieron a su ex pareja, en varios sentidos. “Tuve a mi primera hija a los 16 años. No había podido terminar la escuela primaria. Después de tenerla, quise volver a estudiar, pero no él me dejó. Tampoco me dejó trabajar. Me pasé ocho años cuidando a mis hijos, aislada de todos”, rememora la pesadilla. Como buen violento, su ex marido no sólo no la dejaba estudiar ni trabajar, también le impedía relacionarse con amigos y familiares y, para cerrar el círculo, la golpeaba. Cuando él cayó detenido, ella empezó a vivir de otra manera. Al principio fueron muchas exigencias juntas: aprendió a pedir trabajo, volvió a la escuela para terminar la primaria, se hizo cargo de sus hijos sola. O, mejor dicho, con la ayuda de su madre, Dominga.

Los desencuentros de Tamara con su familia política comenzaron después de la detención de su ex pareja. Ella lo siguió visitando durante cinco meses, pero después se cansó. La distancia también le había permitido desatar algunos lazos de violencia, y decidió que ella y sus hijos dejarían de ir al penal. Allí comenzaron las amenazas, tanto del hombre como de los ex suegros. La abuela paterna decía extrañar a los chicos, y Tamara –que no quería encontrarse con sus antiguos familiares políticos por la posibilidad cierta de episodios violentos– accedió a que su mamá, la abuela materna, llevara a los niños a visitar a sus otros abuelos y los dejara un fin de semana. Esa visita se produjo el 24 de enero de 2009. A los dos días, cuando la mamá de Tamara fue a buscar a sus nietos, no se los quisieron dar. Y nunca más accedieron a restituirlos con su madre.

Durante los meses previos a la apropiación, Tamara comenzó a salir con otro muchacho. “El me ayudaba a cuidar a mis hijos, pero yo me enteré de que les pegaba mientras yo me iba a trabajar. Especialmente se la agarraba con el varón. Así que terminé la relación”, relata para poner sobre la mesa el argumento al que se aferran los abuelos de los chicos para mantenerlos lejos de ella. “No me pueden juzgar de esta manera por un error. Además, yo sé que ellos mantienen comunicación con el hijo todos los días. Sé la manera que él tiene de manejar y acaparar a la gente. Y también sé que él les dijo que no me devuelvan los chicos”, relata Tamara.

Típico de un hombre violento, usa todos los recursos a mano para obligar a su víctima a volver al círculo. Tamara resiste. No quiere volver allí, y tampoco quiere que sus hijos vivan de esa manera. “Los nenes crecieron en un ambiente violento todo el tiempo. El padre me pegaba muchísimo. Ellos crecieron en la violencia. Por eso decidí revertir la situación buscando otras maneras, demostrarles a ellos que hay otras maneras de hacer las cosas, civilizadamente”, explica Tamara sobre su apuesta a la Justicia, de la que a veces se arrepiente.

Pese al miedo por los cruces que sabía inevitables, Tamara se animó a ir a la casa de sus ex suegros en enero pasado, después de un año sin ver a sus hijos. Antes había transitado despachos oficiales de lo más diversos. De la comisaría y los tribunales se fue con las manos vacías. Recibió respuestas en la Secretaría de Derechos Humanos de La Plata y la Dirección de la Niñez, pero la Justicia no acepta su competencia, estipulada por la nueva ley de infancia. En pocos lugares encontró una palabra amiga. Por el contrario, en la Defensoría oficial le dijeron que no podía iniciar ningún trámite porque le faltaban los documentos de dos de sus hijas.

El abuelo paterno y la tía paterna pidieron la guarda provisoria en marzo, y la Justicia actuó de acuerdo con una reglamentación derogada. En esa instancia, ninguna autoridad policial o judicial intervino para cesar la apropiación de los niños. Recién en septiembre, Tamara consiguió un abogado que la patrocinara, de manera gratuita. De hecho, la joven fue a entrevistarse con la jueza, acompañada por las profesionales de la Dirección de la Niñez de la Municipalidad de La Plata, organismo competente por la nueva legislación. La magistrada le dijo a Tamara que la “creía una madre ausente”, pero nada hizo para revertir la situación de hecho cuando comprobó que ella era, por el contrario, una mamá deseosa de volver a estar con sus hijos. Que el mecanismo de protección de menores haya pasado desde los juzgados hacia el Ejecutivo municipal responde a la derogación de la institución del patronato, vigente en el país hasta la aprobación de la ley nacional de infancia en 2006. Aunque el patronato –que le daba potestad al Estado sobre niños y niñas, sin respetar a las familias– ya no exista, a muchos operadores judiciales les cuesta abandonar su lógica.

El abogado de Tamara también señala la falta de rigor científico de los informes presentados en la causa, tanto el ambiental –repleto de ambigüedades– como el psicológico. Y subraya que las dos audiencias de revinculación de Tamara con sus hijos –que deben superar un año y medio sin ver a su mamá– resultaron “muy bien”. Esa es la esperanza a la que se aferra Tamara, que está buscando trabajo, ya que por ahora sólo cuenta con el ingreso que cobra por unas horas semanales como empleada doméstica. Pero apuesta a nuevas entrevistas laborales. Aunque la Justicia la haya despojado de sus hijos, ella tiene derecho a recuperarlos. Y los chicos tienen derecho a vivir con su mamá.